Durísimo: Milei arrugó, no privatiza YMAD y las castas de Catamarca y la UNT seguirán recibiendo millones de dólares sin cumplir con la Ley 14.771

Desde El Tucumano siguen atentos a las novedades sobre YMAD por la "ESTAFA A LA UNT"

Yacimientos Mineros Agua de Dionisio seguirá perteneciendo al Estado Nacional, Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, la más rica del país. Un mes atrás, en el aniversario de la estafa contra la universidad tucumana, el Rector Pagani y el gobernador de Catamarca le pidieron a Javier Milei que los respete como copropietarios y citaron la letra del artículo 18 de la Ley 14.771 que violaron con la falsificación de la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier que la misma Ley les ordena construir.

La gavilla de YMAD que estafa a la UNT respira aliviada luego de la concesión de Javier Milei.

El pasado viernes, tras casi 30 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en general el dictamen de mayoría de la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley Ómnibus del presidente Javier Milei.

El gobierno de Milei dio marcha atrás con su lista de empresas estatales a privatizar, entre las que se encontraba Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), por lo que las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán y el gobierno de Catamarca respiran aliviadas ya que seguirán recibiendo millones de dólares en regalías que YMAD les remite año a año.

Hace casi exactamente un mes atrás, se conmemoraban 16 años de la falsificación por acta de la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier a la UNT que ordena la Ley 14771.

Un 2 de enero de 2008, en una fecha totalmente atípica para el calendario académico, el por entonces Rector Juan Alberto Cerisola firmaba un convenio con la empresa interestadual Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) declarando que la UNTdaba por concluída la Ciudad Universitaria en San Javier para obtener así los millones mineros de libre disponibilidad para el saabismo.

El pasado 2 de enero de éste año, en un nuevo aniversario de la estafa contra la UNT, el actual Rector Sergio Pagani y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, le suplicaron al presidente Milei que no privatice YMAD. En una nota conjunta, especificaron que “es unánime la jurisprudencia judicial y de la Procuración del Tesoro de la Nación, así como calificada doctrina que analizan la especial caracterización de YMAD, que es el fruto de un acuerdo de entes estaduales (Acta de Farallón Negro del año 1958), por lo que la Ley N? 14.771 ha sido considerada como una muy especial “ley convenio” que solo puede ser modificada o alterada, como condición de legitimidad, como resultado de un nuevo acuerdo de la Provincia de Catamarca y de la Universidad Nacional de Tucumán, que respectivamente representamos y que son los únicos dueños y exclusivos legitimados a los derechos económicos derivados de su explotación”.

En dicha misiva, sorprendió que Pagani citara la Ley Nº14.771 de creación de YMAD, que fuera adulterada por el aún director de Asuntos Jurídicos de la UNT, Augusto González Navarro, ocultando en sus dictámenes el mandato del artículo 18 de la citada la ley que establece que los fondos de YMAD se debían destinar a la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier “conforme a los planos ya aprobados”, planos ocultados por años por la gavilla gobernante y que fueron localizados por eltucumano.com y que la UNT nunca se dignó a buscar, y que hoy constituyen una prueba clave de la investigación en la Justicia Federal.

También González Navarro fue el encargado de "dictamenes" que equiparaban simples obras de refacción al mecampus de San Javier y que se realizaran al margen de la Ley de Obras Públicas, lo que devino es un escándalo de sobreprecios que se investigarán en el juicio que tiene fecha de inicio para el 29 y 30 de abril, a pesar de que el fiscal general Carlos Brito nunca investigó el delito principal, la falsificación de la construcción de la Ciudad Universitaria para acceder a fondos de libre disponibilidad, y sí los sobreprecios y colocaciones de fondos cuyo origen no indagó.

En 2020, la Cámara de Apelaciones hizo lugar al pedido de medida cautelar de la UNT sobre la nulidad del acta que el ex rector, Juan Cerisola había firmado el 2 de enero de 2008 con el directorio de YMAD: así, se permitió que los fondos presuntamente millonarios de la minería nacional que corresponden a la UNT se reserven y depositen a la orden del juzgado federal de Catamarca y que sean colocados a plazo fijo.

