Neuquén: El reclamo de mineros, eje de debate en la Legislatura provincial

  • 15 de mayo, 2020
Legisladores se cruzaron por la situación con una empresa norteamericana. Los datos que dejaron en pleno conflicto. La Cámara de Diputados de Neuquén debatió este jueves la situación en la mina de Andacollo y cómo sus trabajadores reclaman el pago de salarios adeudados por parte de la empresa Trident Southern Explorations. El tema se planteó duran

Legisladores se cruzaron por la situación con una empresa norteamericana. Los datos que dejaron en pleno conflicto.

La Cámara de Diputados de Neuquén debatió este jueves la situación en la mina de Andacollo y cómo sus trabajadores reclaman el pago de salarios adeudados por parte de la empresa Trident Southern Explorations. El tema se planteó durante un pedido de los bloques de izquierda para que se traten sobre tablas dos proyectos vinculados a la situación -que no logró el acompañamiento necesario- y se retomó en el apartado de Homenajes y Otros Asuntos con fuertes críticas a la empresa y pedidos de renuncia al titular de CORMINE, Martín Irigoyen.

La empresa Trident extraía oro y plata de la mina de Andacollo, pero desde hace dos meses no abona los salarios de sus trabajadores, quienes se encuentran reclamando en la ruta nacional 22. El gobierno de Neuquén rescindió el contrato de usufructo de la mina por los incumplimientos de la empresa, al no pagar el canon de exploración, la tasa de vigilancia ni el depósito de la garantía de 1 millón de dólares que era requisito para demostrar su solvencia económica. Trident ganó la licitación para el usufructo de la mina por 25 años en septiembre de 2016 y hoy se encuentra negociando con la provincia y los representantes de los trabajadores el pago de los salarios adeudados en un proceso de mediación que inició el Ministerio Público Fiscal y finaliza mañana.

El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) señaló que la situación con los 238 trabajadores de la mina "se volvió extremadamente insostenible" y reclamó que el Estado provincial garantice el pago de los salarios mientras dure el proceso de negociación. A la vez, exigió una respuesta de parte de los responsables de Cormine.

En tanto, la diputada Patricia Jure (FIT), impulsora de un proyecto para solicitar la comparecencia de Irigoyen en la Legislatura, subrayó los incumplimientos de la empresa y dijo que el titular de Cormine "está de los dos lados del mostrador y tiene enormes responsabilidades en lo que está ocurriendo", al tiempo que recalcó que sobrevivió "a todos los gobiernos".

La diputada Soledad Martínez (FdT) se refirió a la situación por la que atraviesan los trabajadores de la mina, en el marco de un homenaje a la minería que realizó en la sesión, y pidió la renuncia del titular de Cormine por "fracaso, negligencia e incompetencia en sus funciones". En ese sentido, recordó la labor de Cormine como "nave insignia" de la actividad minera e hidrocarburífera de Neuquén y subrayó que hoy, como en otras oportunidades, "está en el ojo de la tormenta". A la vez, reclamó que la provincia se haga cargo de los salarios adeudados a los trabajadores.

Desde el oficialismo, Maximiliano Caparroz (MPN) manifestó que el Ejecutivo provincial mantuvo constantes reuniones con las partes y señaló que a los trabajadores "se les ofreció el pago de salario hasta tanto la empresa resolviera la situación de fondo". También remarcó que aguardan con expectativa la resolución del Ministerio Público Fiscal en el proceso de mediación que está llevando adelante.

En este contexto, la diputada Ayelén Gutiérrez (FdT) repudió el accionar de la Gendarmería y la policía provincial en los procedimientos en los domicilios particulares de los trabajadores, como así también criticó a la jueza de Zapala, Silvia Domínguez. En ese sentido, advirtió sobre la falta de sensibilidad en el abordaje de la situación.

Por Juntos por el Cambio, el diputado César Gass se preguntó cómo es posible que el Estado haya dejado operar a una empresa sin tener "la garantía exhibida y controlada". Además, consideró necesaria la presencia de funcionarios para que brinden información y permitan a los legisladores aclarar y verificar datos.

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