El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse

El camino recorrido por el oficialismo, las reuniones con Toto Caputo y la incidencia del 26 de octubre. El papel de Jalil y de Cornejo.

Qué hicieron las empresas para que haya cambios efectivos en la legislación.

Por Natalia Caballero

El camino para que en febrero sean tratadas en el Congreso las modificaciones a la Ley de Glaciares (ley 26.639) podría definirse al menos como sinuoso para el oficialismo sanjuanino. Hubo lobby en soledad primero, con poca atención de los ministros y secretarios de minería de la mayor parte de las provincias del país. Los aliados empezaron a convencerse de a poco, arrancando por la estructura parlamentaria del catamarqueño Raúl Jalil y del mendocino Alfredo Cornejo después. Hubo reuniones en Casa Rosada mucho antes de las informadas públicamente y un encuentro con el superministro, Luis Caputo, que terminó de darle el empujón final a la aclaratoria, sin antes debatir desregulaciones pensadas por el Gobierno Nacional que se desecharon. En el medio, el papel de las empresas mineras instaladas en San Juan, muchas de las cuales por años no se movilizaron en forma activa para introducir los cambios necesarios que habilitarían las inversiones en la provincia. ¿Una forma de estirar los arranques de los proyectos? Hay quienes dicen que sí. La historia no contada.

En el arranque del gobierno de Javier Milei, en la recordada Ley Ómnibus, había un capítulo en particular que promovía modificaciones a la Ley de Glaciares, sancionada en el 2010. Entre el articulado a cambiar, establecía una nueva definición de glaciar y ambiente periglaciar. El paquete normativo no consiguió el apoyo en el Congreso y se cayó esa intención inicial del mileísmo, que no había sido consultada en las provincias.

Los cambios en la Ley de Glaciares fue un tema prioritario desde el arranque de la gestión de Marcelo Orrego en diciembre del 2023. Una vez caída la Ley Bases, empezó la peregrinación sanjuanina. La primera acción política fue el armado de la Mesa del Cobre (nació en Bruselas como un espejo de la Mesa del Litio) y su presentación oficial en mayo del 2024 durante la Expo San Juan Minera. Este acuerdo interprovincial, impulsado por los gobernadores de San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza permitió instalar el tema en la agenda y generar un bloque amalgamado que empujara por objetivos comunes, entre ellos los cambios a la legislación que impulsó y defendió en su momento el ex diputado kirchnerista Daniel Filmus.

Con la Mesa del Cobre activa, se armaron grupos de WhatsApp con los secretarios y ministros de minería de todo el país. Cuentan las fuentes que cuando San Juan buscó instalar el tema como una necesidad para el desarrollo minero del país, fueron muy pocos los entusiasmados. Por este grupo se enviaban documentos y borradores de los artículos que eran necesario cambiar de la vigente Ley de Glaciares. A lo largo de varios meses, hubo respuestas variadas, incluso aquellos que se animaban a exponer públicamente dentro del grupo que los escritos enviados desde San Juan “contenían mucho texto”.

Los viajes gestados alrededor de la Mesa del Cobre fueron la oportunidad perfecta para asegurar apoyos provinciales que permitieran llegar a Casa Rosada a pedir cambios concretos con una mayor solidez. El primero que decidió apoyar la iniciativa sanjuanina fue el peronista dialoguista, Raúl Jalil. Fue el catamarqueño quien aseguró que iba a haber bendición legislativa en caso de que fuera necesario. Después llegó la bendición de Cornejo, quien en tierra mendocina tiene chispazos con conseguir la licencia social que requiere la minería. Un apoyo explícito implicaría la gestación de turbulencias que aún la gestión no está dispuesta a combatir tan claramente en el terreno.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en la última actualización del Inventario Nacional de Glaciares en enero, informó que en San Juan existen 825 glaciares en 98.343 hectáreas. La nueva legislación posibilitaría el desarrollo de proyectos como Vicuña, Los Azules y Pachón.

La primera reunión entre autoridades sanjuaninas y nacionales por la Ley de Glaciares incluyó una iniciativa local que fue desestimada por la gestión de La Libertad Avanza. El orreguismo buscó que a través de un decreto reglamentario se permitiera definir qué se considera “glaciar”, “periglacial” y “permafrost”, aclarando zonas grises. Esta era la opción preferida por los sanjuaninos por dos razones: darles una señal rápida a los inversores y evitar un traspié en el Congreso, en donde el apoyo legislativo era difuso. Desde Nación, y con el secretario de Minería Luis Lucero como portavoz, la intención siempre fue cambiar la normativa, pero con el aval de Senadores y Diputados. La Libertad Avanza no quería arriesgar judicializaciones futuras.

Ese tire y afloje se extendió por varios meses, incluso en uno de los encuentros la propuesta de cambio legislativo del mileísmo era tan profunda y desregulatoria que quisieron eliminar el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 26.639, es responsable de la realización y el monitoreo del Inventario Nacional de Glaciares. Los sanjuaninos respondieron con un rotundo no y en términos políticos indicaron en aquel encuentro “que no era necesario disputar batallas que ni siquiera era necesario dar”.

La última reunión sentó en la misma mesa al ministro de Economía Luis Caputo, a Lucero y al gobernador Marcelo Orrego, quien fue acompañado por miembros del gabinete local. El encuentro se extendió durante una hora y media y fue después de las elecciones del 26 de octubre, que le dieron a la gestión de La Libertad Avanza la confianza suficiente como para ingresar a los recintos las modificaciones a la ley Filmus, como le dicen algunos. Se decidió ir por una Ley Aclaratoria, que aclara justamente el objeto de protección y faculta a las provincias a proteger sus recursos naturales. Hubo bendición conjunta y posteriormente Orrego fue el encargado de cerrar el Plenario de Comisiones del Senado que analiza aclaraciones. Todo indica que el proyecto se tratará en febrero y que habrá voluntades para que salga.

¿Qué hizo el sector minero para que esta normativa esté cerca de aprobarse? Desde el 2010, cuando se sancionó la Ley de Glaciares que rige actualmente en el país, no fueron demasiadas las acciones privadas ni el lobby minero impulsando las modificaciones. Las fuentes analizaron que la pasividad fue la excusa perfecta para dejar las inversiones en stand-by hasta que se dieran las condiciones para invertir y sacar las utilidades al exterior.

Después de que salió el RIGI, en agosto del 2024, hubo reuniones pedidas por empresarios mineros con autoridades nacionales. Algunos pasaron por Casa Rosada, otros generaron reuniones en Londres donde pidieron certezas a Lucero sobre las modificaciones porque estos cambios iban a definir sus inversiones 2026. Este fue el caso de BHP, que tenía en carpeta como plan de inversión un proyecto en Australia, otro en Arizona, la ampliación de La Escondida en Chile y Vicuña en San Juan. Este mismo accionista quiso reunirse con Milei, pero el presidente no lo recibió “hasta que no presenten el RIGI”.

Con el RIGI y con la Ley de Glaciares, no habrá lugar a más pretextos. Obviamente que en un plan de inversión incide la conveniencia, antes que nada. Tanto Los Azules como Pachón tendrán una carta más en su búsqueda de fondos. El caso de Vicuña es distinto porque es el único proyecto en donde hay fondos reales cuyo destino decidirá uno de los conglomerados minero más importantes del mundo.

Por el momento, todo indica que la Ley Aclaratoria será aprobada en ambas Cámaras. El apoyo sanjuanino en Diputados está asegurado. En Senadores también. Cómo votarán los sanjuaninos está por verse.

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