Es el camino legal. Hasta ahora, la Justicia ha sido clara y contundente sobre la constitucionalidad de la ley 7.772, conocida como antiminera, ya que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la activad.
Pues bien, la presión de los empresarios para desarrollar el sector y despegarse de esa normativa no se detiene, y acudirán al máximo tribunal nacional, luego del rechazo de la Corte local.
La necesidad de que Mendoza pueda avanzar en la ampliación de su matriz productiva, más allá de la minería, es una realidad inminente, por eso es fundamental que se establezcan con más rapidez las decisiones finales.
La Justicia siempre debe actuar con mayor agilidad. En el caso de la actividad, ya pasó más de una década.
Así, con el veredicto definitivo, será tarea del Estado y los privados direccionar, de una vez por todas, cómo y hacia dónde debe y puede crecer la provincia económicamente, sin interferencias de extremismos.
Diario El Sol
