Catamarca/Cara y Cruz: La aduana de Paulón
- 10 de febrero, 2022
El Ancasti trae denuncias opositoras sobre el manejo del municipio con el proyecto Tres Quebradas
La intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón, se reunió con directivos de las empresas a cargo Tres Quebradas en un clima social enrarecido por denuncias de supuestas manipulaciones políticas de los empleos y proveedores del emprendimiento litífero por parte del municipio.
Según el diputado opositor Alfredo Marchiolli, “uno los reclamos más recurrentes” que recogió entre la comunidad fiambalense con su oficina móvil es que los vínculos laborales y contractuales con la firma “deben pasar o ser bendecidos por el municipio”.
"La empresa tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para que el desarrollo y derrame económico sea local y sin discriminaciones políticas", remarcó el legislador.
Ninguna voz oficial respondió nada al respecto, pero Paulón no quiso desaprovechar el impacto del anuncio de que la empresa china Zijin Mining Group invertirá 380 millones de dólares para construir una planta productora de litio en Tres Quebradas. La intendenta se reunió con el James Wang, CEO de Zijin en Latinoamérica; Huaiguo Huang, gerente de construcción del proyecto Tres Quebradas, y Tomás de Pablos Souza.
El silencio de la comuna es inconveniente, porque los anuncios de inversiones millonarias provocan muchas expectativas, que las autoridades se encargan de aumentar con sus declaraciones.
El ministro de Minería, Marcelo Murúa, calculó que la inversión comprometida generará más de 1.600 puestos de trabajo.
"Para la etapa de construcción de la planta de carbonato (que iniciará este año y concluirá en 2024) está previsto que el proyecto minero genere más de 620 empleos directos y 1.000 indirectos, con una inversión mensual en sueldos de más de 600.000 dólares", explicó, y añadió que en la etapa operatoria del proyecto se generarían 385 puestos de trabajo directos más.
Es un impacto potencial tremendo para una ciudad como Fiambalá. La tentación política es fuerte, más en el caso de Paulón, que no consigue sacar ventajas electorales significativas a pesar del respaldo del Gobierno provincial. La inmediata reunión con los gerentes del emprendimiento no hace más que aumentar las sospechas de componendas que, en definitiva, conspiran contra la licencia social para la actividad minera, muy perjudicada por la militancia intensa de los grupos que se le oponen.
Lo que Marchiolli denuncia es serio: la intendenta habría montado una suerte de aduana para definir quiénes serán tomados para trabajar en Tres Quebradas y quiénes proveerán al emprendimiento en sus diferentes etapas a cambio de su adhesión. O sea, pretendería generar una cantera de votos cautivos.
Como no ha salido al cruce de semejante aseveración, debe suponerse que la consiente o bien busca restarle importancia y aspira a que la discusión se agote espontáneamente. En cualquiera de los dos casos, expone sus limitaciones como gobernante.
Si en verdad comparte la idea de que la minería debe ser “política de Estado”, comprenderá el flaco favor que hace a su aceptación social que se la vea como instrumento clientelar.
Sobre esto sobra la experiencia en Catamarca. Tanto a ella como a los empresarios de Tres Quebradas les convendría analizar lo ocurrido en Andalgalá, que fue el municipio más beneficiado por la renta minera que arrojó Bajo La Alumbrera. Allí los defectos de gestión política y las corruptelas derivaron en el despilfarro de recursos que podrían haber servido para el progreso social, y el resultado es una comunidad dividida por un sentimiento antiminero cerril muy arraigado.
Con las manipulaciones de empleos y los lobbys a favor de determinados proveedores se empieza
El Ancasti