Mendoza/Rápido y furioso: por qué Cornejo ahora apura decisiones claves para la provincia

El Gobierno acelera para ejecutar decisiones que condicionarán el futuro de la provincia. Cornejo es reformista, pero mantiene las viejas estructuras políticas con concentración del poder.

Por Pablo Icardi

En Mendoza confluyen tres hitos que serán fundamentales para condicionar el futuro de la provincia. El Gobierno trabaja para sancionar el Código de Aguas para cambiar la normativa que enmarca la administración de ese recurso. Al mismo tiempo se analiza qué hacer con el agua subterránea, que genera negocios enormes alrededor y, en simultáneo, se elabora el Plan Hídrico, el eje fundamental para ejecutar las políticas, para hacer tangibles y convertir en hechos la planificación que se haga. De esos tres ejes depende el futuro urbano, productivo, energético y también los negocios. El contexto indica que las decisiones sobre el tema son necesarias, urgentes y es el momento oportuno.

El problema es que toma a Mendoza en un momento de atrofia política, con poco desarrollo del músculo del debate. Si en los últimos 8 años la política mendocina se pareció a un monólogo, el modelo se reproduce como costumbre. Vale decir, igual, que muchas de las reformas cornejistas fueron aprobadas por una mayoría que excedió el número propio en la Legislatura. Pero también que gozaron del consenso de la uniformidad política en casi todas las instancias de poder de Mendoza, incluidas universidades y hasta colegios profesionales. Entre las opciones que tiene el Gobierno para avanzar, eligió el camino de la velocidad: que sea rápido, más allá del cómo y qué. Curioso, pues va camino a los 12 años de gestión. Lo mismo ocurre con el impulso a la minería: la celeridad se impone.

El Código propuesto incluye un ordenamiento normativo y el reconocimiento a que el agua no es solo irrigación. Por eso se devolverá el nombre “Departamento de Aguas”. Está explicitado allí que ese recurso tiene un valor económico, pues es el elemento fundamental para generar riqueza. Una porción de tierra seca casi no tiene valor. La potestad de poder tener agua hace que ese terruño tenga una relevancia mucho mayor. Se nota, por ejemplo, en el Sur de Luján y el Valle de Uco, donde la especulación y los negocios por el agua involucran negocios con millones de dólares de por medio. El Código propuesto reproduce también un patrón.

Alfredo Cornejo es reformista y desde que asumió en 2015 modificó la estructura estatal, el mecano administrativo, jurídico y legal de gran parte de Mendoza. Pero en esas reformas hay una pieza inmóvil, cementada y que demuestra que en una parte del reformismo cornejista hay una impronta convenientemente conservadora. En ninguna de las reformas ejecutadas se modificó el poder de la política sobre el resto de las instituciones; aún cuando las tendencias en las instituciones modernas apuntan a agilizar y aumentar la participación. En el Código de Aguas propuesto no se modifica en nada el “gobierno del agua”, guardando para el Superintendente y los consejeros todas las potestades y, sobre todo, la supremacía del gobernador real de Mendoza para elegir. En la práctica Irrigación se transformó en un apéndice del inquilino del sillón de San Martín. Amigos, aliados políticos, conformistas. Incluso hay una curiosa coincidencia temporal, pues Cornejo y Marinelli fueron reelectos en sus cargos.

El mismo modelo de reforma con impronta conservadora en lo político se reprodujo en la ley de funcionamiento de la Suprema Corte, donde no se agregó ningún control ciudadano a la elección de los ministros; tampoco en la Ley del Ministerio Público y menos en el Tribunal de Cuentas. Los gobiernos de Cambia Mendoza mantienen el poder de la política, la supremacía del Poder Ejecutivo, para tomar decisiones. En la micropolítica el enfoque para que las decisiones sean cada vez más endogámicas también se marcan: se aprobaron aumentos automáticos de la electricidad y el agua, con actualizaciones trimestrales y bimestrales sin consulta y hasta con el boleto del colectivo el Gobierno interpretó que ya tiene autorización anual para llevar el precio hasta el valor “real” (que supera los 1700 pesos), por lo que prescindirá de cualquier explicación hasta fin de año. 

