Ley de Glaciares: diputados quieren limitar las exposiciones en la audiencia pública

Las comisiones que analizan cambios en la norma advirtieron que no podrán hablar todos los inscriptos, que según organizaciones ambientales superan las 30 mil personas.

Entidades ecologistas cuestionaron la decisión y reclaman garantizar la participación ciudadana

Un nuevo foco de tensión se abrió en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en medio del debate por posibles modificaciones a la Ley de Glaciares. Diputados del oficialismo plantearon que será imposible que todos los ciudadanos anotados participen de la audiencia pública convocada para discutir el proyecto, debido a la enorme cantidad de inscripciones.

La postura quedó plasmada en una nota firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, ambos de La Libertad Avanza. El documento, fechado el 12 de marzo, fija criterios para organizar la audiencia que se realizará los días 25 y 26 de marzo.

Según señalaron los legisladores, la cantidad de inscriptos vuelve “materialmente imposible” que todos puedan exponer de manera presencial o virtual dentro de un plazo razonable. Frente a ese escenario, propusieron que quienes no alcancen a intervenir puedan enviar sus aportes por escrito o mediante un video de hasta cinco minutos, que será incorporado al expediente legislativo.

El esquema planteado prevé además que las exposiciones se realicen de forma presencial el 25 de marzo y virtual al día siguiente, priorizando a los primeros inscriptos de cada jurisdicción del país. Desde las comisiones sostienen que este mecanismo es habitual en este tipo de procesos y que permite incorporar todas las opiniones recibidas al debate parlamentario.

La discusión se da en el marco del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, que busca modificar la normativa vigente para habilitar con mayor flexibilidad ciertas actividades económicas, entre ellas la minería, en zonas periglaciares. De prosperar la iniciativa, la definición de esas áreas quedaría en manos de las provincias.

La decisión de limitar las exposiciones generó cuestionamientos por parte de organizaciones ambientales. Entidades como Greenpeace Argentina, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Círculo de Políticas Ambientales sostuvieron que decenas de miles de personas se inscribieron para participar del proceso y reclamaron que se garantice el derecho a intervenir.

En un pronunciamiento difundido en redes sociales, las organizaciones afirmaron que todos los ciudadanos registrados deberían poder exponer. También recordaron que el reglamento de la Cámara establece que las audiencias públicas deben regirse por criterios de participación, oralidad y simplicidad para asegurar la intervención de la ciudadanía en debates de interés público

La Tecla Patagonia