La opinión de Casarín: ¿Dio sustento al nuevo Proyecto de Ley de Humedales que obtuvo mayoría?

Desde nuestra redacción la pregunta que nos hicimos estuvo centrada en la nota escrita hace quince días por el geólogo y abogado del sector minero e Hidrocarburífero, Favio Casarin.

El especialista, en su último artículo sobre el proyecto de Ley de Humedales que está tratando el Congreso de la Nación, apuntaló una serie de cuestionamientos y debilidades al texto en cuestión. Luego de publicado su escrito hubo modificaciones incluidas al ante proyecto de ley “coincidentes” a sus planteos. Aquí ofrecemos su interpretación posterior a lo sucedido en las comisiones parlamentarias.

Casarin es Columnista habitual de Prensa GeoMinera, tal como sucede en cada edición donde aparecen sus artículos, en la edición del mes de Octubre, escribió un artículo  titulado “HUMEDALES: Inconsistencias de un proyecto de ley que pretende el desarrollo sostenible, pero que no se sostiene a sí mismo”, que obtuvo gran repercusión y fue posteriormente reproducido por numerosos portales de noticias, y su autor fue objeto de entrevistas radiales y televisivas en diferentes medios del país. (https://prensageominera.com.ar/noticia.php?id=1323),

En el artículo en cuestión, realizó una crítica del proyecto que se estaba tratando en tres Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, centrándose principalmente en las inconsistencias de cinco de sus puntos. En la sesión plenaria de las Comisiones llevada a cabo el jueves pasado (10/11/2022), apareció un nuevo Proyecto de Ley, que precisamente tuvo en cuenta los cinco puntos analizados por Casarin en su Nota, y –para sorpresa de muchos- dicho Proyecto obtuvo la mayoría en la sesión plenaria. Por tal motivo, Once Diario entrevistó a Favio Casarin, a los fines de obtener mayores precisiones.

En relación a las posteriores modificaciones del nuevo proyecto se le consultó sobre sus consideraciones respecto a lo sucedido hace pocos días en el Plenario de Comisiones, del cual resultaron dos Proyectos de Ley de Humedales. A lo cual, expresó que “el proyecto que estaba en consideración hasta ese día, y que fuera motivo de mi análisis en el artículo publicado en la edición de Octubre de Prensa GeoMinera, es sobre la autoría del Diputado Leonardo Grosso, que nunca obtuvo en la Cámara de Diputados consenso para prosperar.  Su autor lo volvió a presentar en marzo de este año, y seguramente iba a correr la misma suerte del anterior ya que se trata de una iniciativa que, quienes lo sostienen, le atribuyen ser de consenso, pero precisamente las provincias - dueñas de los recursos naturales - siempre han manifestado que no han sido consultadas, al igual que las cámaras que nuclean a las empresas productivas, entre ellas la “CAEM”, Cámara Argentina de Empresarios Mineros.

Ahora, en la última sesión plenaria, apareció un nuevo plan, firmado principalmente por la diputada por Santa Fe Ximena García, que logró alzarse con la mayoría de votos, por lo tanto en el recinto de la Cámara Baja se tratarán dos proyectos: uno con despacho de la mayoría (el de García), y otro con despacho de la minoría (el de Grosso).  Según el destacado profesional “el que obtuvo el despacho de la mayoría, corrige las principales críticas que yo efectuara al de Grosso en mi nota de Prensa GeoMinera, aún cuando quiero aclarar que no participé en la redacción de dicho texto y menos fue consultado por sus autores. Para mi resultó una sorpresa cuando me enteré del resultado del plenario”.

Respecto si podría señalar cuáles son esos puntos, los que él cuestionó en la nota publicada en Prensa GeoMinera, y que de algún modo ahora fueron subsanados, explicó que “en primer lugar el nuevo proyecto, no resulta tan invasivo de las competencias que a través del Art. 41 de la Constitución Nacional corresponden a la Nación, y a las provincias. Me refiero principalmente a las normas que contienen presupuestos mínimos de protección que corresponden a la Nación y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. La atribución de la Nación es garantizar la protección ambiental esencial. Cualquier legislación que resulte más restrictiva o que supere este umbral mínimo es competencia de cada una de las provincias. Claramente, el Proyecto de Grosso (hoy en minoría), no respeta esto, ya que supera el umbral de  presupuestos mínimos, e invade competencias” que son  exclusivas de las provincias.

El segundo punto que se cuestionó en la nota, es que promueve la creación de un Inventario Nacional de Humedales en un plazo de 3 años, iniciativa que es positiva en sí misma, ya que contribuye a formar conocimiento para una posterior toma de decisiones. Casarin entiende que “el exceso ocurre en que el Art. 13° del Proyecto de Grosso donde se ordena que “durante el tiempo que transcurra entre la sanción de la presente ley y la inclusión de los humedales en el Ordenamiento Ambiental del Territorio, no se permitirá la realización de nuevas actividades ni la ampliación de las actividades existentes en los humedales y los que se presumen de tales”. Primero ordena una prohibición de realizar “actividades sin tener un inventario, y por lo tanto con desconocimiento de los distintos niveles de humedales, y de su criticidad. Pero, por si esto fuera poco, incluye sobre este desconocimiento, una suerte de “principio de presunción”, algo que para él “carece no ya solo de sustento legal y técnico, sino de la más elemental lógica”.

