Postergaron el tratamiento en Diputados de la Ley de Glaciares y convocaron a audiencia pública
- 5 de marzo, 2026
La Cámara de Diputados postergó el tratamiento de la reforma impulsada por el Gobierno y realizará dos audiencias públicas a fines de marzo
Esta situación atrasa la definición de la ley que quedará para mediados de abril.
La oposición logró imponer su mayoría en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y resolvió postergar el debate de la reforma de la Ley de Glaciares. La decisión se tomó en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, donde se acordó convocar a audiencias públicas antes de avanzar con el tratamiento en el recinto.
De esta manera, el Gobierno nacional deberán esperar hasta mediados de abril (posiblemente después de Semana Santa) para intentar avanzar con la iniciativa, que ya cuenta con la aprobación del Senado y el aval de los gobernadores de provincias cordilleranas.
Las audiencias públicas se realizarán los días 25 y 26 de marzo: la primera será de manera presencial y la segunda se desarrollará de forma virtual a través de Zoom. El objetivo es garantizar la participación de las provincias involucradas en la gestión de las cuencas hídricas que podrían verse afectadas por la reforma.
El posteo de Ferraro:
El diputado opositor por la Coalición Cívica fue uno de los que impulsó la audiencia pública y celebró la situación en las redes sociales.
Ley de glaciares: lo logramos, habrá audiencia pública
El oficialismo en Diputados pretendía avanzar con un tratamiento exprés de la media sanción que modifica la Ley de Glaciares. Frente a eso, solicitamos formalmente la convocatoria a audiencia pública y hoy, en el plenario de las comisiones, logramos que se acepte ese pedido.
La audiencia se realizará el 25 y 26 de marzo, ampliando el tiempo para que todas las voces puedan ser escuchadas. Es, además, una aplicación concreta y operativa del Acuerdo de Escazú en materia de participación pública en asuntos ambientales. Resulta cuanto menos llamativo (por venir de quienes sistemáticamente relativizan la institucionalidad ambiental) que hoy deban cumplir con un estándar que tantas veces cuestionaron.
Debe garantizarse una participación verdaderamente federal, abierta y plural, en razón de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas potencialmente afectadas. Que sean oídas las provincias, la comunidad científica, los especialistas en recursos hídricos, los productores y todos los sectores involucrados.
Estamos discutiendo reservas estratégicas de agua y un régimen de presupuestos mínimos ambientales. Están en juego los niveles de protección vigentes, competencias interjurisdiccionales entre provincias y la previsibilidad y seguridad jurídica necesarias para futuras inversiones.
Cualquier modificación que implique una posible regresión en los estándares de protección exige un debate técnico serio, evidencia científica y respeto por el principio de no regresión.
Vamos a seguir trabajando para que este debate se dé con responsabilidad institucional y para que se comprenda que una reforma regresiva no solo afecta el ambiente; también compromete el desarrollo sostenible de la Argentina.
Postura oficialista:
El oficialista Nicolás Mayoraz explicó que estos mecanismos son para escuchar las opiniones: "Si bien no son vinculantes, cada diputado en su fuero íntimo va a tomar nota de los que escuche", señaló.
Además, agregó que desde el oficialismo no están cerrados "a absolutamente nada" y que si bien consideran que la modificación está "perfectamente bien alineada a los objetivos", en la escucha de la ciudadanía pueden surgir "temas, inquietudes o cuestiones que se pueden considerar".