Con disimulo y argumentos que se repiten sistemática y periódicamente en la prensa, continúa una velada campaña contra el megaproyecto minero andalgalense de Agua Rica, un yacimiento de extraordinarias riquezas en cobre, oro y otros elementos que forma parte de las reservas de Catamarca.
Días pasados, siguiendo una lógica perversa, se destacó que la Municipalidad de Andalgalá respaldó el planteo de vecinos autoconvocados que presentaron un amparo en contra de la actividad extractiva. Cómo no lo van hacer si actuar en sentido contrario sería volver sobre sus propios argumentos, toda vez que hace aproximadamente tres años los concejales de la jurisdicción municipal, por unanimidad, aprobaron un proyecto para prohibir la explotación de la minería en toda la cuenca del río Andalgalá. Lo digamos más claramente: el único proyecto minero de relevancia en esa cuenca es Agua Rica. Por lo tanto, el instrumento legal era un ataque directo contra la multinacional canadiense Yamana, la dueña del yacimiento que tiene emprendimientos de esta naturaleza en todo el mundo y en otros lugares de la Argentina. La Ordenanza Municipal, aún vigente, fue refrendada por los radicales José Luis Olaz, José Luis Cativa, Ivana del Valle Flores y Carlos Miguel Sánchez, acompañados por los peronistas Juan Ernesto Guerrero, Héctor Gustavo Álvarez y Roberto Oscar Nemer. Varios de ellos, como Olaz, Cativa y Flores, por estos días, hacen campaña para llegar a ser intendente a partir del 10 de diciembre.
Seguir negando la factibilidad de Agua Rica, a esta altura del tiempo, es necedad enorme y capricho político evidente. Si en 20 años de explotación del Bajo la Alumbrera no se produjeron problemas de contaminación de ninguna naturaleza, por qué descreer ahora si las mismas empresas que completaron aquel proyecto, Yamana y la suiza Glencore, están directamente involucradas en el nuevo emprendimiento, aparte de que cuentan con el respaldo irrestricto de los gobiernos nacional y provincial. El propio presidente Mauricio Macri ha destacado la importancia de esta inversión y supo recibir a los empresarios en la Casa Rosada para mostrarles su beneplácito. Con este panorama, siempre y cuando se ofrezcan las garantías ambientales, creemos que son muy pocos los andalgalenses que puedan llegar a oponerse. Es que están en juego factores económicos demasiados fuertes para una zona donde, con fuerza inusitada, campea la desocupación. Recordemos que los empleados que resignaron sus puestos en Alumbrera se cuentan de a cientos y otro tanto ocurre con los despedidos de las empresas olivícolas que funcionaban en la zona de Pomán, a escasos kilómetros de la cabecera andalgalense. Si se prefiere la no explotación minera, la política (concejales con nombre propio incluidos) tendrá que responder por los problemas sociales que puedan sucederse. Con esos problemas no hay operativos de prensa que valgan. Por último, si se insiste con el malgasto que se hizo de regalías y utilidades que dejó Alumbrera, hay que tener en cuenta que eso no puede suceder más. Todo está reglamentado para que su destino final sea conocido por el pueblo.
El Esquiú.com