Catamarca/Cara y cruz: El aguantadero de YMAD

  • 22 de febrero, 2021
  • catamarca
Todo indica que las arcas de la empresa estatal Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) no están tan mal como declaraban sus autoridades un año atrás.

 

Al menos les alcanza para seguir funcionando como una bolsa de trabajo para políticos, exfuncionarios y alguna parentela privilegiada. O bien cambiaron las prioridades: en lugar de inversiones en minería, conchabo asegurado para los amigos.

En efecto, según trascendió, los que se fueron no se fueron del todo. Por caso, el exvocal del directorio Daniel Barros, quien renunció al cargo para dar lugar a Daniel Gutiérrez, exministro de Educación de la gestión anterior, continuaría bajo presupuesto de la empresa con una cargo de asesor. Y junto a él también seguiría a sueldo uno de sus hijos, que había sido designado cuando asumió su padre tras dejar el Ministerio de Desarrollo Social a manos de Marcelo Rivera -desde ayer exministro-.

No sería el único. También habría caído bajo las generosas manos de la empresa presidida por Fernando Jalil el exministro de Minería de la Provincia Rodolfo Micone, quien, al igual de Barros, gozaría de una bien remunerada asesoría. Micone se fue del Gabinete de Raúl Jalil en la segunda mitad del año pasado, por diferencias de criterio con la nueva administración. Era uno de los “protegidos” que Lucía Corpacci había pedido mantener en el Gobierno de su sucesor, algo que la historia política provincial demuestra tener corta vida. Y así fue: en su lugar asumió Fernanda Ávila, de confianza del Gobernador. La versión oficial de la renuncia de Micone a Minería fue que se dedicaría a la actividad privada, presumiblemente en una empresa de litio. Pero desde hace unos meses cuentan que se habría integrado al cuerpo de asesores de YMAD. Por lo visto, nada se pierde en el peronismo, todo se recicla.

De manera tal que habría que suponer que los 12,5 millones de dólares que YMAD recibió de parte de Agua Rica como adelanto de alquileres de la infraestructura de Bajo La Alumbrera para la puesta en marcha del proyecto de explotación –aún sin fecha-, no fue para salvar las cuentas en rojo sino para seguir alimentando el aguantadero político. Porque precisamente el principal argumento que pusieron las autoridades de YMAD, cuando todavía estaba al frente el escurridizo Luis de Miguel –quien llegó como asesor del anterior titular, el macrista Santiago Albarracín, de lamentable gestión-, fue que debieron apurarse en embolsar el auxilio de la multinacional porque aquella se encontraba a “un peldaño de la nada”.

Y para ello se ataron de contrato de la UTE conformada con Alumbrera, que establece lo siguiente: “Cualquiera fuera la causa de la disolución, YMAD recuperará la plena disponibilidad del yacimiento con todas las mejoras adheridas, incluyendo edificios, túneles, relaves, vigas y soportes como así también los derechos de explotación de las reservas remanentes. Las obras de infraestructura tales como caminos, construcciones civiles, viviendas, oficinas, conducción de agua y su equipamiento, incluyendo elementos de transformación y distribución, no serán liquidadas. Las mismas pasarán en forma automática a YMAD, sin costo alguno, al momento de disolverse la UTE”.

Lo cierto es que no sorprenden las maniobras oscuras en YMAD. Si ya era grosero el retaceo de información en las gestiones de Albarracín y De Miguel, la cosa no mejoró con Fernando Jalil.

Pruebas al canto. El 4 de enero pasado, El Ancasti presentó un requerimiento formal de información dirigido al presidente de YMAD en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública Nº 5336/11. El pedido fue de una copia del contrato suscripto entre YMAD y la empresa Yamana Gold para participar en el proyecto integrado Minera Agua Rica - Minera Alumbrera mediante el arrendamiento de la infraestructura de Bajo La Alumbrera.

Hasta la fecha, Fernando Jalil no respondió. El que calla otorga. Es evidente que algo en ese contrato no le conviene revelar a YMAD. La falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos en la empresa minera estatal, en la que la Provincia de Catamarca posee una participación del 60 por ciento, es a esta altura algo demasiado burdo.

El Ancasti