Mendoza: ¿Hierro Indio define la discusión sobre la minería metalífera en la provincia?

  • 8 de noviembre, 2019
La actividad minera metalífera se constituyó, en las últimas décadas, en una de las polémicas más enconadas entre las opiniones mendocinas. Así, desde el sector empresario que se dedica a la actividad siempre han destacado los importantes recursos que existen en nuestra geografía y que, sobre todo en momentos de crisis, deberían ser aprovechados con su extracción. E

La actividad minera metalífera se constituyó, en las últimas décadas, en una de las polémicas más enconadas entre las opiniones mendocinas.

Así, desde el sector empresario que se dedica a la actividad siempre han destacado los importantes recursos que existen en nuestra geografía y que, sobre todo en momentos de crisis, deberían ser aprovechados con su extracción. En tanto y por el contrario, desde los sectores de la sociedad que defienden el ambiente se argumenta que si se compara el supuesto beneficio económico de esos emprendimientos con la afectación que los mismos implican para el ecosistema, la cuenta casi nunca beneficia al grueso de la comunidad.

En el medio, y como siempre, la clase dirigente política. En junio de 2007, la Legislatura provincial aprobó ?tras un extendido reclamo social- la ley 7.722 que, mediante la prohibición del uso de químicos como el cianuro, el mercurio, el ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos, prácticamente cerró la posibilidad de desarrollar la actividad. Esta semana, en tanto, la misma casa de las leyes aprobó por amplia mayoría la autorización de exploración al proyecto Hierro Indio, en Malargüe, y la polémica volvió a surgir.

En este espacio ya ha quedado dicho que para mantener los estándares de vida que hoy practicamos y para apoyar en mayor o menor medida la matriz productiva provincial, la actividad minera metalífera puede ser una alternativa considerable.

También hemos dejado claro que un punto clave en la discusión es el referido a las tareas de control y saneamiento que deberían rodear esos emprendimientos y que las dudas que una parte de la población tiene de los mismos en manos estatales frente a un poder económico enorme y tentador son, muchas veces, fundadas.

Parece ser éste el momento indicado para que nuestros dirigentes ejerzan la función para la que han sido elegidos, recogiendo las preocupaciones, articulando las necesidades y problemáticas identificadas, y encuentren un punto de equilibrio entre las distintas demandas para convertirlas en políticas hacia el bien común.

Diario San Rafael