Los Recursos Naturales y el concepto de Seguridad Jurídica, por Favio Casarin

En el constante debate sobre la llegada de inversiones al país, especialmente en la explotación de nuestros preciados recursos naturales, una noción resuena con inusual fuerza: la seguridad jurídica.

Este término, que se desliza con facilidad en conversaciones de expertos y neófitos por igual, a menudo se asocia de manera casi automática con incentivos fiscales, beneficios cambiarios y regulaciones aduaneras perdurables en el tiempo. Sin embargo, su verdadero significado es mucho más profundo y esencial, especialmente en una nación que se proclama republicana y democrática.

La seguridad jurídica debería ser percibida no solo como un conjunto de normas establecidas para proteger las inversiones económicas, sino como un principio fundamental que asegura el estado de derecho y la igualdad ante la ley. Cuando los inversionistas consideran la posibilidad de adentrarse en mercados donde los recursos naturales son abundantes, buscan algo más que promesas de beneficios impositivos; desean un entorno donde sus derechos sean respetados y donde exista un marco legal claro que les brinde confianza y protección.

Imaginemos por un momento a un inversionista que desea explorar el potencial de nuestra riqueza natural. Este individuo no solo contempla el retorno financiero, sino también el contexto cultural, social y legal en el que operará. La percepción de un sistema judicial independiente y eficaz, así como la certeza de que las reglas del juego no cambiarán de la noche a la mañana, son aspectos vitales que influyen en su decisión de invertir.

Reciprocidad de la Seguridad Jurídica

Si bien es cierto que el Estado debe ser el garante de un marco normativo estable y predecible, también se debe reconocer que esta seguridad no puede existir en un vacío. La esencia de la seguridad jurídica implica una reciprocidad entre el Estado y los inversores, donde cada parte asume responsabilidades y compromisos que aseguran un entorno propicio para el desarrollo económico y social.

Siguiendo con el razonamiento acerca de la reciprocidad Estado-Inversor, estos últimos también tienen un papel crucial en este entramado de seguridad jurídica. No solo deben buscar las mejores oportunidades para maximizar su rentabilidad, sino que también tienen la responsabilidad de cumplir con las normas y regulaciones establecidas. Este compromiso incluye la retribución justa a las comunidades que puedan verse afectadas por sus proyectos. Aquí es donde surge el concepto de reciprocidad: la responsabilidad del inversor va más allá de simplemente obtener beneficios económicos; se extiende hacia el respeto y la consideración de las realidades sociales y ambientales de las regiones en las que operan.

Cuando los inversores se comprometen a brindar garantías de cumplimiento contractual y demostrar un enfoque ético y sostenible, contribuyen de manera significativa a fortalecer la seguridad jurídica. De este modo, se establece un ciclo virtuoso donde el cumplimiento de obligaciones contractuales y la inversión responsable generan un entorno de confianza mutua.

El Estado y la Sociedad

La seguridad jurídica también juega un papel crucial en la construcción de relaciones de confianza entre el Estado y la Sociedad. Cuando la población percibe que se respetan los derechos y que se llevan a cabo procesos transparentes, se fomenta un clima de estabilidad que beneficia a todos, no solo a los inversores. De este modo, la seguridad jurídica trasciende el ámbito económico, convirtiéndose en un catalizador para el desarrollo social y sustentabilidad ambiental.

Una de las facetas más relevantes de la seguridad jurídica es el derecho a la información y la participación efectiva de los pueblos y comunidades cercanas a un proyecto. La planificación y ejecución de inversiones no pueden hacerse en un marco de opacidad. La transparencia es uno de los pilares sobre los que se edifica la confianza, y el Estado debe facilitar un acceso pleno a la información sobre proyectos que puedan afectar a las comunidades locales. La implicación de las comunidades en la toma de decisiones es un aspecto que no debe subestimarse. Promover espacios de diálogo y consulta puede garantizar que los intereses de la población local sean considerados, lo que, a su vez, minimiza el riesgo de conflictos y resistencia social. Cuando las comunidades sienten que su voz es escuchada y valorada, se crea un entorno más favorable para la inversión, generando, además, un sentido de pertenencia y apropiación de los proyectos.

