La minería y el "compre local": la competencia de Chile pone en guardia a tres provincias y sus empresas

Gobiernos y empresarios de las provincias mineras piden prioridad para fortalecer el desarrollo regional.

Pero temen por la alta capacidad técnica y experiencia de los chilenos. Quejas por las desigualdades competitivas.

El impulso del “compre local” ha cobrado, en las últimas semanas, un intenso protagonismo en la agenda de la minería argentina. Esta iniciativa, que busca priorizar la contratación de proveedores y mano de obra de las provincias donde respectivamente se asientan los proyectos, ha generado un cruce de declaraciones, posturas encontradas y reclamos que resuenan desde el árido norte hasta la cordillera cuyana, e incluso más allá de las fronteras.

La discusión, lejos de ser meramente económica, se adentra en cuestiones de desarrollo regional, competitividad internacional y soberanía sobre los recursos. La discusión sobre el “compre local” no es nueva, pero ha adquirido una renovada urgencia ante la envergadura de los proyectos de cobre, litio, oro y plata que se perfilan en el horizonte argentino.

Con inversiones multimillonarias en juego, las comunidades locales y los entramados empresariales provinciales buscan asegurarse una participación significativa en la cadena de valor, temiendo quedar relegados a un rol secundario frente a competidores foráneos.

En el epicentro de esta puja se encuentran provincias con una fuerte raigambre minera y otras que están despertando a esta actividad, cada una con sus particularidades y desafíos. Salta, San Juan y Mendoza se han convertido en los principales escenarios de esta discusión, con sus gobiernos, cámaras empresariales y proveedores locales jugando un papel activo en la definición de las reglas de juego para el futuro de la actividad.

Salta: prioridad sí, exclusividad no

En la provincia de Salta, uno de los polos de atracción para las inversiones en litio y cobre, la Cámara Minera local ha fijado una posición clara. Su presidente, Simón Pérez Alsina, en recientes declaraciones al diario El Tribuno, subrayó que ser un proveedor local debe otorgar una “prioridad” en la contratación, aunque aclaró que esto no “asegura” la adjudicación de un contrato.

Para Pérez Alsina, la clave reside en la competitividad y la calidad de los servicios ofrecidos por las empresas salteñas. Reconoció que se ha avanzado mucho en el desarrollo de proveedores locales, capaces de realizar obras de gran envergadura, pero insistió en que el desafío permanente es mantener altos estándares para competir en un mercado globalizado.

El titular de la cámara minera salteña enfatizó a El Tribuno que la ventana de oportunidad para minerales como el cobre, el oro y la plata está abierta, y que es fundamental que la provincia esté preparada para aprovecharla, no solo en términos de infraestructura y marcos regulatorios ágiles, sino también con un “ecosistema de proveedores robusto y eficiente”.

Desde la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa) también han reafirmado la importancia de fortalecer el “compre local” como un motor para el desarrollo regional y la generación de empleo genuino. El diálogo constante entre las operadoras mineras, el gobierno provincial y los proveedores es, para ellos, la herramienta fundamental para alcanzar un equilibrio beneficioso para todas las partes.

San Juan y la sombra de la competencia chilena

En San Juan, la discusión sobre el “compre local” ha alcanzado uno de sus puntos más álgidos, teñida por la creciente preocupación ante la presencia de empresas proveedoras chilenas en los megaproyectos de cobre que se desarrollan en la cordillera, como es el caso del proyecto Vicuña. El reclamo de los sectores empresariales y sindicales locales es contundente: “No nos dejen afuera de la era del cobre”.

La controversia escaló tras la difusión de material por parte de una de las empresas operadoras del proyecto Vicuña, en el que se destacaba la “excelencia técnica” de los equipos chilenos. Este hecho fue interpretado por los proveedores sanjuaninos como una señal de alarma, una premonición de que las contrataciones podrían orientarse mayoritariamente hacia el país vecino.

Este temor se fundamenta en asimetrías concretas. Los proveedores argentinos denuncian que las empresas chilenas gozan de ventajas comparativas en términos de costos logísticos, acceso a financiamiento y una menor carga tributaria, lo que les permite presentar ofertas más competitivas en las licitaciones.

La situación ha llevado al gobierno de San Juan a tomar cartas en el asunto. Actualmente, se encuentra en fase de elaboración una ley de “compre y empleo local”, con la que se busca establecer un marco normativo claro que priorice a las empresas y trabajadores sanjuaninos, sin por ello desalentar la inversión extranjera.

El desafío para el gobierno sanjuanino es complicado: equilibrar la necesidad de atraer capitales para desarrollar su inmenso potencial cuprífero con la exigencia de su población de ser protagonista y beneficiaria directa de ese desarrollo. La futura ley es esperada con gran expectación, ya que definirá en gran medida el reparto de oportunidades en la provincia.

Reclamo chileno y tratado binacional

La perspectiva desde el otro lado de la cordillera es distinto, por lógica. Si bien no ha habido un reclamos formales, sí hubo quejas. La posición de los sectores mineros chilenos se ampara en el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, firmado en 1997. Este acuerdo, pionero en su momento, fue diseñado para facilitar las operaciones en proyectos binacionales, otorgando a las empresas de ambos países un trato nacional en el otro.

Sin embargo, más de dos décadas después, las asimetrías económicas y regulatorias entre ambos países han generado una distorsión en la aplicación del tratado, según argumentan los proveedores argentinos. Lo que fue concebido como un mecanismo de integración, hoy es visto por algunos como una puerta de entrada para una competencia que consideran desigual.

Las empresas chilenas, con una vasta experiencia en la gran minería del cobre y una cadena de proveedores altamente desarrollada y apoyada por políticas de Estado como las de ProChile, ven en Argentina una oportunidad de expansión natural. Su presencia en los proyectos sanjuaninos no es, desde su óptica, una irregularidad, sino el ejercicio de un derecho contemplado en un tratado internacional.

Asinmet y Gobierno de Mendoza

En Mendoza, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ASINMET) parece adoptar una postura proactiva, buscando posicionar a la industria local como un proveedor estratégico para el sector minero. Conscientes del potencial que representa la minería para la diversificación de la matriz productiva provincial, han multiplicado sus esfuerzos para visibilizar las capacidades de las empresas mendocinas.

Asinmet ha impulsado la firma de convenios con cámaras mineras y ha mantenido un diálogo fluido con las empresas operadoras para conocer de primera mano sus demandas y requerimientos técnicos. Su objetivo a primera vista es razonable: que el “compre local” no sea solo un slogan, sino una realidad basada en la calidad, la innovación y la competitividad de la oferta mendocina.

La asociación ha sido una de las principales impulsoras de la reactivación de proyectos como San Jorge, en Uspallata (que actualmente transita la etapa de audiencias públicas), acentuando el desarrollo de una cadena de valor regional que involucre a proveedores metalúrgicos, logísticos y de servicios.

Mientras, el gobierno de Mendoza, encabezado por Alfredo Cornejo, ha manifestado en reiteradas ocasiones su respaldo a esta visión. En sintonía con otros gobernadores de provincias mineras, ha defendido la necesidad de que los grandes proyectos mineros se traduzcan en un fortalecimiento del entramado productivo local. La modernización de la Dirección de Minería y el impulso a un marco normativo transparente son algunas de las acciones que buscan alinear la política provincial con este objetivo.

Mendozatoday.com.ar