Tucumán: El coacheo mediático no alcanzó: la pregunta que derrumba la defensa de Cerisola

El robo de la Ciudad Universitaria

El ex Rector y sus abogadas, asesorados por el saabista Germán Valdez, no pueden explicar por qué le puso su firma al acta del 2 de enero de 2008 donde la UNT se declaró "satisfecha" en su derecho a cobrar el 40% de las utilidades de YMAD para construir la Ciudad Universitaria, declarando así "terminada" la misma.

Avanza el juicio oral y público por el desfalco de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que por Ley 14.771 debían (y deben) destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El ex Rector Juan Alberto Cerisola es el principal imputado por El Robo de la Ciudad Universitaria y ya prestó declaración durante unas siete horas en la tercera audiencia del juicio, pero ni él ni sus abogadas logran explicar por qué firmó el acta del 2 de enero de 2008 donde la UNT se declaró "satisfecha" en su derecho a cobrar el 40% de las utilidades líquidas y realizadas de YMAD para construir la Ciudad Universitaria, declarando así "terminada" la misma.

El reconocido periodista Germán Valdez, conductor de Primer Plano, es el principal brazo mediático del Saabismo y estratega comunicacional de Cerisola y su equipo de abogadas. Fue en una entrevista con el programa que conduce en el canal América donde el ex Rector "rompió el silencio" en la antesala del inicio del juicio (tras la primera postergación del debate oral y público), donde empezó a desplegar su estrategia mediática.

Coacheado por Valdez, Cerisola intenta instalar que no tenía más opción que firmar el acta del 2 de enero, y asegura que fue y es víctima de una interna de la UNT y un complot en su contra, ya que a su criterio la Ciudad Universitaria sí existe, las obras que se realizaron durante su gestión convirtieron a San Miguel de Tucumán en una "Ciudad Universitaria", él como Rector no tuvo nada que ver con presuntos sobreprecios en esas obras y no hay faltante de fondos en la UNT producto de las colocaciones financieras realizadas con las primeras remesas hasta que logró a toda velocidad esbozar el plan de obras que se iba reescribiendo sobre la marcha en la medida que llegaban los millones de YMAD. El propio Valdez frecuenta la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán en las audiencias del juicio, no para desarrollar tareas periodísticas sino para supervisar el accionar de Cerisola y su equipo asesorado de abogadas.

Tal como señaló eltucumano.com, el 27 de diciembre de 2007 se firmó el acta N°498 del directorio de YMAD donde los exrectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano, directores por la UNT, promovieron y redactaron el acta que luego Cerisola firmaría el 2 de enero, apenas unos días después y en una fecha atípica para la vida universitaria. Cerisola y su defensa, ejercida por las abogadas Silvia Peyracchia y Luz Casen, basan toda su estrategia en que el por entonces Rector estaba "obligado" a firmar el acta del 2 de enero y no tuvo otra opción que rubricar el acuerdo que redujo las utilidades que recibe la UNT de YMAD del 40% al 20% tal como establece la Ley una vez que se termine la Ciudad Universitaria: eso sí, ese 20% pasaba desde ese momento a ser de libre disponibilidad del Rectorado.

En la antesala de la audiencia, eltucumano le consultó a la abogada Peyracchia si Cerisola "estaba obligado a firmar el acta" luego de que la defensora de Cerisola hizo hincapié en la obligación que tenía de aceptar de algún modo la decisión "que toma por unanimidad el directorio de YMAD" ya que "se trata de un acto precedente" en el que "el directorio decide dar por concluido ese reparto".

"Por supuesto que estaba obligado a firmar", sentenció Peyracchia. Un cronista de este medio insistió: "¿Qué pasaba si se oponía a la firma?", y nuevamente la abogada de Cerisola afirmó: "No se podía oponer. Esta no es la primera vez que escucho la pregunta, que está bien armada. Yo les pregunto a ustedes: ¿Qué ha pasado con la decisión que ha tomado posteriormente, después de doce años la UNT, cuando intentó revertir esa decisión? Han iniciado un juicio y están con plazos suspendidos desde hace seis años. Está bien la pregunta".

En su declaración indagatoria, Cerisola insistió con que estaba "obligado" a firmar el acta que a su criterio es "un recibo" del cobro de la última remesa dineraria por el 40% de las utilidades líquidas y realizadas a la UNT; si el Rector no firmaba, se entiende, dejaba de cobrar en ese momento $36 millones de pesos a los que accedió por rubricar aquel "instrumento".

En ese sentido, recalcó que las decisiones de YMAD son "irrecurribles" para la UNT, responsabilizando por la misma a los por entonces vocales directores Campero y Marigliano ya fallecido-. No obstante, Cerisola sostiene que aquella determinación fue "legítima".

Para Cerisola, el Centro Herrera, el Centro Prebisch, el Rectorado y las dependencias de la UNT en el microcentro, más el Teatro Alberdi, el Centro Cultural Virla, el Museo de la UNT, sumado a la cercanía con el Parque Sierras de San Javier y la presencia de otras Universidades (mencionó a la UNSTA, la UTN y la U-SPT) convierten a San Miguel de Tucumán en una "Ciudad Universitaria".

"Me di cuenta que San Miguel de Tucumán es una Ciudad Universitaria", sentenció. No hubo luego preguntas alusivas a tamaña definición de parte de la Fiscalía o la querella, que prácticamente dejaron pasar tamaña definición de parte de Cerisola, como tampoco indagaron en la obligatoriedad a firmar el acta que buscó despojar a la UNT de su derecho a construir su Ciudad Universitaria. Sí le preguntaron si por lo menos había leído el acta del 2 de enero de 2008, pero la falta de insistencia de las partes acrecienta las sospechas de un gran pacto que podría hacer caer la denuncia y los demás juicios por corrupción por el manejo de fondos de YMAD que embarran a la Universidad Pública tucumana.

En la causa se encuentran imputados tanto Cerisola como los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani –titular de la Dirección de Construcciones Universitarias-, Osvaldo Venturino –Director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión-. Todos fueron procesados como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (art 174, inc 5, en función del art.173, inc 7 del CP). Sacca por las colocaciones financieras del dinero YMAD y los otros exfuncionarios por la realización y refacción de obras con esos fondos. Además, a Cerisola y a Sacca se los procesó por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP).

Eltucumano.com