Luces y sombras sobre el "asunto cobre" en Mendoza, por Marcelo Torrez

El autor realiza un análisis del futuro del sector en la provincia

Cuando en su mensaje de asunción ante la Asamblea Legislativa el gobernador Alfredo Cornejo expresó su intención de profundizar el perfil exportador de la provincia para mejorar los ingresos fiscales y facilitando la generación de riqueza, quizás no tenía presente –como nadie, en verdad–, que el novísimo gobierno de Javier Milei, dentro de sus primeras acciones y medidas tomadas, anunciara la vuelta de las retenciones para algunos productos que habían dejado de padecer ese gravamen, como sucedió con el vino, que de la nada pasó a 8 por ciento, o para los productos de origen minero a los que se les fijó el 15 por ciento.

Y el martes, cuando el presidente reunió a todos los gobernadores del país, el propio Cornejo tuvo la impresión de primera mano de lo que tiene en mente Milei sobre estos derechos de exportación. “No los queremos, pero no teníamos otra opción. Será una medida transitoria. De no hacer esto, vamos hacia una híper (inflación). Como contrapartida a esto, preferimos mejorar la brecha, el tipo de cambio para que el perjuicio para el privado no sea más gravoso de lo que ya es”, resultó ser la visión del presidente, palabras más, palabras menos. Con lo que las retenciones, las nuevas y los aumentos, están firmes y no se sabe por cuánto tiempo más, en medio del proceso de estabilización y de reformas económicas que ha iniciado Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.

Pero Cornejo en aquel discurso mencionó un commodity en particular: habló del cobre. “Dentro de las restricciones que tenemos se puede hacer mucho más”, dijo el gobernador. Sobre las restricciones se refería claramente a la Ley Antiminera 7.722 y, en cuanto al cobre, pareció hablar más que nada de actividades básicas vinculadas con este mineral de altísima importancia y trascendencia en el contexto de transición energética global. Y en verdad, aunque en el Gobierno no se admita ni tampoco se diga, la actividad minera relevante sigue ausente en Mendoza, más allá de que este miércoles se ha festejado la aprobación para la prospección y exploración de tres emprendimientos en Malargüe conocidos como El Burrero, Las Choicas y La Adriana, que permitirán una inversión entre todos de unos 20 millones de dólares y “en estricto cumplimiento de la normativa vigente en Mendoza”, se preocupó en aclarar el Gobierno, tanto por medio del comunicado oficial o por el posteo en X de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. Quizás con un entusiasmo para algunos desmedido, la ministra afirmó que la exploración en estos proyectos será “crucial para la generación de nuevos empleos directos y en sectores como la metalmecánica, construcción, industria del conocimiento, comunicaciones, gastronomía, hotelería y diversos servicios asociados”. A lo que agregó, con acierto: “El cobre es uno de los minerales con mayor demanda y proyección a futuro en el mundo por sus múltiples aplicaciones en la construcción, las telecomunicaciones, la electrónica y el transporte. De hecho, es el mineral clave para la transición hacia las energías limpias”.

En el sector minero tienen una mirada algo diferente de la que podría tener el nuevo Gobierno provincial respecto del futuro inmediato del sector en la provincia. Entre los empresarios hay cierto escepticismo. En público, el sector, en términos generales, jamás se opondrá a los proyectos de exploración en danza. En privado sostienen que, en cuanto a la escala de los mismos, son irrelevantes, incluidos Cerro Amarillo en Malargüe. Y que más de 90 por ciento de los emprendimientos exploratorios fracasan, con resultados negativos.

En verdad, los mineros mendocinos siguen sosteniendo que, sin la modificación de la ley, poco se aportará a la producción nacional de los minerales necesarios para la mentada transición. Y se está lejos de volver a intentar lo que el ex gobernador Rodolfo Suarez buscó a comienzos de su gobierno cuando se logró una nueva norma que, a la semana de vigencia, se derogó por todo lo que ya se sabe. Y si bien Cornejo no le cierra la puerta del todo al auge de la minería metalífera en la provincia, aguarda que la licencia social que requiere la actividad emerja naturalmente, una vez que la sociedad encuentre confianza en el Estado para controlarla.

Los mineros mendocinos, en particular los vinculados con el cobre, están a punto de formar parte de la Mesa Nacional del Cobre, de inminente presentación, como ya sucedió con la Mesa del Litio. En el país hay ocho proyectos avanzados de cobre y, entre ellos, aparece el mendocino San Jorge, el único avanzado a un nivel de estar en condiciones de arrancar casi de inmediato con la explotación si se lo permitiese. Dicen esto por la escala del emprendimiento. San Jorge requiere una inversión de 600 millones de dólares frente a otros más atrasados, como Josemaría en San Juan, pero de 5.000 millones de dólares. Con ninguna mina de cobre en actividad en la Argentina, la última resultó ser la catamarqueña Bajo La Alumbrera, ya agotada, todo indica que la administración de Milei buscaría darles aire a los proyectos en danza, aunque también en el plano nacional persisten las dudas y las incógnitas sobre la política específica que se implementaría.

San Jorge podría, dicen los mendocinos, “alcanzar la luz antes que nadie”, pero se tiene que empezar de cero en la presentación de un nuevo proyecto, tras aquel inicio fallido del 2011. Y los nubarrones que lo han acompañado todavía persisten, aunque la presentación arrancará de cero, porque, de igual manera, su aprobación está condicionada, como todas, al aval legislativo: un laberinto indescifrable para el sector, por la alta tensión persistente por temas de interés sectoriales, políticos y motivos ambientales.

Cuando en las últimas horas en el Gobierno festejaron la aprobación de los tres proyectos nuevos de Malargüe, no pasó desapercibido el posteo del experto ambientalista, consultor y ex funcionario del gobierno, Eduardo Sosa, el que, sin ambigüedades, aseguró que los legisladores fueron timados: “Debieron ser un poquito más rigurosos, al menos leerlos (a los proyectos), porque los han engañados”, dijo el polémico militante ambientalista. Y más adelante aclaró sus dichos, al sostener que ningún proyecto de cobre o de minería metalífera puede llevarse adelante en la provincia porque todos usarían sustancias tóxicas. Y respecto del fallo conseguido por San Jorge en la Corte, en donde el máximo tribunal declaró inconstitucional uno de los artículos de la 7.722 en el punto que se afirma “y otras sustancias tóxicas”, Sosa da a entender que nadie se haga los rulos porque ese fallo sólo beneficia a San Jorge. “Déjenme decirles que eso ocurrió para una sola sentencia y que para el resto de los procedimientos sigue vigente el texto original de la norma”. Todo dicho

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