Mendoza adhirió al RIGI, en medio de un encendido debate en el Senado

Con el RIGI, Mendoza se posiciona como un destino atractivo para grandes proyectos que, sin un entorno fiscal competitivo y seguro, resultarían inviables.

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por 24 votos a favor y 14 en contra la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este proyecto, contemplado en el Título VII de la Ley 27.742, no solo abre la puerta a la llegada de importantes capitales, sino que también establece un marco de certidumbre y estabilidad clave para el desarrollo de sectores estratégicos.

La senadora Ángela Floridia, presidenta de la comisión de Hacienda, destacó la importancia de este régimen para proporcionar estabilidad y seguridad jurídica a los inversores en áreas como la infraestructura industrial, minera y tecnológica. "Estos sectores enfrentan desafíos significativos, como la necesidad de capital intensivo y largos periodos de recuperación. Este régimen les ofrecerá un entorno favorable para su desarrollo", explicó Floridia, subrayando la relevancia de la iniciativa para el futuro económico de Mendoza.

Posteriormente el senador Dugar Chappel, del Partido Verde, expresó: "Tenemos que ver si estamos ante algo novedoso o si estamos repitiendo errores del pasado. Estamos dando un beneficio interesante para la inversión en el país, pero hay que evaluar varios aspectos. Nuestro voto será negativo", afirmó Chappel, evidenciando su preocupación por la falta de innovación en el proyecto.

Por otro lado, Armando Magistretti, del Partido Demócrata-La Libertad Avanza, manifestó el apoyo de su bloque, enfatizando la importancia de la adhesión solicitada por el Poder Ejecutivo. En contraposición, el senador demarchista Ariel Pringles, de lo que se denominó "La Unión Mendocina", expresó su oposición, argumentando que "este régimen perjudicaría a las pymes y crea una competencia desleal. Se debería haber hecho alguna reserva o enmienda para proteger a los pequeños empresarios".

Las críticas también vinieron desde el Partido Justicialista. El legislador Gerardo Vaquer advirtió sobre los riesgos para la soberanía provincial: "Con esta aprobación, estamos entregando soberanía sobre nuestros recursos naturales. Es preocupante lo que se intenta llevar adelante para cambiar la matriz productiva de nuestra provincia". La paceña Cristina Gómez, de la misma bancada, cuestionó la equidad del proyecto: "Es una discriminación para el interior de la provincia. Aquí se benefician los grandes inversores, pero se olvida a los pequeños productores".

El senador Félix González también manifestó reservas, destacando la falta de claridad en la regulación de la iniciativa: "Estamos aprobando la adhesión a un régimen que todavía no está reglamentado", señaló, pidiendo mayor información antes de avanzar.

En defensa del proyecto, la senadora Natacha Eisenchlas, presidenta del bloque Radical, explicó que la adhesión no afecta la autonomía fiscal de la provincia, ya que se limita a garantizar la estabilidad fiscal sin aumentar tributos. "Mendoza ha demostrado un comportamiento fiscal responsable, manteniendo las alícuotas estables y apoyando a las pequeñas y medianas empresas", subrayó.

Finalmente, el senador Martín Kerchner, presidente provisional del Senado, cerró el debate respondiendo a las críticas y defendiendo el proyecto como una medida necesaria en el contexto económico actual. "Vivimos en una Argentina en crisis, y necesitamos hechos concretos, no solo frases. Este régimen es una oportunidad para atraer inversiones en un entorno difícil", concluyó Kerchner, antes de solicitar el tratamiento del proyecto en el recinto.

Al ser aprobado por el Senado, ahora espera el turno de que el Poder Ejecutivo la reglamente para así fomentar el desarrollo en sectores estratégicos como la forestoindustria, el turismo, la minería, la siderurgia, el petróleo, y el gas. Este régimen no solo busca atraer inversiones a largo plazo, sino también asegurar que las condiciones macroeconómicas sean favorables para su realización.

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es la garantía de certeza, previsibilidad, estabilidad, seguridad jurídica, y protección de los derechos adquiridos en materia tributaria, aduanera y de normas cambiarias. Esto significa que los inversores que se comprometan a realizar grandes inversiones dentro de un plazo determinado podrán operar en un entorno libre de incertidumbres fiscales.

El RIGI también contempla un capítulo específico sobre el impacto de los impuestos locales. Según establece este proyecto, el Capítulo XI de la Ley 27.742 establece que las provincias y municipios que se adhieran al régimen no podrán imponer nuevos gravámenes a los beneficiarios, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados. Además, las tasas no podrán exceder el costo específico del servicio prestado, evitando así cargas fiscales adicionales que puedan desincentivar la inversión.

Memo