San Juan: ¿Qué pasó en la mina Veladero? La intervención de la ONU y la respuesta de la empresa

En Naciones Unidas recepcionaron los pedidos y la preocupación de una ONG jachallera. Desde Barrick aseguraron que las acusaciones "no tienen fundamento".

Si bien el ida y vuelta entre la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y Barrick Gold, la empresa que tiene el proyecto Veladero en San Juan fue el año pasado, trascendió en los últimos días. Una ONG jachallera planteó su preocupación por los derrames ocurridos en la mina y pidió información sobre los episodios.

En una extensa y detallada carta del Relator Especial en septiembre del año pasado sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de la ONU, Marcos Orellana, destinada a Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Barrick, se denuncian cuatro episodios, uno desmentido categóricamente por la compañía.

“Los derrames y la falta de acción oportuna de parte del gobierno y de la empresa están poniendo en grave peligro a las comunidades y el medio ambiente”, señala el texto del Relator Especial. Y continúa “Las comunidades no saben con certeza si el agua que beben está contaminada, porque ni la compañía ni el gobierno han informado sobre medidas de recomposición ambiental tras los derrames. Por ejemplo, después del derrame de 2015, la empresa entregó agua envasada a las comunidades, pero no dio ninguna explicación”.

El objetivo del texto es que la empresa brinde información sobre los supuestos derrames que se habrían dado, además de las medidas adoptadas en la mina para evitar nuevos eventos. “Podremos expresar públicamente nuestras preocupaciones en un futuro cercano, ya que consideramos que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata. Además, consideramos que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones mencionadas”, remarca Orellana.

Pero, ¿cuáles son los episodios sobre los cuáles Orellana y su equipo piden información y se detallan en el documento?

Marzo 2017: Se menciona la rotura de una tubería que transportaba la solución del proceso de extracción de oro. En esa oportunidad desde la empresa se afirmó que la contaminación estaba contenida en el emplazamiento de la mina. Sin embargo, análisis aguas abajo realizado el 30 de marzo por la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza encontró 0,0030 miligramos de mercurio por litro de agua. La empresa suspendió el uso de cianuro en la mina hasta junio de 2017, y pagó 5,6 millones de dólares en multas por los derrames de septiembre de 2016 y marzo de 2017. Según la información con la que cuenta el Relator Especial, no hay conocimiento sobre medidas tomadas por la empresa o el Gobierno de San Juan para llevar a cabo una recomposición ambiental después del presunto derrame.

Febrero 2022: En esta oportunidad el dato surge del informe de una periodista independiente, desestimado por la empresa y las autoridades competentes. Basando su análisis en las muestras de agua recogidas por la Universidad Nacional de Cuyo, la periodista demostró que los niveles de mercurio, aluminio, manganeso, arsénico y plomo estaban por encima de las normas de agua para el consumo humano de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de Argentina. De forma alarmante, los niveles de arsénico superaban 33 veces los de la OMS, los de plomo 16 veces y los de aluminio 485 veces. Estos niveles son incluso más altos que los registrados en el gran derrame del 2015.

Estas preocupaciones, tanto de Orellana como de otros especialistas que firmaron el documento, no solo llegaron a Barrick Gold, sino también a los poderes ejecutivos de Argentina, China y Canadá y a Shandong Gold Mining Co.

La respuesta de la empresa, firmada por el presidente de Barrick Gold

Dos meses después de la carta de Orellana a Álvarez apareció la respuesta de parte de la empresa minera. Fue firmada incluso por el presidente y director ejecutivo de Barrick Gold, Mark Bristow.

En la misma, desde la empresa se expresa que el documento de la ONU tiene “conceptos erróneos e inexactitudes”. “La acusación de un derrame o incidente reciente no tiene fundamento”, menciona, haciendo referencia al episodio denunciando de 2022.

En torno a lo detallado, Barrick solo reconoce tres episodios en el valle de lixiviación entre 2015 y 2017, señalando que solo el primero, sucedido el 13 de septiembre de 2015, ocurrió fuera de contención. “Fue el único incidente que resultó en la liberación de una solución de proceso que contiene cianuro en un curso de agua cercano, el arroyo Porterillos”, asegura la empresa, remarcando que el hecho no produjo daño en la salud de la comunidad.

Con relación a los episodios denunciados por la ONU, la empresa “categóricamente los niega”, señalando que los mismos “no tienen fundamento”. Además, invita a los miembros de la comisión, donde se encuentra Orellana y otros, para establecer contacto de manera directa con la munidad de Jáchal e Iglesia, a los fines de conocer la relación que la minera tiene con la comunidad.

Barrick y la Asamblea Jáchal no se toca, una relación cada vez más tensa

En su descargo, la empresa apuntó directamente a la asamblea jachallera que desde un inicio se manifestó en contra de la actividad minera. Bristow confirma que la Asamblea no lleva a cabo el monitoreo o muestreo del agua, sino que, en cambio, aplica su propia interpretación a los datos sin procesar generados por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCu).

“La propia UNCu aclaró que sus pruebas no pretenden demostrar derrames, incidentes o contaminación del río asociada con Veladero(…). En cambio, es la Asamblea la que ha pretendido inferir erróneamente esa conclusión a partir de los datos sin procesar sin más revisión o análisis”, señala la empresa, dando a entender que los datos que manejan desde la Asamblea, la principal fuente de reclamos hacia la mina, no serían tales como denuncian.

En ese sentido desde la empresa remarcan “Negamos las reiteradas acusaciones formuladas por la Asamblea y creemos firmemente que tal las acusaciones son parciales, no se hacen de buena fe y tienen la intención de alarmar a los residentes de las comunidades ubicadas aguas abajo de Veladero”.

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