Catamarca/El mirador político: Ofensiva minera

Unas declaraciones del titular de la flamante Agencia de Recaudación Catamarca, Luis Cipolletti, marcaron la profundización de la ofensiva oficial en el frente minero, iniciada con la designación de Fernanda Ávila en lugar de Rodolfo Micone en el Ministerio de Minería y el impulso a la reforma de la legislación que rige la actividad, que le quita al Juzgado Electoral y de Minas la facultad de otorgar los pedimentos mineros para entregársela a la autoridad administrativa. "En la búsqueda de cumplir con la finalidad que por ley de creación se le asigna a la ARCA, hemos detectado un problema grave en materia de recaudación del canon minero. Esto activa el proceso decisorio para reencauzar la

Unas declaraciones del titular de la flamante Agencia de Recaudación Catamarca, Luis Cipolletti, marcaron la profundización de la ofensiva oficial en el frente minero, iniciada con la designación de Fernanda Ávila en lugar de Rodolfo Micone en el Ministerio de Minería y el impulso a la reforma de la legislación que rige la actividad, que le quita al Juzgado Electoral y de Minas la facultad de otorgar los pedimentos mineros para entregársela a la autoridad administrativa.

"En la búsqueda de cumplir con la finalidad que por ley de creación se le asigna a la ARCA, hemos detectado un problema grave en materia de recaudación del canon minero. Esto activa el proceso decisorio para reencauzar la situación y lograr la regularidad mediante la intimación al pago de deudas y la declaración de la caducidad de los pedimentos o concesiones según corresponda", dijo Cipolletti.

Los primeros cálculos del Ministerio de Minería marcan deudas por más de 107 millones de pesos, concentradas en solo cinco propietarios de pedimentos. Cipolletti estima que podrían elevarse a más de 500 mil y atribuyó tan alta morosidad al "accionar tardío o la inactividad de quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que claramente surgen de las concesiones otorgadas".

No hacía falta que mencionara al Juzgado de Minas para advertir la orientación de la crítica.

Sus manifestaciones fueron difundidas horas después de una reunión que el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, mantuvieron con el juez Electoral y de Minas, Guillermo Cerda, quien expresó su disidencia con la intención de transferir al Ministerio de Minería la potestad de otorgar los pedimentos.

"Le manifesté al Gobernador mi total y absoluto rechazo, por el poquito de experiencia que tengo en 40 años de derecho minero, en el cambio de autoridades de algún proyecto que está por ser presentado. Le dije que es un error muy grande, que le puede costar serios dolores de cabeza a la Provincia cambiar la autoridad minera que tenemos actualmente por la administrativa. Si hay algo de lo que hemos presumido es que acá en Catamarca la seguridad jurídica la da un juez, y eso para el inversor extranjero ha sido obviamente un haber muy importante. No le podemos cambiar la regla de juego al inversor, más aún cuando no hay motivos", dijo el juez.

"Imagine ?añadió-: estaría en la facultad de un funcionario administrativo, en este caso la doctora Fernanda Ávila, flamante ministra de Minería, que es abogada, pero puede ser un ingeniero, puede ser el ministro, un ?fusible?. Los funcionarios administrativos se cambian en un año, en meses, entonces un ministro va a tener una opinión, a los dos años vendrá otro y va a decir otra cosa. No hay seguridad jurídica. Entonces no hay una jurisprudencia porque un juez con sus fallos va sentando jurisprudencia".

Contexto

El litigio por el poder para configurar el padrón minero provincial se dispara en un contexto signado por el futuro del yacimiento Agua Rica, cuyo concesionario, Minera Agua Rica, debe todavía obtener la aprobación del informe de impacto ambiental y el proyecto integrado con la infraestructura de Bajo La Alumbrera. Tiene plazo hasta diciembre para cumplir con ambos requisitos. Si no lo hace, YMAD, bajo la presidencia de Fernando Jalil, quedaría habilitada para replantear un leonino memorándum de intención por el que al año pasado concedió a la firma el uso de las instalaciones de Bajo La Alumbrera, valuadas en 800 millones de dólares tras la amortización, a cambio de un adelanto de alquileres de 12,5 millones de la misma divisa.

Todavía está pendiente, además, la decisión de la Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la ordenanza del Concejo Deliberante de Andalgalá que prohibió la minería a cielo abierto en el departamento.

En Andalgalá, mientras, se reactivó la fractura: una marcha prominera respondió al filo del fin de semana las manifestaciones de los antimineros, que se aprestan a dar pelea contra Agua Rica.

Otra actitud

Cerda contrapone la estabilidad jurídica a la labilidad de la escena política, pero la cuestión no parece pasar por ahí.

La falta de control sobre el cumplimiento de los desembolsos que deben realizar los propietarios de pedimentos mineros fomentó la especulación. Sujetos muy conocidos se apoderaron de gran cantidad de ellos, a la espera de la aparición de algún interesado en invertir. Recién cuando esto ocurría se preocupaban por resolver sus compromisos con el fisco, o bien los incluían en el precio de la transferencia de derechos.

La adquisición de pedimentos aceitaba otras maniobras fraudulentas, como la importación de utilitarios y maquinaria pesada exenta de aranceles por el régimen minero nacional que luego se vendían o alquilaban para otras actividades.

Para el Gobierno, era el Juzgado de Minas, como autoridad concedente, el que debía encargarse de la fiscalización. El Juzgado de Minas, por su lado, alega que carecía de los recursos para desarrollar tal tarea y que, de cualquier forma, no podía hacerla de oficio, sin estímulo del área de Minería dependiente del Poder Ejecutivo, que es el que embolsa los cánones.

Los cambios en el Código de Minería apuntarían a salvar lagunas interpretativas.

Iniciado el debate, el Gobierno incrementó la agresividad de su arremetida. Sostiene que Minería está en condiciones de llevar adelante un control más eficaz y ágil del padrón que la Justicia, y que en cualquier caso la vía de la judicialización para quien se pudiera sentirse perjudicado estaría siempre disponible.

Cobre o no el ARCA las multimillonarias deudas que calcula, su intervención es el primer paso para una depuración del padrón que permitiría al Estado hacerse de los pedimentos atractivos que eventualmente queden vacantes a través, por ejemplo, de la CAMYEN.

Una meta para nada menor en pleno auge del litio y de las llamadas "tierras raras", minerales muy aplicados en alta tecnología que hay en Catamarca. El potencial de las "tierras raras" no está todavía muy difundido, pero algunos operadores bien informados ya están especulando con ellos.

El Ancasti