Las cifras nacionales de desempleo se engrosan cada día y la situación laboral se agrava proporcionalmente en el interior del país. Sólo Benito Juárez, uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, a 400 km de la Capital Federal, está afectado por 450 despidos, cuando su población total no supera los 21.000 habitantes.
Esa alarmante cifra de nuevos desocupados es el resultado de que en las últimas semanas cerró la sucursal local de supermercados CLC. También está a punto de bajar las persianas una fábrica textil de pantalones de Jean que abastece a las primeras marcas como Levis o Wrangler. Por último, la planta de la reconocida cementera, Loma Negra, está en proceso de un inminente cierre.
El distrito, vecino de la turística ciudad de Tandil, encendió alarmas y se declaró en estado de alerta social, económico y laboral ante la posible desaparición de Loma Negra, de la cual depende la vida laboral de la mayoría de los habitantes. El intendente, Julio César Marini firmó el decreto que rige "hasta el 31 de diciembre".
A propósito del tema, desde EDA nos pusimos en comunicación con el jefe comunal quien mostró una «honda preocupación por el combo explosivo que está dejando la crisis económica» en todo el país y en particular en la ciudad que ha administrado durante 16 años.
«La tristeza es enorme» describió el intendente, «son 19 trabajadores de CLC, casi 100 en la fábrica textil y más de 320 en Loma Negra», para una ciudad como la nuestra «esto es un golpe durísimo», afirmó.
En cuanto a las acciones que están llevando a cabo señaló que «ya nos reunimos con el Gobierno, con la empresa y participamos de las asambleas de trabajadores y de vecinos en busca de soluciones». Desde la compañía «están firmes en que se tienen que achicar y nosotros sabemos que eso significa el cierre, como pasó en el 2001», afirmó Marini, obstinado en resolver este conflicto que ya lleva más de 40 días.
La situación es extremadamente difícil además porque «la firma ni siquiera acata la conciliación obligatoria y sigue mandando cartas documento e indemnizaciones sin hacer caso a ninguna disposición», denunció Marini, quien además delegó responsabilidades; «en esta situación que vivimos está claro que falta decisión política del gobierno Nacional y del gobierno Provincial de ponerle el freno a estas cosas".
Las negociaciones del Ministerio de Trabajo con la empresa, con AOMA, el gremio de mineros, son permanentes y nosotros hicimos nuestra parte: «nos comprometimos a no aumentar la tasa a la piedra durante cuatro años -que nos significa 150 millones de pesos- y así y todo no alcanzó. La Provincia y la Nación no han hecho ningún aporte para que se solucione la situación» reprochó Marini.
La empresa es actualmente propiedad de la brasileña Camargo Correa, se excusa en que desarrolla un plan de reordenamiento de sus operaciones en la Argentina por la caída de la producción. Esto implica, según fuentes del sector, el cierre de algunas plantas y el traslado de actividades a otras localidades.
Respecto a eso, Marini resaltó: «la fábrica no está ganando lo que debería ganar pero no está perdiendo. También tienen un rol las empresas que es la responsabilidad social empresaria» disparó. «Es una empresa que no le está yendo mal, debería revisar la situación» disparó.
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