El anuncio de la reactivación del proyecto Agua Rica, formulado por las empresas Yamana Gold, Glencore y Goldcorp al presidente Mauricio Macri, alienta expectativas en las autoridades provinciales y en los sectores vinculados a la minería, que veían con preocupación la falta de avances de un emprendimiento del que se esperan obtener, algún día, beneficios similares a los de Bajo La Alumbrera.
Lo que pueda surgir de la explotación del litio, estrella de los inversores en este momento, ni se arrima en tal sentido a lo que significó y podría significar la extracción de oro y cobre, no solo porque las utilidades son menores, sino también, y sobre todo, porque la Provincia no estaría asociada a los proyectos, como ocurre con Alumbrera y ocurrirá, de acuerdo a lo informado, con Agua Rica a través de la CAMYEN.
En apretada síntesis, el acuerdo de integración permitirá que la iniciativa sea desarrollada y operada utilizando la infraestructura e instalaciones de Minera Alumbrera. "Tiene un mérito significativo dado el potencial para realizar sinergías al aprovechar la infraestructura existente de Minera Alumbrera para el desarrollo de Agua Rica", consignó la revista especializada Mining Press. Añadió que Agua Rica alberga cobre. oro, plata y molibdeno, "mientras que la infraestructura de Alumbrera tiene una escala y configuración significativas, claves para el plan de integración".
Yamana, Glencore y Goldcorp conformaron un Comité Técnico para dirigir la revisión y evaluación del Proyecto Integrado y proyectan que se complete un estudio de pre-factibilidad para 2019 y un estudio de factibilidad completo con reservas actualizadas, estimaciones de producción y costos del proyecto para 2020. Estos estudios proporcionarán el marco para la presentación de un una nueva Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para las autoridades mineras y para las comunidades locales.
La nueva Evaluación de Impacto Ambiental tiene importancia medular para el éxito del emprendimiento, al que la comunidad de Andalgalá es refractaria precisamente por el miedo a las consecuencias que pudiera tener en el medio ambiente. La Justicia, además, ordenó paralizar todas las actividades que se desarrollaban por considerar que la integridad ambiental no estaba garantizada.
De tal modo, al margen del avance de las tratativas entre las empresas privadas, YMAD, CAMYEN y el Gobierno provincial, se alzan ante Agua Rica obstáculos judiciales y políticos. Los primeros serán más sencillos de resolver, con un informe de impacto ambiental adecuado a los requerimientos de la Justicia. Este elemento contribuirá a sortear las trabas de orden político solo parcialmente.
El desafío para el Gobierno provincial y las empresas involucradas pasa por conseguir la licencia social para el proyecto, tarea ardua porque demanda quebrar, aparte del recelo lógico de la población por la incertidumbre ante su futuro, prédicas antimineras extremas y muy extendidas, con terminales en todo el país y capacidad de movilización.
Esta prédica antiminera consiguió calar muy hondo en distritos como Andalgalá debido a la ausencia de impacto en la calidad de vida de la gente que tuvo Bajo La Alumbrera.
La gente común, por supuesto, porque las millonadas que en regalías y utilidades embolsó el Estado provincial se dilapidaron en un combo de desatinos los que no estuvo ausente la corrupción. Las poblaciones aledañas al yacimiento, que habían alentado esperanzas de prosperidad durante décadas, asistieron a la frustración de un sueño minero que finalmente benefició a un círculo muy restringido de políticos y entenados. Algunos amasaron fortunas fabulosas y demasiado evidentes.
Sobre tal frustración, el discurso intransigente contrario a la minería cundió como alcahuete en la política.
Es el sentimiento a revertir en Andalgalá para que Agua Rica avance decididamente. Un desafío a la capacidad para restaurar el consenso que alguna vez supo tener la actividad minera en las comunidades del oeste.
El Ancasti