Catamarca/Cara y Cruz: Para la tribuna local; la situación en Andalgalá

El intendente solo oye reclamos y sospechas. No le interesa conocer efectivamente si responden a la realidad.

 

El clima antiminero en Andalgalá empieza nuevamente a enrarecerse. El que se ocupó de darle status de cuestión de Estado fue el propio intendente, Eduardo Córdoba, de Juntos por el Cambio. Remitió a la empresa MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera) una carta documento –que hasta el sábado no había llegado al destinatario- en la que la intimó a cesar sus actividades en un “plazo de 24 horas” y a “reparar el daño causado”, bajo la advertencia de que si no lo hiciera iniciará acciones legales. Un formalismo de rigor en estos asuntos.

Córdoba, de conocidas convicciones antimineras, se hizo eco así del reclamo de un grupo de vecinos del distrito Choya que vienen reclamando por la supuesta mala calidad del agua del río, que se debería, según sospechan, a la apertura de huellas mineras en la zona de Campo Grande y la cuenca hídrica de ese río. El intendente señaló en su intimación que los trabajos de la minera “impidieron el uso del agua potable con la modificación de sus estructuras haciéndola no apta para uso y consumo humano”.

Fue por eso que un grupo de vecinos llevó sus quejas al Concejo Deliberante andalgalense, desde donde hicieron un pedido de informes a la empresa y al Ministerio de Minería. Ante eso, las autoridades provinciales, junto con gente de la empresa, invitaron a los concejales y a los vecinos reclamantes a un recorrido por la zona en cuestión. Pero los ediles de JxC rechazaron el convite, no así los peronistas. Después del recorrido, el presidente del Centro Vecinal de Choya, Orlando Contreras, relató que el río tenía "mucho material sedimentario con cenizas producto de incendios" y que con las lluvias el agua se ponía "demasiado turbulenta".

El ministro de Minería, Marcelo Murúa, recordó que enviaron los informes técnicos –tras el monitoreo del río- solicitados por los concejales que responden a Córdoba y que hasta ahora no hubo ninguna refutación. En cuanto a la intimación del intendente, dijo que carece de “sustento jurídico” y recordó que la autoridad de aplicación de las leyes mineras es la Provincia, no el municipio de Andalgalá.

Pero de todos modos el grupo rebelde de los vecinos se instaló con algunas carpas en el cerro, y el viernes ambientalistas se manifestaron frente al edificio municipal y pidieron la intervención de Córdoba y del gobernador Raúl Jalil. Cada uno cumplió con lo que mejor consideró: Córdoba mandó una carta documento a la empresa, y el jefe de Estado comisionó al ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre; el jefe de Policía, Ángel Agüero, y la responsable del Centro de Control Minero Ambiental de Andalgalá, Carolina Cabrera, a escuchar los planteos de los miembros de la Asamblea El Algarrobo.

¿Están o no contaminadas las aguas del río Choya? ¿Es cierto o no que los vecinos del lugar quedaron sin agua potable? ¿Es verdad o no que la empresa desvió el curso del río para sus trabajos de exploración? En un contexto normal, estas respuestas deberían surgir de simples observaciones “in situ” y de informes de laboratorio sobre la calidad del agua. Pero en Andalgalá, la “normalidad” es relativa, depende de qué lado de la grieta minera se ubique.

El intendente Córdoba, por lo visto, solo tiene en cuenta los reclamos y las sospechas. No le interesa conocer efectivamente si se corresponden con la realidad. En su intimación, de hecho, menciona solo las quejas de una parte de los vecinos de Choya, la parte que no quiere minería. Presupone que se basan en una situación verídica, irrefutable podría decirse. Nada dice acerca de los informes técnicos realizados en el lugar de la discordia.

El jefe municipal descuenta que los sedimentos en el río provienen de las tareas mineras y no tienen cualquier otra causa natural o humana, y por lo tanto le parece obvio suponer que algún químico nocivo para la salud acarrean las aguas. Por eso no tuvo mejor idea que insistir en que frene toda la actividad minera río arriba.

La improvisación y la reacción huérfana de argumentos científicos atentan contra su propia militancia antiminera. Para bajarle la persiana a la minería, Córdoba, como máxima autoridad andalgalense, necesita actuar con argumentos sólidos, categóricos, imbatibles. No puede hacerlo solo en función de consignas fundamentalistas sin saber si hay daños comprobables. Tres carpas en un cerro no pueden gobernar su razón

El Ancasti