Mendoza: Qué hay detrás de las violentas protestas en contra de la reactivación de la minería en la provincia
- 28 de enero, 2025
Hubo manifestaciones el viernes y el sábado en Uspallata.. Un grupo de antimineros se enfrentó con sindicalistas de la Uocra. Hay dos detenidos
Roxana Badaloni, Mendoza. Corresponsal
La apertura de una sede de la Cámara de Proveedores Mineros en Uspallata, en plena cordillera mendocina, provocó un enfrentamiento violento entre manifestantes anti-minería y sindicalistas de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), con golpes, bombas molotov, heridos y detenidos.
Fueron dos días de protestas de manifestantes antimineros. El último viernes a la tarde ocurrieron los disturbios. Al día siguiente, el sábado, hubo otra marcha, que transcurrió en forma pacífica.
El conflicto comenzó a partir de la apertura de un local de la Cámara de Proveedores Mineros en el pueblo cordillerano de Uspallata, para impulsar el desarrollo de la minería en esa zona del noroeste mendocino.
El acto de apertura fue interrumpido por manifestantes antiminería que lanzaron piedras, bombas molotov y provocaron un incendio en el local. Agredieron e hicieron pintadas en contra del presidente de la Cámara de Proveedores, Edgardo Vera; y resultó herido su nieto, un nene de 10 años, quien sufrió quemaduras en el pelo por el fuego desatado en el local.
En medio de las protestas, aparecieron sindicalistas de la Uocra que acompañaban al intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, y que están a favor de la reactivación de la minería.
"La verdad es que no son ambientalistas, son antidemocráticos, fascistas y tratan de meter miedo a los vecinos del departamento. No les tenemos miedo, vamos a denunciarlos porque son un peligro para la democracia", dijo sobre los manifestantes el intendente de Las Heras, la comuna de la que depende Uspallata.
Lo Presti acusó al ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco, de tener relación con quienes protestaron. "Vi gente que no era de Uspallata que tiene vínculos con Orozco, vi gente despedida por nosotros porque eran ñoquis del departamento...no trabajaban. Los tenemos identificados y hoy vamos a hacer la denuncia", dijo el actual intendente en declaraciones a radio Post.
Hubo dos detenidos: Miguel Pablo González, un comerciante de la zona conocido como “El Monstruo”, y Marcelo Daniel Molina, quienes participaron de los disturbios. González fue acusado de incendiar el local de los proveedores mineros. Y Molina, por agredir a Edgardo Vera, el propietario del local.
Intento de reactivación minera
La génesis del conflicto fue el anuncio de la empresa San Jorge, que piensa reactivar sus actividades de exploración y posterior construcción de una mina para la extracción de cobre.
La primera semana de enero, la minera San Jorge, que pertenece a la compañía suiza Zonda Metals GmBH y a la argentina Grupo Alberdi; presentó su adaptación de Informe de Impacto Ambiental (IIA), para reactivar el proyecto minero de cobre más importante de Mendoza.
Según informó la compañía en un comunicado, el proyecto integra la Mesa del Cobre, de los gobernadores de provincias mineras, y "lleva invertidos 62 millones de dólares en sondajes de exploración y diversos estudios de ingeniería”.
Para reactivar la mina de cobre faltan pasos legales. El Gobierno de Mendoza deberá aprobar o rechazar el nuevo informe ambiental y debe realizarse una audiencia pública posterior.
La reanudación de las protestas, aunque no eran más de 50 manifestantes cada día, disparó el alerta sobre el consenso social entre los pobladores de Uspallata, un aspecto fundamental para que avancen estos proyectos, frente al antecedente de las masivas protestas en 2019, cuando gobernaba el radical Rodolfo Suárez.
Mendoza tiene aún vigente la Ley 7722, de 2007, que ha impedido el desarrollo de la minería metalífera a cielo abierto. Suárez consiguió apoyo legislativo para modificar esta norma y poder habilitar algunos proyectos, entre ellos San Jorge, pero decidió derogar la reforma por la presión de las manifestaciones y la oposición de grupos ambientalistas.
El actual gobernador Alfredo Cornejo está dispuesto a dar luz verde a la minería en Mendoza. En su segundo mandato, ya logró obtener el aval legislativo para las primeras 34 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de proyectos mineros en Malargüe, sur de la provincia. Aún debe sortear los informes técnicos negativos, como el de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo.
La vicegobernadora de Mendoza Hebe Casado (PRO) repudió en su cuenta de X a los manifestantes antiminería: "Terroristas, delincuentes, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos y los cabecillas", posteó. Y cuestionó que estos grupos ambientalistas: "Hacen politiquería barata tratando de enarbolar banderas que, alguna vez, les fueron beneficiosas electoral o económicamente a un grupito, en detrimento de la generación de trabajo y progreso para la provincia".
La Cámara Mendocina de Empresarios Mineros emitió un comunicado para repudiar la violencia. "El mayor conflicto que tenemos en Mendoza es la pobreza, y es responsabilidad de todos los mendocinos trabajar en generar más oportunidades de trabajo y crecimiento social para más de 1 millón de mendocinos que actualmente se encuentran en la pobreza”, afirmaron.
Y abogaron por “una minería responsable y sostenible, que sea una herramienta clave para aportar más oportunidades de trabajo a las pequeñas y medianas empresas mendocinas”.
SC
Clarín