Catamarca: Los apuntes del Secretario nos traen un completo análisis de la situación provincial

El ejemplo de Farallón Negro y Alumbrera; el nuevo escenario; las condiciones, gestos y acciones de gobierno y la intransigencia de los ambientalistas, en este análisis de El Esquiú

 

El ejemplo de Farallón Negro

La discusión por la minería, por si no lo sepan los lectores más jóvenes, lleva más de seis décadas y la lucha de los ambientalistas apenas toleró la apertura de Farallón Negro, la mina de oro ubicada de las planicies de Hualfín (Belén) por la cual se creó YMAD en el año 1958 y se convirtió con el paso del tiempo en la principal empresa de Catamarca. Alberga más de 500 empleados (el 85% de ellos son catamarqueños) que disponen de sueldos muy importantes desde su ingreso mismo y, aparte, tienen otras prerrogativas como disponer de viviendas para convivir con sus familias. Paradójicamente, aunque cueste creerlo, es el único emprendimiento minero que utiliza cianuro, una sustancia compuesta de carbono e hidrogeno que permite separar el oro de la roca. Una persona puede sufrir problemas cuando inhala, come o bebe esta sustancia o tiene contacto con su piel. Sin entrar en más detalles, el cianuro es de temer porque, claramente, es veneno. Pero con máximos cuidados se lo puede utilizar y, de hecho, en Farallón Negro jamás en más de 50 años hubo algún problema. La mina funciona a pleno, da ganancias y, lo más importante, con plenas garantías, otorga trabajo de calidad a los catamarqueños. Cualquier encuesta que se haga con sus empleados, arroja respuestas de conformidad y seguridad. Lo podemos afirmar enfáticamente porque fue El Esquiú el único medio de Catamarca que ingresó con sus periodistas a las profundidades de la mina y comprobó, in situ, las medidas de seguridad que se aplican.

Y de Alumbrera

En Belén hubo resistencias por Farallón Negro, pero fueron superadas con sentido común, comprobaciones científicas que se realizan en distintos puntos del Orbe y garantías ambientales, esto es, un conjunto de medidas que permitieron el desarrollo de pueblos que estaban condenados a la pobreza y la indigencia, cuando no a su desaparición. Esto, de alguna manera, con sus más y menos, siguió con el Bajo la Alumbrera, donde las multinacionales extrajeron de nuestras riquezas naturales réditos extraordinarios por espacio de 20 años. El proyecto, con un severo control ambiental que ordenó el gobierno de Brizuela del Moral, marchó de maravillas y dejó grandes ganancias para los inversores y la provincia. ¿Aquel gobierno pudo hacer mejor negocio y no pactar por apenas el 1.5% entre ganancias y regalías? Claramente sí. De todas formas ese 1.5% era una fortuna que gobernantes de toda especie malgastaron en gastos corrientes, obras inservibles y malversaciones que, como ocurre siempre, terminaron en un los polvorientos anaqueles del Tribunal de Cuentas o la Justicia.

El nuevo escenario

Los dos ejemplos explicitados anteriormente confirman de manera insoslayable que la minería es posible y, como dice el mandatario de turno, debe ser una política de Estado que termine con la dependencia que tiene Catamarca con la Casa Rosada. También lo supieron decir los gobernadores radicales previos a Lucía Corpacci.  Para ello se requiere el diálogo, la concertación y el compromiso de cara al pueblo. No puede ser que los propios radicales se opongan al proyecto minero cuando fueron ellos los que lo iniciaron efectivamente Bajo la Alumbrera. ¿Y qué pasaría si vuelven a ser gobierno con Monti, Fama o algún tapado que todavía no da la cara? Se quejarían, seguramente, de alguna represalia injustificada como la que ahora mismo están llevando a cabo. Política de Estado es una linda frase, pero hay que llevarla a los hechos. Hay que declararla en un acto público y con refrendación de las fuerzas vivas, esto es, partidos políticos, sindicatos, la Iglesia que debería jugarse en serio y no con discursos abstractos, colegios profesionales, la Universidad de Catamarca y las escuelas de minería. No alcanza con un anhelo de Jalil. Se trata, nada más y nada menos, de un proyecto para toda la vida, como lo hicieron provincias como Salta, Misiones, Santiago del Estero o Santa Cruz con el turismo. A las “Políticas de Estado”, mejor si son por ley, la continúan los gobiernos, cualquiera sea el Partido o el mandatario que asuma. Todo lo demás se puede discutir, menos lo que quedó decretado como regla general e irremplazable.

Condiciones, gestos y acciones de gobierno

En las últimas semanas volvieron a producirse roces y más que roces en Andalgalá, especialmente en los accesos a la mina Agua Rica, a la que se llega por Choya o Potrero. Hubo enfrentamientos entre quienes, ambientalistas ellos, cortaban el camino y la Policía. Impidieron el paso de los camiones de trabajo y de los empleados que un número superior a los 400 suben al yacimiento que controlan las mismas empresas que, sin problemas, explotaron Bajo la Alumbrera por espacio de dos décadas. El gobierno, frente a esto, hizo cosas buenas y malas. Entre las primeras llamó al diálogo de las partes, anuncio un mejor arreglo económico (3.5 en lugar de 1.5%) y creó un fondo fiduciario al que controlarían intendentes, senadores, representantes de pueblo originarios y sectores reconocidos de la sociedad. Más claro: no se podrá tirar a la marchanta la plata de la minería. El pueblo tendrá comunicación sobre qué se hace o no se hace con ella. A pesar de estas garantías y del control ambiental, al gobierno le faltan cosas: ratificar cómo será la obra, la cantidad de trabajadores, los años de la explotación y apurar a las empresas que presenten el informe de impacto ambiental que, increíblemente, está demorado.

La intransigencia de los ambientalistas

En Andalgalá, aparte del sector antiminero en el que necesariamente se debe incluir al intendente Eduardo Córdoba (mantiene intereses fraternos con la Asamblea “El Algarrobo”), están los ambientalistas, muchos de ellos foráneos y dispuestos a prender todas las mechas que conviertan al departamento en un infierno. Con ellos no habrá arreglo nunca, pues exponen una intransigencia en grado máximo. En este punto también debe actuar el gobierno con su sistema de seguridad y especialmente la Justicia, siempre lenta para resolver las cuestiones trascendentes y velocísima para encarcelar a los ladrones de gallina o delincuentillos del bajo fondo. Sin embargo, a pesar de esto, ya hay más de 30 imputados por los disturbios y no creemos que ningún magistrado se anime a dictar sobreseimientos que empeorarían la actual situación. Recordemos que ya destruyeron la sede de Agua Rica, del Partido Justicialista, desafiaron a la Policía, dañaron vehículos, se la tomaron con humildes empleados y atacaron la casa de un fiscal. Mirar estos hechos desde la Capital y no hacer nada puede generas nuevas y peligrosas turbulencias. Por lo pronto, abrimos el paraguas antes que llegue la tormenta.

El Esquiú.com