UNT: "A juicio por corrupción por los fondos de YMAD - UTE - Alumbrera
- 16 de abril, 2023
La Justicia Federal eleva a juicio al exfuncionario que fue filmado comprando un voto para la Asamblea Universitaria
En 2010 Ramiro Moreno fue filmado con una cámara oculta del saabismo ofreciendo contratos por un voto para la Asamblea Universitaria en medio del quiebre interno de la camarilla radical que aún gobierna la UNT. 13 años después, el entonces secretario de Bienestar Estudiantil irá a Juicio en el que la ex vicerrectora "Pini" Hernández y su brazo jurídico Augusto "Hochi" González Navarro, fueron citados como testigos. Los votos en la UNT que vuelven al centro de la polémica.
La Justicia Federal priorizó elevar a juicio a un exfuncionario corrupto de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) por la compra de votos que realizar el juicio en el que se dilucide el robo de la gran Ciudad Universitaria para Tucumán y la mega estafa aún vigente de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), con la anuencia de todos los directores y representante de la UNT que pasaron por el ente minero interestadual (al que el director de Jurídico de la UNT calificó como ente privado para el saqueo del exrector Juan Alberto Cerisola y compañía desde 2008).
En mayo de 2010, a días de la Asamblea Universitaria que definiría al Rector y Vicerrector se desató un verdadero "escándalo" que fuera tapa del Diarioo La Gaceta. El secretario de Bienestar Estudiantil, Ramiro Moreno, fue filmado ofreciendo contratos a cambio de votar a la fórmula que encabezaba el rector Juan Alberto Cerisola, quien buscaba su reelección, a un consejero estudiantil. Mientras todavía duerme en la Justicia Federal el juicio por el robo de la Ciudad Universitaria en 2008, ya se fijó la fecha para el inicio del juicio contra el exsocio electoral de José Hugo Saab, que comenzará el 4 de diciembre de 2023.
El sábado 8 de mayo, Ramiro Moreno y Damián Conde, empleado no docente del Teatro Alberdi, fueron filmados en un bar del parque 9 de Julio mediante una cámara oculta ofreciendo contratos de $2.500 a Jorge Gustavo Pedraza y Esteban Alejo Gallo, a cambio de que voten a la fórmula Juan Alberto Cerisola - Alicia Bardón. En la filmación, Moreno se ofrece a redactar el nombre del Rector en un papel (su voto) para que el consejero no sea descubierto por su letra. El video que expuso la compra de votos en las elecciones universitarias desató un escándalo en la UNT: el rector Cerisola apartó a Moreno de su cargo, mientras que la vicerrectora y candidata opositora, María Luisa Rossi de Hernández, presentó su renuncia.
"El juez me dio la posibilidad de ejercer mi defensa. Lamento en el alma que una campaña que debiera haber sido académica se haya visto teñidas de estos artilugios", afirmó Moreno tras prestar declaración indagatoria ante el juez federal Mario Racedo.
El abogado de Pedraza, Luis Acosta, tras presentar la denuncia recordó: "La grabación comienza antes de que ingresen al restaurante y culmina cuando salen. Mi cliente sintió que se trataba de una situación deleznable, y por eso decidió hacer la presentación. Se ve que el empleado del Rectorado intenta sobornar a las otras dos personas, a fin de obtener votos para las elecciones",
El video (que el lector podrá ver al final esta nota), dura aproximadamente una hora, aunque la versión que conoce la audiencia tucumana estuvo editado y subtitulado y fue remitido y publicado en tiempo récord en la edición online del diario La Gaceta (una versión alude a un trabajo del estudio del publicista Fabián Silva Molina, cercano a Saab, aunque aún no se pudo comprobar) y en un margen inferior de la pantalla se ve la fecha 26 de septiembre de 2007, lo que se atribuyó a una función desactualizada de la cámara: "A lo largo de la conversación surgen elementos que ubican temporalmente el encuentro. Por ejemplo, se habla de las fechas exactas de elección de decano y rector. También se ve al plantel de All Boys, que jugó el fin de semana contra San Martín. Además, en la calle se observan carteles de Dyango. Todo eso consta en el escrito", detalló el letrado, quien aclaró en su momento en La Gaceta que "el delito es contra la administración pública".
La fórmula Cerisola - Bardón se impuso en los comicios y en agosto de 2010 el Juzgado Federal Nº2 procesó a Moreno y Conde, y en 2012 la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó la validez probatoria del video registrado con la cámara oculta, luego de que los denunciados alegaron que la misma violaba sus derechos constitucionales a la privacidad y a la no autoincriminación.
En 2017, en el ámbito del Tribunal Oral Federal, los vocales Gabriel Casas y Carlos Enrique Jiménez Montilla sostuvieron que no les correspondía a ellos sustanciar el juicio oral, mientras que la exjueza Alicia Noli votó en disidencia. En mayo, la Cámara Federal de Casación, estrado con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejó sin efecto la resolución de Casas y de Jiménez Montilla, y les ordenó celebrar la audiencia.
Con la disidencia de Ana María Figueroa, los jueces porteños Diego G. Barroetaveña y Daniel Antonio Petrone reprocharon que sus pares tucumanos hayan resuelto que el supuesto delito era de naturaleza electoral y que, por ende, excedía la competencia del TOF cuando ya había precluido la instancia pertinente para cambiar la calificación legal de los hechos.