Decisiones claves

En el caso de Irrigación hay matices particulares por la coyuntura. Ese organismo es autárquico y autónomo. En 2024 tiene un presupuesto de 16 mil millones de pesos, pero es un número engañoso. En paralelo tiene acceso a financiamiento externo para obras y, además, será el principal ejecutor de obras con los 1023 millones de dólares que Mendoza tiene disponibles. Irrigación, Aguas Mendocinas y EMESA tienen gran parte de las llaves de acceso a los recursos que hoy tientan a intendentes, empresas constructoras y que, en el fondo, pueden nutrir el futuro de la provincia.

Nadie avizora que el Ejecutivo pueda poner en riesgo esas decisiones. Esos recursos tendrán como fin obras de infraestructura básica como líneas de media tensión, canales de agua y hasta potabilización. Nuevamente, hacia donde vayan esos recursos irá la riqueza, por lo que las decisiones que Alfredo Cornejo tome en lo que le queda de gestión condicionarán, para bien o para mal, los próximos 50 años de Mendoza. Parte de ese proceso ya se hizo, pues fue en la “era de Cambia Mendoza” donde se otorgaron concesiones, prórrogas y avales que exceden largamente la vida política de quienes firmaron. Potrerillos, contratos eléctricos, transporte, logística, minería (con Potasio Río Colorado y las concesiones que vienen), juego físico (con la sala del Este y el Casino Central) y virtuales (se otorgaron 5 licencias que involucran, ahora sí, a todos los socios locales y se licitaron 2 más) y la lista crecerá. Gran parte de las actividades que también involucran negocios han sido reformuladas en los últimos años. 

La aceleración para ejecutar, aún con algunas tuercas flojas, también está en el impulso al Distrito Minero Malargüe. Allí hay en grupo casi 40 proyectos de exploración, bastante menos de lo previsto originalmente, pero muchos más de lo que se acostumbra a analizar. Impulsa Mendoza financió el proyecto, incluidos los estudios específicos de impacto ambiental de las propiedades incluidas en los más de 20 mil kilómetros cuadrados de extensión que tiene. También está abierta la puerta para que el Estado financie parte de la infraestructura necesaria, como la apertura de caminos. Ya lo hará, también, con la línea eléctrica que necesita Potasio Río Colorado para funcionar. El mismo grupo de funcionarios y empresarios maneja el proyecto para que el olvidado pueblo “Pata Mora” se convierta en un polo logístico y para eso destinaron más de 2 millones de dólares en los últimos días. La intención es que, con dos décadas de atraso, pueda revertirse una situación paradójica que ocurre hoy: para poder proveer de recursos humanos, logísticos y energéticos, los proyectos mendocinos dependen de Neuquén, del otro lado del Río Colorado.

La intención del gobierno es llegar al próximo verano con algún proyecto del Distrito Malargüe activo. Por eso aceleran, con furia, para que la Legislatura los apruebe en septiembre a más tardar; aún cuando los informes están flacos de opiniones externas. En realidad, entienden en el sector, de ese enorme grupo de proyectos no hay más de 5 que puedan ejecutarse realmente en el corto plazo. Aunque, claro, los trabajos de prospección (que involucran recorridos en el terreno) también contarán como tareas mineras iniciales. “Hacer”. Esa es la idea fuerza que buscan instalar, por ahora más allá del cómo. “Esperemos que no se repita la historia. Ya tuvimos Portezuelo del Humo”, dicen irónicamente en Malargüe, recordando la frustración que fue para ese departamento el fracaso del proyecto de represa aún cuando el Gobierno había abierto inscripciones prometiendo trabajo. Más latente tienen los sureños el derrumbe que fue el cierre de Potasio Río Colorado, con más de 4 mil empleos caídos de un día para otro. Por eso, en esas tierras tienen claro que más que rápido, lo importante es que las cosas se hagan bien.

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