San Juan: Nuevo round entre un proyecto minero top y los dueños del campo en Calingasta: ahora, usurpación

Luego de un reclamo millonario por presuntos pagos adeudados por servidumbre, los propietarios de la estancia profundizaron el cruce con los dueños de Los Azules.

Una pulseada llena de tensión, intereses y hasta amenazas.

Por Sebastián Saharrea

Un fuerte duelo entre particulares viene levantando temperatura en el ambiente minero sanjuanino y en los últimos días escribió un nuevo capítulo de alcance internacional: los dueños del campo Cortez Monroy -ubicado en Calingasta y que aloja a una gran cantidad de proyectos mineros de cobre de la provincia de alta potencialidad- presentaron una denuncia por usurpación contra los propietarios de la mina Los Azules. Con potentes cruces, amenazas por carta documento y mucho dinero en juego.

Se trata de un nuevo episodio de una novela que ya lleva varios antecedentes. Porque Campo Cortez Monroy (CCM) viene reclamando por vía administrativa e incluso litigando contra ese y varios proyectos más alojados en su territorio por deudas impagas producidas por la ocupación y la servidumbre de esa superficie, que argumenta no ha sido cancelada y alcanza varios millones de dólares según sus cálculos.

De acuerdo a la ley argentina, los dueños de la superficie no son propietarios de los yacimientos que haya debajo, sino que lo son las provincias. Y éstas entregan esas áreas de exploración a quienes las soliciten en formato de concesiones, con la ilusión de que en algún momento se conviertan en explotaciones mineras. Pero los adjudicatarios de esas áreas deben abonar un canon de servidumbre por el uso de la superficie, los caminos de paso, mejorías, etc.

Eso es lo que tiene a CCM de punta no sólo contra McEwen Minning Company -la principal accionista internacional de Los Azules- sino con varios otros proyectos alojados en los alrededores de sus dependencias y que las utilizan para desplazarse. Como varios que están en manos de Fortescue, Altar, o hasta un par de áreas muy prometedoras que pertenecían y fueron separadas de Pachón (proyecto que es vecino).

Con Los Azules, la pulseada entre las dos empresas viene desde que expiró un convenio entre ambas partes por esos conceptos de uso, hace un año y medio. A partir de allí, comenzó una tirante negociación por extender el acuerdo hasta el presunto fin de la vida útil de la hipotética mina, calculado para dentro de unos 30 años. Esos son varios millones en dólares en juego, hubo ofertas rechazadas desde ambos lados.

Los Azules es junto a Josemaría una de las grandes promesas de San Juan para concretar finalmente después de mucho tiempo el lanzamiento de una explotación minera concreta en los próximos años. Está alojado en Calingasta y lleva perforados 32.000 metros de pozos en su etapa de prospección. Su gerente general Michael Meding anuncia su comienzo de construcción para entre 2024 y 2026, pero en su última aparición en público lo dejó sujeto a innumerables condicionalidades de tipo político de difícil avance (https://www.tiempodesanjuan.com/economia/los-azules-la-mina-sanjuanina-que-apuesta-politicamente-el-cambio-n359686). De modo que su eventual construcción aún no está siquiera cercana.

Los cruces con CCM por ese canon impago vienen tramitándose bajo cuerda pero de manera intensa desde hace meses. Y en el medio de esa negociación es donde saltó una chispa que ahora derivó en una denuncia penal.

Ocurrió que el apoderado de CCM mando por mail en agosto pasado el reclamo no sólo a la casa matriz en Canada de Los Azules, a la compañía McEwen Minning, sino también a sus nuevos socios en el proyecto estelar sanjuanino: Stellantis, el cuarto productor de vehículos a nivel global, y Río Tinto, un tanque de la minería mundial.

Días después, la empresa McEwen respondió al mail del apoderado de CCM, y allí es donde se generalizó el fuego entre ambos que derivó en una denuncia penal por usurpación. Que el apoderado del campo sanjuanino, Armando Guevara, presentó ante la fiscalía del sistema mixto el pasado 8 de setiembre.

Allí, el campo argumenta que McEwen admitió estar utilizando una superficie adicional a los 12 kilómetros de servidumbre cuyo canon están negociando: son 200 hectáreas más que estaría empleando para una pista de aterrizaje y 40 kilómetros más de servidumbre hacia el sector de Pachón.

Los dueños de CCM sostienen que la superficie para construir el citado aeropuerto en la zona limítrofe de Argentina con Chile no está sujeta a ninguna adjudicación como área de exploración porque no es subsuelo sino la superficie. Y que por lo tanto, no hay ninguna área adjudicada por la autoridad de aplicación sobre ese espacio que ellos aseguran estar empleando, de acuerdo con la respuesta de McEwen que Guevara hizo certificar por el escribano Quevedo Mendoza y adjuntó en la denuncia.

CCM presentó la denuncia penal no sólo contra Andes Corporación Minera (la controlante de Los Azules) sino también contra sus flamantes socios en el emprendimiento: Stellantis y Río Tinto. Con lo que se activó un reguero de pólvora a nivel internacional. El sustento de la denuncia es el mail de respuesta de Rob McEwen, que según la denuncia de CCM sostiene lo siguiente: “las minas que comprenden el proyecto Los Azules NO están ubicadas dentro del CCM. Dicho campo sólo se superpone con un tramo de 12 kilómetros del camino de exploración, un poco más de nuestro camino de acceso Sur, y la pista de aterrizaje, sumando no más de 200 ha. Estas servidumbres han sido otorgadas por la autoridad minera y se han depositado las debidas fianzas en un proceso que continuará hasta la determinación de la compensación final por la ocupación de parte del campo de CCM, que es el asunto es disputa debido a nuestra diferente interpretación respecto al valor de mercado del terreno ocupado”.

Alude así a la negociación inconclusa por el canon, o incluso al “valor de mercado del campo” en concepto de compra. Pero los dueños del campo interpretan que “de la lectura del correo surge que han ingresado al campo de nuestra propiedad 200 ha para la construcción de una pista de aterrizaje y allí se encuentra configurada la usurpación”, porque sostienen que esa superficie no está comprendida por “ninguna concesión minera”.

El nuevo episodio motivó otro intercambio de intimaciones y respuestas vía carta documento con amenazas de nuevas denuncias penales. La primera fue enviada por Michael Meding, presidente de Andes Corproración Minera SA al apoderado del campo, Armando Guevara. Allí lo notifica que su empresa “está estudiando una acción penal por tentativa de extorsión o extorsión contenida en el correo electrónico enviado a Rob McEwen” por lo que intimó al letrado a que a que indique “si los hechos, actos y conductas (…) son de su propiedad intelectual”.

Guevara respondió que “rechaza en todos sus términos la Carta Notarial que me remitiera por su manifiesta improcedencia, temeridad y malicia” y que su actuación siempre fue en condición de representante legal de CCM. Primeros dos chispazos, de una secuencia que seguramente continuará

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