La tan mentada Licencia Social, como ya lo hemos desarrollado en otras oportunidades desde estas columnas, no solo integra el Sistema Jurídico, -pese a no encontrarse plasmada en un cuerpo legal-, sino que lo trasciende y se ubica en lo más alto de la pirámide jurídica cuando hablamos de proyectos que tienen que ver con la explotación de recursos naturales.

Para que la seguridad jurídica sea efectiva, también es fundamental que el Estado desarrolle mecanismos de comunicación que sean claros y eficaces. La falta de información o la difusión inadecuada de la misma puede llevar a la desconfianza y a la incertidumbre. Por lo tanto, se deben implementar estrategias de comunicación que abarquen todas las etapas del proyecto, desde su concepción hasta su ejecución y posterior evaluación.

Una comunicación bien estructurada y que incluya a todos los actores interesados no solo garantiza un mayor conocimiento y comprensión de los proyectos, sino que también permite abordar inquietudes y objeciones de forma proactiva. Esto es esencial para construir un clima de confianza y colaboración, donde tanto el Estado como los inversores y las comunidades trabajen juntos hacia objetivos comunes.

El arbitraje, un pilar de la Seguridad Jurídica

El papel del Estado como árbitro y guardián de la seguridad jurídica es indiscutible. Su función principal radica en proporcionar un marco normativo que garantice derechos, proteja a los inversores y favorezca la competencia leal. Esto no solo fomenta la inversión nacional e internacional, sino que también ofrece a los ciudadanos la confianza necesaria para creer en un sistema que salvaguarda sus intereses.

Sin embargo, no se puede hablar de seguridad jurídica sin mencionar la importancia del cumplimiento de contratos. Es imperativo que el Estado garantice la ejecución de los mismos, asegurando que las partes involucradas, tanto los inversores como los individuos o comunidades afectadas, cuenten con recursos efectivos para hacer valer sus derechos. En este sentido, la creación de mecanismos de resolución de conflictos accesibles y eficientes es esencial para mantener la confianza en el sistema jurídico. El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) contempla un sistema de arbitraje obligatorio para la resolución de conflictos, previo a la instancia judicial. Lo mismo debería existir para proyectos no alcanzados por el RIGI, pero con objeto en la explotación de recursos naturales, garantizando la inmediatez entre partes en el marco de un diálogo en la búsqueda de consensos y soluciones.  

Entonces, ¿qué significa realmente la Seguridad Jurídica?

Es un compromiso con la transparencia, la justicia y la previsibilidad. Es un pacto entre el Estado, sus ciudadanos, y los inversores, que asegura que el desarrollo no será solo una cuestión de crecimiento económico, sino de bienestar colectivo. Al priorizar la seguridad jurídica, no solo atraemos inversiones, sino que también construimos un futuro sostenible y equitativo para todos.

El camino hacia una inversión responsable y fructífera en nuestros recursos naturales comienza aquí: reconociendo que la seguridad jurídica es mucho más que una simple ecuación que busca atraer capital. Es, en esencia, la garantía de un futuro en el que todos, tanto inversionistas como comunidades locales, puedan prosperar en armonía. Así, invitamos a todos los actores a reflexionar sobre el verdadero sentido de la seguridad jurídica y a trabajar juntos por un país donde el desarrollo sea sinónimo de equidad y sustentabilidad.

En resumen, la seguridad jurídica es un concepto multidimensional que va más allá de la simple creación de un marco legal. Implica un compromiso compartido entre el Estado y los inversores, así como el reconocimiento del derecho a la información y la participación de las comunidades afectadas. Esta sinergia no solo promueve un entorno económico estable, sino que también construye los cimientos de una sociedad equitativa y sostenible.

Al priorizar la transparencia, la comunicación clara y el respeto por los derechos de todos los involucrados, es posible crear un ecosistema donde la inversión prospere y, al mismo tiempo, se respeten y fortalezcan las comunidades locales. Solo a través de este esfuerzo conjunto se puede lograr una seguridad jurídica auténtica, que beneficie a todos y contribuya al desarrollo social y económico de la región.

Favio Casarín

Geólogo y Abogado. Profesor de Derecho de los Recursos Naturales

Prensa GeoMinera