Tucumán: Reiteraron el pedido de detención de exautoridades de la Universidad Nacional de Tucumán

Por la investigación por el desvío de recursos que dicha casa de estudios recibía de "Yacimientos Mineros Agua de Dionisio", que era explotado por la empresa del Grupo Glencore, Minera La Alumbrera

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió que se resuelvan los recursos de apelación interpuestos, hace nueve meses, por las defensas de los imputados.

El titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, requirió a la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción que le ordene al juez Fernando Poviña -titular del Juzgado Federal N°2- que indague y disponga la posterior detención de tres exfuncionarios de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), en el marco de la investigación por el desvío de recursos que dicha casa de estudios recibió de “Yacimientos Mineros Agua de Dionisio”, que era explotada comercialmente por Minera La Alumbrera Ltda., una firma del Grupo Glencore.

 

En ese mismo acto procesal, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió que se resuelvan los recursos de apelación presentados, hace nueve meses, por las defensas de las y los imputados contra los procesamientos oportunamente dispuestos.

El caso

La investigación, que comenzó en el año 2010, fue dirigida por el Fiscal Federal N°1 de Tucumán Carlos Brito, y contó con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (PROCELAC), se centra en las irregularidades detectadas en el uso de fondos provenientes de la explotación de “Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio” (YMAD), en la cual la UNT tiene participación. A su vez, dentro de su concesión, se encuentra el yacimiento de cobre, oro y molibdeno “Bajo de La Alumbrera”, que es explotado comercialmente por “Minera La Alumbrera Ltda.”, una firma del Grupo Glencore, que fue denunciado por lavado de activos en el marco de la investigación periodística conocida como “Paradise Papers”.

La hipótesis de la fiscalía gira en torno al presunto manejo indebido de los fondos remitidos por “Minera La Alumbrera Ltda” que, a través de mecanismos para dotarlos de legalidad, habrían sido redirigidos desde un circuito de dinero, previa y decididamente estructurado, hacia el patrimonio de distintos exfuncionarios de la universidad y distintos empresarios.

Procesamientos

Oportunamente, el juez Fernando Poviña procesó sin prisión preventiva a Juan Alberto Cerisola –exrector de la UNT entre 2006 y 2009-, Olga Cudmani –directora general de Construcciones Universitarias-, Osvaldo Venturino –director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión-.

Posteriormente, en el año 2022, se amplió la medida y se procesó también a Marcelo Eduardo Boero, Pedro Alberto Varella Otonello, Juan Manuel Peña, Guillermo José Pasquini, Ana Inés Cossio, Juan Carlos Aranda, Norma del Valle Zóttola, Ricardo Aníbal Fernández, Ruth Soledad Fernández, Manuel Guillermo Galindo,  Roberto Antonio Galindo, Javier Martínez Riera y Oscar Enrique Prado, Juan Vicente Guzmán, Eduardo Gordillo y Fernando Adrián Gordillo, Jorge Ignacio Zeballos y Máximo Federico Mellace, Luis Exequiel Movsovich, Héctor Gerardo Preatonio, Héctor Fidel Preatonio y Alejandro Martín Preatonio. Se trabaron embargos sobre sus bienes de entre 2,5 y 70 millones de pesos, y se dictó la falta de mérito de dos imputados.

La ampliación de la imputación, que derivo en el procesamiento de los empresarios, se sustentó en una presentación efectuada, en 2007, por el fiscal general Gómez, la que fue admitida por la Cámara Federal de Apelaciones tucumana, en ocasión de confirmar los procesamientos de los ex funcionarios de la UNT.

La decisión fue apelada por algunas de las defensas de las y los imputados, y resta que sea resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

La presentación de la fiscalía

Transcurridos nueve meses, sin que fuera debidamente tratadas y resueltas las apelaciones, el fiscal general Gómez solicitó que “se imprima celeridad” al trámite de las apelaciones, se cite a prestar declaración indagatoria a María Luisa Rossi, Augusto González Navarro y José Hugo Saab, exvicerrectora y actuales director General de Asuntos Jurídicos y secretario general de la UNT. Asimismo, requirió que se proceda a su posterior detención. Ello, por cuanto consideró que estos funcionarios no fueron ajenos a las maniobras por las que resultaron procesados Cerisola, Cudmani, Venturino y Sacca.

