Los jueces Federales del Papa Francisco se reunieron en Catamarca, sede del robo a la UNT

Se desconoce si asistió el actual vocal de la Cámara Federal de Tucumán Fernando Poviña,

Poviña fue quien superviso la instrucción/encubrimiento del fiscal federal Carlos Brito del mega delito perpetrado el 27 de diciembre de 2007 en las oficinas de YMAD. Sí estuvo el gobernador de Catamarca, Fernando Jalil, quien negocia con la UNT para que retire su demanda en esa provincia y dejar así impune el Robo de la Ciudad Universitaria.

"Cuando no hay justicia, hay ajuste" fue el mensaje que compartieron los jueces, juezas, fiscales, camaristas, defensores, diputados y referentes de la Iglesia Católica que participaron del IV Encuentro Nacional del Capítulo Argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) en Tinogasta, Catamarca. Los jueces federales alineados con el Papa Francisco se reunieron así en la provincia donde se gestó el Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Estuvo presente el gobernador Raúl Jalil, socio de la UNT en Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), quien negocia con el Rector Sergio Pagani para que la UNT retire su demanda en la Justicia de Catamarca para volver a cobrar el 40% de las utilidades mineras (ahora percibe el 20% y el otro 20% -cuyo monto se desconoce- está en un plazo fijo en esa provincia), pero eso podría hacer caer el juicio oral contra el exRector Juan Alberto Cerisola y exfuncionarios de su Gabinete que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOCF), y es para muchos especialistas la causa por corrupción más importante de la historia de nuestra provincia y quizás del país.

Se desconoce si asistió el actual vocal de la cámara federal de Tucumán Fernando Poviña, quien superviso la instrucción/ encubrimiento del fiscal federal Carlos Brito del mega delito perpetrado el 27 de diciembre de 2007 en las oficinas de YMAD, cuando a propuesta de los directores por la UNT, Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano, la Universidad se declaró "satisfecha" en su derecho de recibir el 40% de las utilidades mineras para construir su Ciudad Universitaria; el robo se concretó el 2 de enero de 2008, cuando el Rector Cerisola firmó el acta que declaró "terminada" la Ciudad Universitaria y los fondos se redujeron desde entonces a la mitad, pero pasaron a ser de libre disponibilidad del Rectorado. Campero y Marigliano no fueron imputados por Brito.

César Raúl Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina de COPAJU y juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, Misiones, enfatizó: "Pertenecemos a un espacio de reflexión donde creemos posible construir prácticas humanistas. Nos guía la mirada del Papa Francisco". Luego, añadió: "Tengo la sensación de que estamos viviendo un Estado con anomia, de que los derechos sociales están vulnerados y que estamos viviendo la agonía de la Constitución".

Jiménez abrió la primera de las dos jornadas del encuentro Estado, Constitución y Derechos Sociales desde la mirada franciscana”. Citando palabras del Papa, quien dijo que “la jueza o el juez que no vive el sufrimiento del otro, que no comprende el reclamo social de justicia, difícilmente puede honrar su misión de juzgador”, y concluyó: “Justicia sin justicia social es injusticia”.

En su discurso, el gobernador Jalil manifestó estar en favor “del diálogo y el consenso”, hizo alusión al rol igualador de lo público: “No todos nacemos en el mismo lugar y lo que hace el Estado es tratar de que todos tengamos las mismas oportunidades. El Estado tiene que estar presente”.

El presidente de COPAJU a nivel panamericano, el juez Roberto Andrés Gallardo, fue contundente: “Cuando no hay justicia, hay ajuste”. Recordando que “Francisco invita a no tener miedo a decir las cosas y a ser coherentes con lo que decimos”, el juez hizo un potente llamado a poner en valor el rol de los operadores judiciales en la realización efectiva de los derechos sociales: “No todas las leyes son justas por el solo hecho de ser leyes, y nadie está obligado a obedecer leyes injustas. Y nosotros, como magistradas y magistrados, no estamos obligados a aplicar leyes injustas. Y sí estamos obligados a desterrar de la jurisprudencia y de la legislación todo instrumento que atente contra la dignidad de las personas. Ese es el compromiso de COPAJU”.

