La Corte Suprema ratificó la normativa y 44 proyectos mineros quedaron en duda, pero no en la provincia.
Pablo Ferrer
Luego de que la Corte Suprema ratificara la semana pasada la constitucionalidad de la ley de glaciares, surgieron dudas sobre los emprendimientos mineros que podrían haber quedado en incumplimiento de la normativa ambiental y que estaban a la espera del fallo judicial. Ante esa incertidumbre, desde la Secretaría de Minería de Salta aclararon que ningún proyecto que se desarrolla en territorio provincial afecta la legislación nacional.
La situación no es la misma para seis de las provincias que se ubican en el cordón cordillerano que tienen un total de 44 proyectos que quedaron en offside tras la resolución del máximo tribunal de Justicia. San Juan es la más perjudicada, y es desde donde surgió el reclamo por la constitucionalidad de la ley de glaciares, con 31 yacimientos en los que se tiene que rever su legalidad.
La decisión de la Corte, que se conoció el martes pasado, marcó el final de un planteo iniciado en 2011 por la multinacional Barrick Gold, que opera las canteras sanjuaninas de oro Pascua Lama y Veladero. La minera alertaba, con apoyo del Gobierno de San Juan, que los límites que fija la normativa para proteger las áreas de glaciares y periglaciares prácticamente la deja sin muchas chances de producir. El revés judicial también supone un golpe para la administración de la Nación, que buscaba una flexibilización en la ley, por más que el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, se haya expresado, una vez conocido el fallo, en sentido contrario.
La atención está puesta ahora en los 44 proyectos mineros (ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca) que deberán replantear su explotación. La mayoría de ellos aún están en etapa de estudio, aunque desde el sector empresarial ya advirtieron que la paralización de lo mismos puede representar un pérdida de inversiones de entre 10 mil a 18 mil millones de dólares.
Salta está afuera de esa discusión, en principio porque la superficie de glaciares y periglaciares es relativamente menor al de los distritos ubicados al sur del país (no por ello menos importante en cuanto a su relevancia como fuente de agua) y porque el desarrollo minero local aún está en una etapa incipiente, donde las mayores expectativas están puestas en zonas de salares con la extracción de litio.
Aún así, el secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, recalcó a El Tribuno que a nivel local también se rigen por una ley autóctona de preservación de los glaciares (Ley 7.625), sancionada en agosto de 2010, antes de que salga la normativa nacional.
"En la provincia tenemos claro que hay que preservar las fuentes de agua y todos los elementos del ambiente en las operaciones mineras. Buscamos un equilibrio, cumpliendo con la normativa, de lo que hay que preservar y el desarrollo minero o de otra actividad", señaló el funcionario.
La afirmación de Blasco no es menor si se tiene en cuenta que la parte cordillerana de Salta está categorizada como "Andes desértico", donde, justamente, el agua es un recurso que escasea y por consiguiente debe existir una mayor conciencia sobre su preservación.
En Salta se descubrieron 646 glaciares, que abarcan un área total de 31 kilómetros cuadrados distribuidos en distintos puntos de la parte andina de la provincia. El relevamiento estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y se presentó en mayo del año pasado. Los datos fueron agregados a los catastros que la Provincia dispone para la explotación minera para su chequeo.
El Tribuno