Seguidamente, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se proceda a la detención de los empresarios -ya procesados- Boero, Varella Otonello, Peña, Pasquini, Cossio, Aranda, Zottola, Ricardo Aníbal Fernández; Ruth Soledad Fernández; Manuel Guillermo Galindo; Roberto Antonio Galindo; Martinez Riera; Prado; Guzmán; Horacio Eduardo Gordillo; Fernando Adrián Gordillo; Zeballos; Máximo Mellace; Movsovich; Héctor Gerardo Preatonio; Héctor Fidel Preatonio y Alejandro Martin Preatonio".

En su presentación, el fiscal general Gómez también cuestionó que el juez no hubiera procesado a los exfuncionarios por el delito de lavado de activos ni asociación ilícita. En tal sentido destacó que, en el caso, “los imputados obtuvieron dineros a raíz del cobro de sobreprecios sobre el costo estipulado para llevar adelante obras en la infraestructura de la Universidad Nacional de Tucumán. Operaciones con apariencia de legalidad formal ya que contaron con el soporte normativo administrativo dictado por las autoridades competentes de la alta casa de estudios para facilitar el acceso ilegal a los dineros públicos”. Agregó que, “los dineros obtenidos ilícitamente fueron reintroducidos -en sus diversas modalidades y/o manifestaciones típicas en el mercado mediante las acciones ejecutadas por las empresas investigadas” y que no investigar las maniobras como lavado de activos implicaría un “mascaron de impunidad que beneficiaría a los imputados”.

Así, concluyó que existían indicios respecto a “que los encartados se hicieron de dineros de origen ilícitos y los reingresaron en la cadena de actividades desarrolladas por las empresas adjudicatarias de las obras publicas a ejecutar en el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán”.

En cuanto a la imputación por asociación ilícita, consideró que “dejar de lado la aplicación de esta figura típica, resulta por lo menos arbitraria. La señalada omisión atenta contra el éxito de la investigación, dado que el ingreso y la disposición final de los recursos económicos fue efectivizada con la sola finalidad de causar un serio y grave perjuicio al patrimonio al Estado”.

El fiscal general Gómez también explicó las razones por las que solicitaba la indagatoria de Rossi, González Navarro y Saab, al tiempo que entendió que “la presunta responsabilidad penal por el perjuicio causado, también, se precipita sobre los integrantes del directorio de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio”, por cuanto “los directores, con su accionar, facilitaron la rúbrica del convenio entre YMAD y UNT el 02 de enero de 2008, lo que facilito la disminución del monto dinerario que debía percibir la Universidad de acuerdo a la Ley 14.771, pasando de un 40% a un 20% de la utilidades que arroja el emprendimiento minero”. En el mismo dictamen, el fiscal peticionó que los nuevos imputados sean indagados en el marco de una nueva causa a fines de evitar la dilación de la pesquisa contra los empresarios.

Finalmente, pidió al Tribunal que se identifique a los integrantes del “Equipo de Planeamiento” y del “equipo económico” conformado por funcionarios de la Dirección General de la Administración, para que también sean citados a prestar declaración indagatoria en un posterior trámite y sin demorar la elevación a juicio de la segunda parte de la investigación. El pedido es “hasta tanto se concluyan las medidas investigativas conducentes, se determine el destino impreso a los activos públicos detraídos y se concrete la realización del debate oral del tramo procesal que ya fue elevado al Tribunal Oral Federal”, todo ello a fin de evitar que se entorpezca la pesquisa.

La causa original, que comenzó en el año 2010, se dividió en dos partes. La primera, en la que procesaron a Cerisola, Sacca, Cudmani y Venturino, se encuentra ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán, desde el año 2019, a la espera de que se realice el juicio. En dicho contexto, el fiscal Gómez -en su calidad de fiscal general subrogante ante el TOF- efectuó una presentación donde señaló una mora irrazonable para la realización del debate e insistió en la detención de los procesados. Por otra parte, el segundo tramo de la pesquisa, en la que se investiga la responsabilidad de los empresarios, continúa en trámite con las peticiones señaladas.

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