Marcha atrás con la privatización

Los diputados catamarqueños defendieron la semana pasada la permanencia de YMAD en la órbita estatal, considerando la posibilidad como "una intromisión del Estado nacional en asuntos que le corresponden a la provincia".

La diputada nacional Silvana Ginocchio, además presentó una cuestión de privilegio en contra de Javier Milei, y dijo "que no están claros los motivos por los cuales se quiere privatizar la empresa minera y que representa un avance sobre la subordinación financiera de la provincia".

Entre los argumentos, Ginocchio había expuesto la jurisprudencia acerca de la conformación de YMAD, junto a un dictamen de la Corte Suprema de Justicia que expresa que el acuerdo de YMAD solo puede ser modificado por los firmantes: Secretaría de Energía de la Nación, Gobierno de Catamarca y Universidad Nacional de Tucumán.

En tanto aseguró que el régimen de YMAD se diferencia de las empresas estatales no solo por la particularidad del acuerdo, sino también en cuanto al reparto de utilidades que "corresponden al Gobierno de Catamarca y a la Universidad Nacional de Catamarca, no al Estado Nacional".

La diputada señaló que la empresa no depende del Poder Ejecutivo, tiene un directorio que es el que administra y toma las decisiones, y que tampoco es supervisada. Agregó que la actividad (explotación de oro y plata) es superavitaria, con utilidades que reparte entre la Provincia y la UNT sin que intervenga el Estado. Además hizo alusión a los 500 empleados que trabajan en la empresa.

Esta concesión del Gobierno Nacional permitió que El Rector de la UNT, Sergio Pagani, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil -cuyo hermano Fernando Jalil era hasta el arribo de Milei al Ejecutivo el presidente de YMAD-, respiren aliviados ya que una posible privatización los obligaba a renunciar a los millones de dólares en regalías que genera la explotación de los yacimientos mineros en la provincia vecina, donados a la UNT por el generoso Abel Peirano, descubridor del yacimiento de Farallón Negro, y repartidos por una ley del gobierno del radical Arturo Frondizi (1959), que reza:

ARTICULO 18- Las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma:

a) El sesenta por ciento (60%) para la provincia de Catamarca. Hasta el 7 de junio de 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la ciudad universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al 50% del total general, destinándose el 10% restante a la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán;

b) El cuarenta por ciento (40%) restante será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados;

c) Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior, de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40%) se destinará el cincuenta por ciento (50%) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50%) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado.

El Robo de la Ciudad Universitaria comenzó a gestarse con el desvío de fondos que debían ir a la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier, desvío que se remonta a 2005 cuando los ex rectores radicales Marigliano y Campero malversaron un millón de dólares que Minera La Alumbrera le otorgó a la UNT como “anticipo de utilidades” en el marco de la ley 14.711 que ordena la construcción del campus en el cerro. Para ello se valieron de una triangulación con el Banco Río y la venia del Consejo Superior de aquel entonces y del encubrimiento posterior del destino de los dólares en los informes de la secretaria EconómicoAdministrativa Lidia Ascárate y del falso querellante Rodolfo Burgos -todos miembros de la camarilla radical conocida como "saabismo"- lo que confirma un accionar sistemático y en banda del radicalismo tucumano contra la Universidad Nacional de Tucumán con la protección del diario La Gaceta y del fiscal federal Carlos Brito (cómplice de encubrimiento que no realizó siquiera una imputación fiscal sobre la falsificación).

El 27 de diciembre de 2007, cuando el directorio de YMAD rubricaba el Acta Nº498 que incluyó -de puño y letra- el texto que debía firmar días después el Rector Cerisola con las autoridades de YMAD: los exrectores y directores de YMAD por la UNT Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano -ya fallecido- falsificaban el proyecto de la Ciudad Universitaria a cambio de que los fondos que llegaban a la UNT bajen a la mitad y sean "de libre disponibilidad" de la camarilla radical que aún gobierna la UNT.