Al igual que Jiménez, Gallardo alertó sobre la situación argentina: “Tendríamos que preguntarnos si hoy tenemos justicia social en nuestro país. Voy a decir que la justicia social está languideciendo. No ha muerto todavía, pero está en terapia intensiva”.

Bajo el lema “Estado, Constitución y Derechos Sociales desde la mirada franciscana”, el Capítulo Argentina de COPJAU convocó a más de 20 expositoras y expositores, llegados desde distintos puntos del país, para disertar el viernes 25 y el sábado 26 de octubre en el cine-teatro Museo del Sabor Catamarqueño, de la ciudad de Tinogasta

En la apertura también dirigieron unas palabras el diputado nacional David Sebastián Nóblega; el intendente local, Ernesto Andrada; el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Catamarca, Fernando Ramón Ávila; y la presidenta de la Corte de Justicia provincial, María Fernanda Rosales Andreotti.

Con la participación de juezas y jueces, fiscales, camaristas, defensores, diputadas y diputados nacionales y referentes de la Iglesia Católica, el programa del encuentro propuso siete paneles para debatir y reflexionar sobre temas urgentes y centrales de la realidad argentina.

En varias oportunidades, durante las exposiciones surgieron llamados a defender la educación pública, como en las intervenciones de Guillermo Fabio Treacy, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; y de María Alejandra Villasur García, jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; e integrante de la Comisión Directiva del Capítulo Argentina de COPAJU.

Los paneles de la primera jornada

En la jornada de apertura, junto al panel introductorio –en el que participaron de forma escrita Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación; y Juan Manuel Olmos, presidente de la Autoría General de la Nación– tuvieron lugar otras cuatro mesas de debate.

En la primera de ellas, moderada por el fiscal general de Catamarca, Alejandro Agustín Gober, la diputada nacional Silvana Micaela Ginocchio expuso sobre “Cultura de la seguridad social”; la doctora Silvana Carolina Capece se refirió a “Progresividad de los DESCA en materia de seguridad social. Responsabilidad del Estado”; mientras que Graciela Eleonora Slavin, magistrada del Tribunal de Trabajo de Mar del Plata, se ocupó de “La reforma laboral frente a la progresividad de los derechos y a las resoluciones de la Corte IDH”. Marieta Ureña Russo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (SITRAJU-RA), expuso sobre “Quita de derechos laborales como fase normativa de una legislación de dependencia”. Cerró ese primer panel Genoveva María Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, quien, desde la experiencia del Poder Judicial porteño, reflexionó sobre “Desafíos en materia de acceso a la justicia de personas con discapacidad”.

El tercer panel, moderado por Cynthia Mariela Cardoso, secretaria del Juzgado Civil, Comercial y Familia de la Quinta Circunscripción Judicial (Tinogasta), contó con la participación del camarista Treacy (“Servicios públicos, vivienda digna y pobreza energética”), y la jueza Villasur García (“Laudato Si’: Aspectos ambientales, sociales y urbanísticos”).

El siguiente panel estuvo moderado por Valeria de los Ángeles Díaz, jueza Civil y Comercial con competencia en familia de Monte Quemado, Santiago del Estero; e integrante de la Comisión de Consolidación Territorial del Capítulo Argentina de COPAJU. Estuvo a cargo de Gustavo Daniel Moreno, quien se ocupó de “La compraventa de niñas y niños de corta edad: una modalidad de trata”. Moreno es asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en Lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo (CABA); secretario de la Junta Directiva de COPAJU y vocal de la Comisión Directiva del Capítulo Argentina de COPAJU.

Con la maderación de Diego Ignacio Latrónico, prosecretario Administrativo de la Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, el panel de cierre presentó al padre Adrián Pablo Bennardis, miembro del Equipo de Curas de las Villas y Barrios Populares (“Capilla, colegio y club: las tres ‘C’ para acompañar la vida”); y Maximiliano  Francisco Benítez, defensor general de Entre Ríos; secretario del Capítulo Argentina de COPAJU (“Necesidad de contralor judicial en los traslados sin consentimiento para una evaluación en salud mental”).

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