Mendoza: La crisis arrastra otra vez el debate de la minería en la provincia

El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, ratificó que avanzará con un proyecto de ley para que su departamento quede exceptuado de los alcances de la Ley 7722 y permitir así el desarrollo de la minería metalífera. Dudas acerca de qué hará Rodolfo Suarez. Marcelo Arce El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, ya lo tiene decidido y en treinta días o un poco más presentará un proyecto de ley en la Legislatura par

El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, ratificó que avanzará con un proyecto de ley para que su departamento quede exceptuado de los alcances de la Ley 7722 y permitir así el desarrollo de la minería metalífera. Dudas acerca de qué hará Rodolfo Suarez.

Marcelo Arce

El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, ya lo tiene decidido y en treinta días o un poco más presentará un proyecto de ley en la Legislatura para que en su departamento se permita desarrollar la minería metalífera. El mecanismo que planteará el departamento sureño para reabrir el debate, prácticamente clausurado en Mendoza desde hace ocho meses cuando fracasó estrepitosamente el intento de Rodolfo Suarez para modificar la Ley 7722, será precisamente pedir una excepción a esta norma.

MDZ accedió al borrador de proyecto de Ley que ya comenzó a circular entre algunos senadores provinciales y que además fue entregado a varios empresarios que están dispuestos a respaldarlo en público y que, asimismo, ya han comenzado a tratarlo en privado. La iniciativa a la que se está tratando de rodear de consenso y legitimidad en un escenario adverso desde lo político y en buena medida desde lo social, consta de 14 artículos y, además de la excepción propone la creación de un Fondo de Compensación para que un porcentaje de las regalías mineras sea destinado a obras hídricas en el departamento y en el resto de la provincia.

Asimismo se crea una Comisión Bicameral de Contralor Ambiental que será, desde la Legislatura, la responsable de elaborar un informe anual acerca del estado ambiental del departamento; se asume el compromiso de contratar consultoras internacionales a modo de auditoría y el municipio plantea la alternativa de generar, sesenta días después de sancionada la norma, un mecanismo de acceso remoto a la información "simple y ágil" en el marco de la legislación nacional que ya existe al respecto.

La autoridad de aplicación de la ley será la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia y, como se evita la aplicación de la 7722, la autorización de los proyectos no deberá pasar el filtro d ella Legislatura. Uno de los aspectos centrales que se intentó modificar sin éxito en aquella arremetida de Suarez de principios de gestión.

Ojeda esgrime argumentaciones jurídicas para avanzar con su intención, aunque los motivos de peso son sociales. Entre las primeras, el intendente apelará al cumplimiento del artículo 5 de la Constitución Nacional que hace referencia a las autonomías municipales. Pero en el fondo el tema es otro: Malargüe enfrenta una situación muy delicada desde lo económico, agravada ya no solo por la situación de la pandemia del coronavirus, sino también por las sombras que aparecieron sobre Portezuelo del Viento, la mega obra que apunta a generar miles de puestos de trabajo en el Sur y que desde hace un par de meses entró en duda.

Solo algunos datos. Desde hace años, el único ingreso importante del departamento está basado en las regalías petrolíferas que, en 2020, han caído para la comuna en niveles del 70%. Hasta aquí, Malargüe no logró diversificar su economía y de una población económicamente activa de alrededor de 16.000 personas, unas 6.000 tienen problemas de empleo La mitad de ellos están precarizados y la otra mitad directamente son desocupados.

"Vamos a generar la iniciativa y las consultas necesarias para poder modificarlo pero básicamente siempre vamos a hablar de cuidar la cuenca del río Atuel para que los vecinos de General Alvear y San Rafael no tengan miedo y así nos dejen hacer minería", declaró el Intendente insistiendo en que "hoy la historia nos ha demostrado que siempre vamos un paso detrás. Malargüe no quiere vivir de los subsidios, Malargüe quiere producir y vivir del trabajo genuino", fue lo que sostuvo el jefe comunal ante los vecinos hacia finales de julio, cuando el proyecto comenzó a tomar forma. Según el intendente hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2% del territorio, con foco en minerales de primera categoría como el oro, la plata y el cobre.

¿Qué hará Suarez con este proyecto? Todavía es prematuro decirlo. El gobernador prácticamente clausuró el debate en mayo cuando sostuvo que la minería era "un tema cerrado", aunque habrá que seguir muy de cerca la actividad de algunos empresarios que ya comenzaron a contactarse con legisladores para intentar avanzar con el proyecto. A través del sector privado, el Gobierno tratará de ir sondeando el escenario.