La causa contra Moreno quedó durante años paralizada en los mismos tribunales federales donde aún reposa la denuncia por el robo de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y por el (des)manejo de las regalías de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que ingresaban a las arcas de la Casa de Altos Estudios y que esta semana fue reactivada por el fiscal federal general Gustavo Gómez, subrogando al fiscal ante el Tribunal Oral Federal, Pablo Camuñas.
en los últimos días, Gómez reactivó la causa y pidió la detención de los procesados exrector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani, Osvaldo Venturino y Luis Fernando Sacca, como también de más de 20 empresarios tucumanos y la citación a indagatoria y posterior detención de María Luisa Rossi, Augusto González Navarro y José Hugo Saab, exvicerrectora y actuales director General de Asuntos Jurídicos y secretario general de la UNT en el marco de la denuncia por defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El robo de la Ciudad Universitaria, consumado el 2 de enero de 2008 mediante el acta que firmó el entonces rector Cerisola con autoridades de YMAD con la anuencia de los exrectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano, ya sentados en el directorio de YMAD en representación de la UNT, todavía aguarda fecha de juicio, mientras que Moreno será juzgado el 4 de diciembre de este año cuando los delitos que se le endilgan tuvieron lugar en mayo de 2008. Para consumar el latrocinio, Cerisola y sus cómplices -asegura el fiscal federal general- invirtieron la pirámide de Kelsen y mediante un "Plan de Obras" pergeñado a las apuradas pretendieron trocar el mandato de la Ley 14.771 -aún vigente- que en su artículo 18 ordena distribuir el 40% de las regalías de YMAD a la UNT para culminar la Ciudad Universitaria de San Javier "de acuerdo a los planos ya aprobados" (N. de la R: Planos de un equipo liderado por el gran arquitecto Eduardo Sacriste) para provocar así un flujo de dinero "de libre disponibilidad" hacia el rectorado que Cerisola y sus cómplices manejaron como "dinero privado" (sic) basándose en un dictamen de la dirección de Asuntos Jurídicos, conducida aún por Augusto González Navarro más conocido como "Hochi Min". González Navarro aún goza de una oprobiosa impunidad en la UNT y la Facultad de Derecho en la que ejerce impúdicamente el oficio docente como titular de Cátedra de Derecho Administrativo sin que autoridad alguna de dicha Unidad Académica se haya percatado desde 2008 a la fecha.
El video que muestra a Moreno ofreciendo dádivas electorales se produjo en momentos de quiebre momentáneo en la camarilla gobernante de la UNT. En su declaración ante el fiscal federal nº1 Carlos Brito por el robo de la Ciudad Universitaria, Cerisola adujo que todo era fruto de un "quiebre político" (reparto) con el saabismo. "Cuando en el año 2008, dicha licenciada aspira a ser rectora en el próximo período, teniendo como candidato de vicerrector al arquitecto Pablo Holgado, es que se empieza a producir todas las denuncias, es decir cuando se produce el quiebre político, y de esa manera se desarrolla una campaña política feroz desde esa fórmula, prueba de ello es que tenían mayoría absoluta el Consejo Superior y lo aplicaban permanentemente", manifestó Cerisola ante el fiscal federal.
Moreno y Conde fueron citados al juicio fijado para diciembre que tendrá como testigos a Jorge Gustavo Pedraza, Pini Hernández, Esteban Alejo Gallo, Augusto González Navarro, Pedro Fuenzalida y Graciela del Valle Navarro.
Antes de la grandilocuente aparición del video de Moreno en la portada del diario La Gaceta de mayo de 2010, habían circulado en ámbitos universitarios y periodísticos, copias del expediente del expediente 10.153 de la Secretaría de Extensión de la UNT en el que se probaba la distribución de votos para el senador José Cano con fondos públicos que el centenario diario omitió publicar.
En efecto, en dicho expediente -que ahora el lector puede verificar también al final de ésta nota- el CPN Federico Gutierrez Montini, entonces director Económico-Financiero de dicha secretaría de la UNT, reconoce que el entonces subsecretario de Extensión Ramiro Garrocho hizo pagar a la UNT la "distribución de votos para una campaña política" mediante dos facturas emitidas por la empresa Flash por un monto cercano a los $22 mil pesos. Lo inédito es que la propia empresa -a través de su agente Cyntia Capdevila- se quejó ante el CPN Montini por la demora en el pago y le demostró, vía mail, que el abogado Ramiro Garrocho había convenido con Flash la distribución de votos entre los afiliados radicales de capital. Para ello, Garrocho le remitió el padrón de la UCR capital. Eso sí, a cuenta y cargo de la UNT. Todo está por escrito en el expediente que el actual secretario de Extensión Marcelo Mirkin -amigo de José Cano y José Hugo Saab- no pudo reconstruir a pesar del pedido de la Justicia Federal. (y que el lector, el propio Mirkin y el fiscal Pablo Camuñas pueden cotejar al final de ésta nota).
Cabe recordar que por aquel entonces tanto Garrocho como Saab fueron nombrados asesores del entonces senador José Cano
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