El acta 498 del directorio de YMAD, luego ratificada por Cerisola, condicionaba la entrega de "créditos" a cuenta de "futuras utilidades líquidas" a la UNT, supeditaba la entrega de fondos de la minería a que la UNT se declare satisfecha en su derecho a que esos fondos se destinen a construir la Ciudad Universitaria. Una vez culminaba la misma, esos fondos bajaban del 40% al 20%, pero pasaban a ser de "libre disponibilidad" para las autoridades de la UNT.

Aquel 2 de enero de 2008, la UNT declaró “satisfecha la obligación de distribuir a favor de dicha universidad el porcentaje del cuarenta por ciento (40%) contemplado en el artículo 18, inciso b), de la Ley 14.771", que reza que "el cuarenta por ciento restante (40%) será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados".

Los planos originales del proyecto Ciudad Universitaria del Rector Horacio Descole durante el gobierno de Juan Domingo Perón y diseñados por el equipo de arquitectos y profesionales que lideraron Eduardo Sacriste, Horacio Caminos y Jorge Vivanco fueron localizados por eltucumano.com en la Planoteca del Rectorado de la UNT, bajo custodia de funcionarios que responden directamente a José Hugo Saab, secretario general y jefe de la burocracia universitaria, cuya indagatoria y detención fue requerida por el fiscal federal Gustavo Gómez. Esos planos -que la ley ordenaba buscar- jamás fueron buscados por las autoridades de la UNT y constituyen una prueba clave en el juicio que comenzará en abril de este año.

Catamarca quiere el 100% de las regalias de YMAD

A mediados de enero, el diputado provincial de Catamarca, Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) presentó un proyecto de ley con el que pide que se provincialicen los recursos mineros del área de YMAD y a partir de esa medida se cree una nueva empresa totalmente catamarqueña. El planteo de los Catamarqueños para desapoderar a la UNT, cuenta con el apoyo de dos de sus más prominentes comprovincianos: los también catamarqueños José Hugo Saab y Rodolfo Tercero Burgos, éste últimopupilo del saabismo y encargado de lograr su impunidad judicial en el corrupto fuero federal de Tucumán (funge actualmente como "querellante" en la causa YMAD- Cerisola, contratado en forma privada por el rectorado de la UNT).

Según el Ancasti, el legislador planteó este proyecto con la intención de que los recursos que se generan en Farallón Negro sean en su totalidad para la provincia sin tener que compartir con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la otra titular de YMAD. "El art. 124 de la Constitución Nacional establece con total claridad que los dueños originarios de las riquezas mineras son las provincias. La Constitución reformada en 1994 le dio esa potestad a las provincias, un derecho que no tenían con la Constitución anterior. Llamativamente, nuestra provincia jamás hizo valer el nuevo marco constitucional y siguió explotando el área de YMAD, donde se encuentran Farallón Negro y Bajo la Alumbrera, con lo que establecía la vieja Constitución. ¿Si los dueños originarios de las riqueza minera son las provincias, por qué seguimos explotando YMAD en sociedad con la UNT?", sostuvo el legislador en los fundamentos de su proyecto.

Recordó que YMAD y Bajo la Alumbrera conformaban una Unión Transitoria de Empresas (UTE), lo que le permitía a YMAD obtener el 20% de la utilidades de las cuales el 60% eran para Catamarca y el 40% para la UNT. "La explotación de Alumbrera se inició en 1997 y durante los más de veinte años que duró ésta, fue mucha la plata que perdió Catamarca, por no haber hecho valer lo que la Constitución Nacional reformada en 1994 establecía", cuestionó Ávila.

"La claudicación de los distintos gobiernos provinciales en este tema es incomprensible, y hoy se hace necesario ponerle un punto final, avanzando definitivamente con la provincialización de los recursos mineros del área de YMAD, para empezar a ejercer los derechos que nos da la Constitución Nacional en el art. 124", consideró.

Eltucumano.com