Hay que bucear mucho en la historia institucional reciente de Mendoza para encontrar un fenómeno político de las características que vimos (aunque parece que haya pasado un siglo) en diciembre pasado nada más: un gobernador que prometió algo en la campaña electoral, que lo primero que hizo al hacerse cargo fue asumir ese compromiso, que logró tejer un acuerdo político con la oposición peronista para llevarlo adelante en la Legislatura y que luego, solo una semana después, ante las protestas que arreciaron desde un sector de la sociedad y la crítica en varios niveles nacionales, debió primero suspender su plan, se quedó sin el respaldo político que había conseguido y terminó sepultando una estrategia en la que había puesto todas las expectativas para diversificar la economía y combatir tanto el desempleo como la pobreza.

Un aspecto negativo de lo que sucedió. El gobernador pareció no tener Plan B luego del fracaso y la inesperada pandemia del coronavirus lo obligó a concentrar esfuerzos y recursos detrás de este tremendo flagelo. Y un solo aspecto puede resultar positivo. En aquella oportunidad se salió de un conflicto muy agudo en paz, ante un panorama que se avecinaba como sombrío en cuanto a las protestas y manifestaciones sociales.

El gobernador buscó muchos responsables afuera de la Casa de Gobierno después de lo ocurrido y los encontró. Aunque no debió sorprenderse, como lo hizo, por la voltereta en el aire del Frente de Todos que, ante el clima adverso generado por la derogación de la 7722, pidió bajar la misma ley que solo seis días antes habían votado sus propios legisladores. Otra vez el PJ estará en una encrucijada si se opone: para Alberto Fernández las oportunidades para el país "están en Vaca Muerta y en la minería, cuyo potencial es enorme para la Argentina", como lo dijo al esbozar algunas ideas pospandemia en la charla ante el Consejo de las Américas que brindó hace dos semanas.

Dentro del Ejecutivo se clavaron los puñales internamente por algunas fallas en la comunicación de lo que se quiso discutir. Puede ser. Pero también Suarez se apresuró en aquella instancia sin haber escuchado las voces de su propio gabinete que le recomendaban un avance más pausado con el debate. Lo que nadie duda es que el impacto de lo que sucedió es profundo. El desarrollo de la minería era una de las patas sobre las cuales el nuevo gobierno pretendía pararse para apostar al desarrollo, a la diversificación de la economía y, como resultado, para la generación de riqueza y empleo.

Más allá de su fracaso, el gobernador sigue convencido de que ese era el esquema. Y durante varios meses después de esa estrepitosa caída local seguía muy molesto. "Van a tener que explicar los que se opusieron cómo se va a desarrollar las provincia en los próximos años. Nos han condenado por mucho tiempo", era el rezongo. Y esa queja no solo apunta hacia el peronismo, que lo dejó solo en aquellos momentos tan calientes, sino que, fundamentalmente, responsabiliza a Jorge Difonso, el actual legislador y exintendente de San Carlos, como el dirigente político que encendió la mecha que después derivó en las protestas sociales tan fuertes que forzaron al gobierno a dar marcha atrás.

Difonso y el senador de Protectora, Marcelo Romano, seguramente seguirán en su postura de cancerberos de la 7722 y no permitirán excepciones. Para ellos, una fisura en la norma podría derivar en más excepciones.

El debate legislalativo del proyecto de Ojeda, si es que se da, se producirá en el marco de la cuarentena y eso podría aliviar el impacto de las protestas y manifestaciones en la calles, Aunque esta semana tuvimos una pequeña muestra de que el sector antiminero sigue activo. El intendente malargüino estuvo en el Gran Mendoza y su sola presencia desencadenó un escrache de quienes no permiten ninguna modificación a la legislación actual.

Más allá de la convicción de que la minería era la salida y del enojo que lo acompaña todavía, Suarez se felicita por haber frenado en su momento. Entiende que, de haber insistido con su idea, quizás las protestas hubieran derivado en alguna muerte en las calles.

Ahora bien. Si el desarrollo minero era el plan para crecer y diversificar la economía ¿Cuál es la estrategia ahora que esa posibilidad está clausurada y que además explotó en el camino la crisis desatada por el Covid-19? No existen muchas respuestas al interrogante.

Mdzol.com