En cambio, el nuevo proyecto, “recoge y subsana esta crítica, al eliminar la cláusula de presunciones del Art. 13, y prohíbe nuevas actividades hasta la aprobación del ordenamiento territorial, “solamente en aquellos humedales plenamente reconocidos, y sujeto al análisis de la Autoridad de Aplicación” explicó.

A su vez, el Proyecto del diputado  Grosso “presenta una flagrante contradicción con un artículo previo del mismo, que ordena: “a partir de la sanción de la presente ley, cada jurisdicción deberá incorporar, en un plazo máximo de dos (2) años, a los humedales en el proceso de Ordenamiento Ambiental del Territorio”.  Tal situación permite apreciar que “no se entiende cómo, si el plazo para la realización del inventario de humedales es de 3 años, las jurisdicciones deberán incorporar los humedales en su ordenamiento territorial en 2 años, sin tenerlos inventariados”. En cambio el proyecto de García, “corrige esta incongruencia, ya que mantiene el plazo de 3 años para realizar el Inventario, pero otorga el plazo de 1 año más para realizar el ordenamiento territorial en cada jurisdicción, algo lógico” dijo el especialista.

También la nueva redacción recoge la crítica del artículo en cuestión  desde donde “la enumeración del Art. 16° del proyecto Grosso, posee prohibiciones genéricas que carecen de rigor científico y se sostienen solo en criterios ideológicos como la que expresamente pongo como ejemplo en la nota”: “La exploración y explotación minera e hidrocarburífera o con presencia de reservas para fracking”. Aparte de la deficiente redacción, evidentemente se desconoce una vez más la diferencia entre exploración y explotación. Slogans de este tipo en un Proyecto de Ley, le quitan seriedad al mismo. En el Nuevo Proyecto ha sido eliminado”.

Por último, ahora el proyecto de Humedales dictado por la mayoría “subsana un punto vital al que me referí en mi Nota como claramente inconstitucional, que pretende que la autoridad nacional de aplicación de la ley sea “la máxima autoridad ambiental competente designada por el Poder Ejecutivo Nacional”. Una suerte de declaración de Intervención Ambiental de la Nación en las provincias. “El nuevo Proyecto establece que la Autoridad Competente será la que establezca cada provincia, y reserva a la Nación la Autoridad de Aplicación en funciones más genéricas. Con algunas de estas funciones no estoy en un todo de acuerdo, pero el propio proyecto establece que la reglamentación de la Ley deberá establecer”.  Para lo cual asevera que “este punto es clave, en algunos casos está en una zona de borde, y las provincias debieran, primero ser convocadas, trabajarlo en conjunto, y sostener sus atribuciones constitucionales”.

Se le pidió su opinión si lo sucedido “copy-page” manifestó que “pese  a que al proyecto de García se lo menciona como de Juntos x el Cambio, no es tan así, ya que participaron varios legisladores del PJ, sobre todo representantes de las provincias del NOA”.  Hizo hincapié en que “es conocida mi pertenencia a las Comisiones de Minería y de Hidrocarburos del Partido Justicialista, pero aquí estamos hablando de iniciativas de tipo técnico-científicos, donde respetando el pensamiento político de cada uno, podemos - mejor dicho, tenemos la obligación - de consensuar conocimientos e ideas por el bien de la Nación, de la sustentabilidad ambiental y de las actividades productivas. En cuanto a si tomaron en cuenta las consideraciones de mi nota sin consulta, tampoco me molesta, es más, si a alguien le sirvió, y eso contribuye a tener una mejor normativa, enhorabuena” concluyó.

Por último, se lo consultó como considera que actuó el sector minero en este tema  a lo que respondió que “el sector minero, tiene un corset al que está ceñido y le cuesta abandonar. Siempre actúa con “delay”, y hasta con los hechos consumados, sin ninguna anticipación. Pasó con las leyes antimineras provinciales, con la Ley de Glaciares, y ahora con este proyecto. Sobre la regulación de los humedales, hace una década que se vienen presentando proyectos, sin embargo, ninguna autoridad de la Secretaría de Minería de la Nación (ni las anteriores, ni la actual) se ocuparon del tema”.  Agregando seguidamente que “cómo esta regulación sobre los humedales afecta a otros sectores productivos (hidrocarburos, agro), más propensos a la defensa de su actividad, el sector minero recibió algunos aliados inesperados, y a partir de allí se han notado reacciones positivas en la CAEM, las Cámaras Provinciales y de Proveedores, y las autoridades políticas de las provincias. Algo está cambiando en el aspecto comunicacional del sector minero, pero aún falta mucho” concluyó.

Once Diario