Santa Cruz/Mano de obra local: mineras advierten que el 90/10 es restrictivo para las inversiones
- 6 de octubre, 2025
Mientras Santa Cruz se encamina a reglamentar los cambios en la Ley Provincial 3141, las operadoras abrieron un alerta por los riegos.
Los proyectos "superan el 90% de empleo local entre operarios. Sin embargo, alcanzar ese mismo porcentaje en la totalidad de la nómina exige condiciones estructurales que aún deben fortalecerse: infraestructura, servicios y formación especializada“.
La decisión del Gobierno de Santa Cruz de elevar el cupo de contratación de mano de obra local del 70% al 90% en los proyectos productivos, en aplicación de la Ley Provincial N° 3141, ha generado una serie de observaciones desde el sector productivo, a pesar de que la medida busca proteger el empleo provincial.
El empresariado minero, en particular, advierte que esta medida presenta riesgos significativos que podrían ir en contra del objetivo de fomento de empleo que persigue.
En esta sintonía, recientemente la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) precisó que comparten “el objetivo de incrementar los niveles de empleo local —una meta deseable y alcanzable— consideramos que estos cambios, implementados en un plazo inmediato, resultan de difícil cumplimiento en el actual contexto de alta complejidad y con yacimientos maduros que requieren previsibilidad para extender su vida útil”, alegaron.
Y agregaron: “Vale destacar que hoy las empresas mineras superan el 90% de empleo local en el segmento de operarios mineros. Sin embargo, alcanzar ese mismo porcentaje en la totalidad de la nómina exige condiciones estructurales que aún deben fortalecerse: infraestructura, servicios y formación especializada“.
Desaliento a la inversión
La red de operadoras mineras que produce en Santa Cruz observaron que “las medidas impuestas por el gobierno santacruceño son restrictivas, generan incertidumbre y reducen drásticamente la competitividad de la provincia frente a otras regiones o países que ofrecen marcos regulatorios más flexibles y estables.”
Remarcaron que “los inversores nacionales e internacionales tienden a priorizar entornos donde las reglas fomenten la generación de valor y empleo, no donde se limite artificialmente la capacidad de gestión y contratación“, “es crucial considerar que la minería, que hoy explica el 0,6% del PBI argentino y tiene potencial de crecer al 3% en diez años, demanda entre USD 3.000 y 4.000 millones de inversión inicial por cada proyecto de gran escala, un desembolso que requiere reglas claras y previsibles“.
Con el Macizo del Deseado como escenario productivo, Santa Cruz es actualmente la principal provincia minera de Argentina, recordó el empresariado. El distrito “concentra más del 50% de las exportaciones auríferas y argentíferas del país”.
Sin embargo, “en los últimos cinco años perdió competitividad frente a provincias como San Juan y Salta debido a mayores restricciones regulatorias, y el nuevo cupo del 90% de empleo local no es considerado realista porque la formación no acompaña“, advirtieron.
Riesgo operacional
En esta línea de pensamiento, las operadoras repitieron que la “formación no puede sustituirse con cupos legales“.
“La minería y otros sectores demandan perfiles altamente especializados que requieren años de formación técnica y práctica. Pretender cubrir estas necesidades mediante una imposición legal, sin que exista el capital humano previamente formado, genera riesgos de seguridad, productividad y sostenibilidad”, se indicó u agregó que “en actividades de riesgo como la minería, la formación es fundamental porque afecta la seguridad operativa y, por ende, la productividad; hoy es necesario ser más y mejores productivos y más y mejores competitivos”.
“Un operario minero de planta necesita en promedio de 2 a 3 años de formación técnica y entrenamiento en seguridad antes de alcanzar estándares internacionales de operación, según el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM)”, recapitularon.
Sin embargo, el “desafío educativo en Santa Cruz es estructural, con un índice de deserción escolar cercano al 45% en el nivel medio y solo uno de cada diez estudiantes egresando con orientación técnica, de acuerdo con el Consejo Provincial de Educación, estadísticas del 2023.
“Aunque la minería emplea aproximadamente 5.000 trabajadores de manera directa y 15.000 indirecta, las vacantes técnicas especializadas que no logran cubrirse localmente rondan el 20% de los perfiles. Si no existen las capacidades locales suficientes, imponer contrataciones forzadas termina afectando tanto a las empresas como a los propios trabajadores”.
El camino sostenible para la inversión
En otro contexto, el empresariado minero insistió que “el verdadero motor del empleo local es la inversión privada. Sin inversión no hay proyectos, y sin proyectos no existen puestos de trabajo, ni para trabajadores locales ni para contratistas de la provincia”.
Recordaron que “la elevación del cupo al 90% puede tener consecuencias adversas para el desarrollo productivo, ya que las restricciones excesivas envían señales negativas para los inversores. En definitiva, sin inversión no hay empleo, y sin condiciones favorables para invertir, se corre el riesgo de frenar proyectos que podrían ser motores de desarrollo.
En lugar de imponer restricciones, el gobierno debería concentrar sus esfuerzos en generar un clima atractivo para las inversiones, con reglas claras, previsibles y estables. La solución no está en endurecer requisitos, sino en articular esfuerzos a través de alianzas en capacitación más un clima de negocios competitivo, que ya está probado que funcionan porque la minería en Santa Cruz tiene un efecto multiplicador enorme cuando se da en condiciones estables.
En minería, “cada empleo directo genera entre 3 y 4 empleos indirectos y, según el Banco Mundial, cada dólar invertido genera entre 2 y 3 dólares adicionales en la economía local. Esta dinámica ha permitido la creación de más de 400 pymes proveedoras locales en la provincia”, concluyeron
La Opinión Austral