La remota posibilidad de que haya medidas radicales en la minería chilena

Expertos hablan en Bloomberg sobre el impacto que tendría la nacionalización de la minería tal como lo aprobó en primera instancia una comisión de la Convención Constitucional

 

Por James Attwood y Valentina Fuentes

Bloomberg — La industria minera chilena podría enfrentar su mayor transformación desde las nacionalizaciones de la década de los 70, en momentos en que una Convención dominada por miembros de izquierda e independientes redacta una nueva Constitución. Pero hay razones para pensar que las propuestas más radicales no prosperarán.

El martes, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constituyente aprobó una propuesta para nacionalizar las minas de cobre y litio. La semana pasada, el mismo órgano votó a favor de anular las operaciones mineras que atentan contra las tierras indígenas. Cualquiera de estas medidas, si se implementa, perturbaría la economía de Chile, los mercados mundiales de metales y la transición a las energías limpias.

Aunque un grupo de la industria calificó la aprobación de la nacionalización de “barbaridad”, la reacción del mercado fue moderada, con algunas acciones mineras que redujeron sus ganancias, mientras que el peso retrocedió. Esto se debe a que las mociones presentadas en la Comisión de Medio Ambiente —que está repleta de jóvenes activistas— se enfrentan a una prueba más dura en el pleno de la Convención, donde se requiere una mayoría de dos tercios de un grupo ideológicamente más diverso.

Claudio Fuentes, analista político y profesor de la Universidad Diego Portales, dijo que las propuestas más radicales enfrentarán un escenario complejo en el pleno, ya que las comisiones no representan la composición de toda la Convención.

E incluso si las medidas radicales logran ser incorporadas en el proyecto de Carta Magna en las próximas semanas, el documento todavía debe obtener el apoyo de la ciudadanía en un referéndum en el segundo semestre del año. Un rechazo del proyecto por parte de los electores chilenos pondría fin al proceso y prolongaría el statu quo. Eso ofrece una motivación para redactar un documento que sea aceptable para una amplia base.

A primera vista, la aplastante victoria del izquierdista Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial de diciembre sugiere que los encargados de redactar la nueva Constitución tienen carta blanca para consagrar sus puntos de vista medioambientales y sociales en la nueva Carta Magna.

Pero Boric derrotó a su rival conservador solo después de moderar su enfoque tras quedar en segundo lugar en una votación anterior. El presidente electo, de 35 años, nombró entonces al presidente del banco central, el centrista Mario Marcel, como ministro de Hacienda. Todo ello indica que puede haber una presión entre bastidores para moderar las facciones más radicales de la Convención Constituyente.

Otro inconveniente de expropiar activos de empresas privadas es el de los cientos de miles de millones de dólares de indemnización. Esos pagos pondrían en peligro los esfuerzos por aumentar el gasto social y reducir las desigualdades, los objetivos que desencadenaron el proceso constituyente. Si Chile optara por no pagar, se encontraría en los tribunales internacionales.

Graves riesgos

Uno de los argumentos a favor de la nacionalización —manejar el precio del cobre— puede no sostenerse bajo un mayor escrutinio a medida que avanza el proceso constitucional, dado que el metal se cotiza en los mercados internacionales.

Aun así, el riesgo de poner en jaque a algunas de las mayores minas de cobre y litio del mundo —y a las empresas privadas extranjeras y locales que las operan— está lejos de ser nulo.

Para Juan Carlos Guajardo, quien dirige la consultora Plusmining, el temor es que implica graves riesgos porque hay mucho espíritu reformista y poca disposición a escuchar los argumentos técnicos del negocio minero.

Si la expropiación de activos y la anulación de concesiones parecen una posibilidad remota en una nación conocida por sus normas claras, estables y favorables a los inversionistas, otras propuestas menos radicales que establecen límites de tiempo a las concesiones pueden tener más posibilidades.

La industria del cobre ha presionado mucho para mantener el modelo de concesión indefinida, argumentando que es fundamental para la planificación a largo plazo que sustenta las inversiones.

Los permisos para nuevos proyectos pueden ser más difíciles de obtener, ya que la nueva Constitución da prioridad al medio ambiente, incluidas las escasas reservas de agua, y a las comunidades sobre el desarrollo económico.

Por el momento, empresas como Freeport-McMoRan Inc. y Lundin Mining Corp. están retrasando sus decisiones de inversión hasta que haya una mayor claridad regulatoria. A la incertidumbre se suma un proyecto de ley del Congreso que aumentaría los impuestos a la minería.

Las cadenas de suministro de cobre y litio también siguen de cerca el proceso constitucional. Chile tiene las mayores reservas de ambos metales y casi US$70.000 millones en posibles proyectos mineros para esta década, inversiones que son cruciales si el mundo quiere dejar de usar combustibles fósiles.

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