Tucumán/Con nombre y apellido: los empresarios tucumanos procesados por sobreprecios en obras de la UNT

El juez Poviña procesó con prisión preventiva y dictó embargos por sobreprecios en 17 obras en la causa por presunta defraudación por la que también está procesado y embargado el exRector Cerisola.

El juez federal Fernando Poviña procesó sin prisión preventiva a 20 empresarios de 20 firmas constructoras de Tucumán y dictó embargos por sobreprecios en 17 obras realizadas en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en el marco de la causa por presunta defraudación por la que está procesado y embargado el exRector, Juan Alberto Cerisola: se investiga un acta firmada con Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y la supuesta administración fraudulenta de 85 millones de dólares de fondos provenientes de la minería entre 2006 y 2009.

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Este martes, el diario La Gaceta detalló que la Justicia federal tiene "aproximadamente tres años" para llevar a juicio a los 20 empresarios procesados que podrían afrontar una pena de hasta seis años en la causa donde se investiga la contratación de empresas para las obras realizadas en la UNT tras dar por culminada la Ciudad Universitaria para poder disponer libremente de los fondos provenientes de la minería, tal como establecía el acuerdo con YMAD.

Cerisola fue procesado junto al exdirector de Contrataciones Universitarias, Osvaldo Venturino, y la exdirectora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani: Cerisola fue embargado por $20 millones; Cudmani por la misma cifra y Venturino por $47 millones. El exRector dejó su cargo en 2014 y los exfuncionarios ya se jubilaron, siendo la exdirectora la última en hacerlo en 2019. Por ello, el plazo de la indagatoria en hasta 2025, según detalló el citado medio.

Los empresarios procesados y las obras que se investigan por sobreprecios

Marcelo Eduardo Boero, empresa Boero

El empresario Boero y Sylvia Viviana Coronel fueron acusados por la obra N° 478, “Laboratorio de Ciencias Exactas”. Se les imputó haber cobrado $ 4.776.000 por el trabajo, que en valores de mercado de 2008 eran $2.421.994. Boero negó la acusación y se negó a declarar. Se le dictó embargo por $ 5 millones. Coronel negó el hecho y dijo que fue empleada administrativa hasta 2007 y que luego se mudó a Tierra del Fuego. Se le dictó falta de mérito para procesarla o sobreseerla.

Pero Alberto Varela Ottonello y Juan Manuel Peña, empresa Anticorrosiva del Norte

Obra N° 477, “Salón de uso múltiple, Facultad de Educación Física”. Cobraron $ 2.996.347 y el valor de   mercado era $ 1.927.496. Varela Ottonello negó todo; dijo que su empresa vendía productos químicos desde hacía 37 años en el NOA y que era agente comercial de una empresa alemana. Dijo que hubo obras adicionales complementarias pedidas por la UNT. Añadió que su empresa tenía una política de precios “absolutamente independiente a las expectativas de los usuarios y/o contratantes”. Dijo que la pericia de Gendarmería no advertía si en la determinación de su precio incluía gastos generales, adicionales e imprevistos. Peña hizo un alegato similar. Embargo por $ 2 millones a cada uno.

Juan Carlos Aranda y Norma del Valle Zottola, empresa Rondeau

Obra N° 473, “Residencia Universitaria - Adecuamiento Edilicio para Discapacitados - Horco Molle”. Cobraron  $ 3.820.727 y según el mercado costaba $ 1.764.157.  Aranda negó todo y dijo que la pericia era “parcial, subjetiva y arbitraria porque no contempla la realidad y la plenitud de la obra en cuestión, omitiendo algunos ítems tanto en las obras civiles como en la instalación sanitaria”. Embargo por $ 4 millones a cada uno.

Ricardo Aníbal Fernández y Ruth Soledad Fernández, empresa Con-Fer

Obras Nº 459 (“Facultad de Psicología - Etapa II. Terminación Centro Prebisch”, por la que cobraron $ 2.194.389 y valía  $ 1.187.780) y N° 511 (“Facultad de Educación Física, Aulas y Vestuarios”, por la que cobraron $ 4.884.512 y valía $ 4.268.159). Fernández dijo que su empresa familiar trabajó 37 años con obras públicas; que ganaron correctamente las dos licitaciones (una era pública y la otra privada) y que el monto que le imputaban haber cobrado en la obra 459 no coincidía con el valor del contrato. También dijo que la pericial de Gendarmería omitió hacer estimaciones sobre gastos generales y costos impositivos. Embargo por $ 3,5 millones a cada uno.

Manuel Guillermo Galindo y Roberto Antonio Galindo, empresa Camaro

Obra Nº 486, “Facultad de Psicología Aulas y Cátedra”. Cobraron $8.650.401 y costaba $4.005.290. Negaron los hechos y se abstuvieron de declarar. Embargo por $ 9 millones a cada uno.

Javier Martínez Riera y Oscar Enrique Prado, firma Pramarco

Obra Nº 527 (“Asunt- Remodelación local obra social”; Cobraron $ 3.363.660 y costaba $ 1.719.009) y N°  467 (“Secretaría de Bienestar - Casa del Estudiante”; cobraron $ 2.676.893, y costaba $ 1.202.821). Martínez Riera negó sobreprecios; dijo que su empresa trabajaba desde hacía 15 años y que fueron contratados conforme a la Ley  de Obras Públicas. Embargo por $ 6 millones a cada uno.

