Catamarca: Los Apuntes del Secretario nos muestra el accionar de la Corte de Justicia de la provincia y su implicancia en Agua Rica

Enrique Aybar, ya exintendente de la Puerta de Corral Quemado (Belén), es desde ayer el único político que ocupa una de las celdas de la cárcel estatal de Miraflores (Capayán). Su condena de 6 años por abuso sexual agravado quedó firme tras ser rechazado por la Corte de Justicia el recurso de casación que presentó su defensa.  Esta decisión, aunque existieran pequeñas dudas, se tornó inevitable por las derivaciones públicas y políticas que tomó el caso. La gente, especialmente la de Belén, no comprendía como una condena por un h

Enrique Aybar, ya exintendente de la Puerta de Corral Quemado (Belén), es desde ayer el único político que ocupa una de las celdas de la cárcel estatal de Miraflores (Capayán). Su condena de 6 años por abuso sexual agravado quedó firme tras ser rechazado por la Corte de Justicia el recurso de casación que presentó su defensa.

 Esta decisión, aunque existieran pequeñas dudas, se tornó inevitable por las derivaciones públicas y políticas que tomó el caso. La gente, especialmente la de Belén, no comprendía como una condena por un hecho aberrante contra una menor podía salir sin prisión preventiva, más teniendo en cuenta que el acusado contaba con poder para cambiar el rumbo inexorable que habían tomado las cosas. En ese contexto, la justicia bajó el martillo y al menos le otorgó un bálsamo de paz a la víctima, violada cuando solo tenía 15 años. "Seis años no van a saldar el dolor que siento, pero al menos van a reparar en algo el daño. Y no solo por mí, sino por todas las otras víctimas, las chicas que no pudieron denunciar y las que esperan resolución de sus denuncias contra esta persona", señaló a la prensa. Ergo: a Aybar le podrían caber nuevas condenas por hecho similares al que lo llevaron a la cárcel.

La detención del intendente que representó en 2019 a Juntos por el Cambio y obtuvo una resonante victoria en su pueblo despeja las disputas políticas que existían en la cima del poder. Recordemos que el Senado había avanzado con un pedido de intervención al municipio del norte belicho y el diputado Daniel Lavatelli (Frente de Todos) mantenía una iniciativa de igual naturaleza en la Cámara baja la que, hasta el momento, era resistida por el gobierno, posiblemente advertido de que la Justicia iba a liquidar el pleito. Así las cosas, hasta finales de 2023, quedará como intendente titular de la Puerta de Corral Quemado Carlos Casimiro, quien figuraba como suplente en la boleta electoral de hace un año atrás.

De la misma forma que se revolvió el "Caso Aybar", aunque fuera empujado por la opinión pública, la Corte de Justicia debería definir en los próximos tiempos la Ordenanza trucha que, hace cuatro años, aprobaron ocho irresponsables en la ciudad de Andalgalá prohibiendo la explotación de la minería en la cuenca del Río Andalgalá, una maniobra claramente orientada a perjudicar al proyecto Agua Rica.

De su simple lectura, los cortesanos podrían comprobar que existen afirmaciones que nada tienen que ver con Catamarca, lo que prueba que se trató de un plagio que, sin consenso social, se resolvió a espaldas del pueblo.

Seguir postergando esta situación, en definitiva, será seguir postergando a todos los andalgalenses, donde el nivel de vida ha caído a niveles estrepitosos. Mientras esto ocurre, en provincias como San Juan, se renuevan las grandes inversiones, como la de la canadiense Lundin que, cerca de Veladero, pondrá a partir de 2022 una cifra cercana a los 3.000 millones de dólares y solo pide a cambio el congelamiento por un tiempo de las retenciones. La explotación, en un símil de Agua Rica, será de oro y cobre.

El Esquiú