Juan Vicente Guzmán, firma Obritec

Obra Nº 480, “Facultad de Agronomía y Zootecnia - Remodelación de Laboratorios para Certificación”. Cobró $ 10.404.371 y costaba  $ 2.532.641. El hombre, domiciliado en Villa Mariano Moreno, negó los sobreprecios. Dijo que estaba desocupado y que su empresa había quebrado hacía ocho años. Embargo por $ 15 millones.

Horacio Eduardo Gordillo y Fernando Adrián Gordillo, firma Gordillo

Obras Nº 544 (“Facultad de Odontología - Ampliación y Remodelación del Área de Esterilización Centro Prebisch”; cobraron $ 527.473 y costaba $ 316.205) y 481 (“Facultad de Odontología, Edificio de Clínica Odontológica”;  cobraron $ 8.641.949 y costaba $ 3.608.739). Horacio Gordillo negó sobreprecios y pidió que se cite a declarar al perito de Gendarmería, cuyo informe dijo que iba a impugnar y explicó detalles de las obras. Embargo por $ 10 millones a cada uno.

Jorge Ignacio Zeballos y Máximo Federico Mellace, empresa Barcal

Obra Nº 538, “Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Criatic - Etapa II”. Cobraron $ 2.698.118 y costaba $ 781.924. Zeballos negó sobrepredicos y dio otro monto de obra que contrató la UNT. Añadió que de esa obra se desprendieron dos complementarias y un imprevisto. Dijo que en la pericia de Gendarmería se podían observar dos pagos repetidos. Embargo por $ 4 millones a cada uno.

Exequiel P. Movsovich, empresa Betón

Obras Nº 545 (“Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, laboratorio de instrumentación industrial”; cobró $ 4.689.740 y costaba $ 1.593.523); N° 465 (“Facultad de Filosofía y Letras - Complejo de Aulas”; cobró  $ 9.331.197 y costaba $ 3.348.313) y N° 533 (“Facultad de Derecho y Ciencias Sociales”). En este último caso se lo acusó de haber cobrado anticipos financieros por $ 6.154.603, los cuales no estaban previstos en el pliego de bases y condiciones. También, por haber solicitado que se le reconocieran, en el marco de la misma obra, mayores costos, los cuales comprendían, por una parte, el alquiler de un terreno, por un valor de $ 298.042, en el período correspondiente a enero de 2010 a septiembre de 2011, “siendo el monto reconocido superior al reclamado y sin tener respaldo documental”; por otra parte se reconoció $ 4.449.726, los cuales no se encontraban previstos en la contratación efectuada, resultando un 62% más del monto originalmente reclamado. Finalmente, en la misma obra, el haber cobrado por trabajos adicionales $ 3.598.834, habiéndose otorgado un anticipo financiero de $ 1.805.862, “los cuales no se encontraban previstos en la contratación efectuada para la mencionada obra, ocasionando de este modo un perjuicio a la administración pública nacional (UNT)”. Negó la imputación y expresó que el haber cobrado anticipos financieros no configura un ilícito reprochable penalmente. Y que “en cuanto a los mayores costos ante la imposibilidad de comenzar la obra dado que hubo una entrega parcial de la misma (tardía), se ideó una solución para ello, la cual consistía en el alquiler de un inmueble lindero para comenzar los trabajos”. Embargo por $ 18 millones.

Héctor Gerardo Preatonio, Héctor fidel Preatonio y Alejandro Martín Preatonio, empresa Mitsuito

Obra N° 519, “Remodelación y Refuncionalización Casa N° 8 San Javier”. Cobraron $ 8.132.891 y costaba $ 3.051.644. Héctor Preatonio negó la acusación y dijo que no estaba a cargo de la actividad de construcción de la empresa. Alejandro Preatonio explicó que él se ocupaba sólo de la compra de materiales y que no tenía conocimiento de la contratación efectuada con la UNT. El padre de ambos, Héctor Fidel Preatonio, se negó a declarar y se remitió a un escrito presentado electrónicamente. Embargo por $ 10 millones a cada uno.

Falta de mérito

Aldo Antonio Polti, empresa Construcciones y Servicios

Obra Nº 513, “Remodelación y Mantenimiento de Casa N° 10 y estacionamiento para 10 autos - Horco Molle”. Cobró $ 354.304 y costaba $ 230.922, según la pericia. Negó los sobreprecios; dijo que había un acta en la carpeta de  la obra con una firma que él no puso. Negó los valores presentados en la pericia de Gendarmería. El juez le dictó falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo.

Guillermo José Pasquini y Ana Inés Cossio, de Mak Construcciones

Obra N° 532, “Escuela de Agricultura y Sacarotecnia, construcción de cinco módulos de Campo Horco Molle”. Negaron el hecho. En una resolución firmada el viernes 8 de julio, el juez dictó al falta de mérito para ser procesados o sobreseídos, "sin perjuicio de la investigación que se realiza en la causa", expresa la decisión judicial.

Eltucumano.com