Antimineros presentan amparo por la audiencia de la Ley de Glaciares

Desde Página 12 se suman a la movida antiminera de querer retrasar lo más posible la sanción por la Ley de Glaciares. El pedido que se sumen jornadas parecería inviable.

Por Santiago Brunetto

Organizaciones sociales y ambientalistas presentaron una acción de amparo colectiva contra las restricciones impuestas por el oficialismo a la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares. Lo hicieron después de que diputados de La Libertad Avanza (LLA) confirmaran que las audiencias se realizarán en sólo dos jornadas, dejando afuera de la participación a casi todos los inscriptos para el debate. La audiencia ya suma más de 50 mil anotados, alcanzando récords de participación para una jornada de este tipo.

La presentación llegó luego de que se conociera la resolución que estableció los parámetros de participación para la audiencia a realizarse en el ámbito de la Cámara de Diputados y luego de la aprobación de las reformas en el Senado. Firmada el 12 de marzo por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, ambos diputados de LLA, la resolución estableció que la audiencia sólo se extenderá durante miércoles 25 y el jueves 26 de marzo con la participación de los primeros inscriptos de cada uno de las 24 jurisdicciones del país, lo que deja afuera a casi todos los anotados.

La resolución estableció otras restricciones, como que sólo la jornada del miércoles será con exposiciones presenciales, mientras que las presentaciones de la segunda serán virtuales, a través de Zoom, con una limitación de cinco minutos por exposición. Para el resto de las decenas de miles de inscriptos sólo se prevé la posibilidad de que hagan llegar sus presentaciones a la Cámara a través del canal de Youtube de Diputados.

La acción de amparo ambiental y colectiva fue presentada en conjunto por el Observatorio del derecho a la ciudad, el Movimiento la ciudad somos quienes la habitamos, de Naturaleza de derechos y el Instituto de pensamiento y políticas públicas. En ella piden "detener la restricción arbitraria a la participación ciudadana en el debate sobre las reservas estratégicas de agua dulce del país".

El escrito presentado reclama así, en principio, que la Justicia dicte una medida cautelar para suspender “la aplicabilidad del acto dictado el 12 de marzo” y para que el Congreso “se abstenga de celebrar la audiencia bajo este formato censurador y excluyente“. Al mismo tiempo se solicita la “inmediata readecuación del cronograma parlamentario con el fin de prever y asegurar las jornadas adicionales de audiencia pública que resulten matemáticamente necesarias para escuchar a la totalidad del padrón".

En la resolución firmada por Peluc y Mayoraz se argumenta que “la magnitud de inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable, sin afectar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria". Para las organizaciones, sin embargo, el argumento no es más que una excusa para acelerar los tiempos de una audiencia pública que el oficialismo sólo convocó para cumplir con las formalidades legales del procedimiento antes de su tratamiento en el recinto de Diputados.

De cumplirse con un cronograma dispuesto para las más de 50 mil personas inscriptas, la audiencia podría llegar a extenderse durante semanas, lo que no sólo retrasaría los tiempos de la aprobación de la norma sino que pondría en agenda una imagen de impacto sobre el rechazo de una parte importante de la ciudadanía a la reforma de la ley. El amparo señala de esta forma que “la afluencia masiva de la ciudadanía en defensa de los glaciares no es una anomalía organizativa, sino el éxito mismo de la convocatoria y la demostración de una democracia deliberativa vibrante".

“Frente a ello, la única solución fáctica y jurídica compatible con la Constitución Nacional no es purgar punitivamente a los ciudadanos inscriptos, sino que el Estado amplíe su capacidad receptiva, ensanchando la agenda pública e incorporando los días adicionales de audiencia que resulten matemáticamente necesarios para garantizar el derecho a la palabra", agregan.

El proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado propone modificar la Ley N° 26.639, sancionada en el año 2010, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. La norma vigente protegé estos ecosistemas al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades que puedan afectar su estado natural.

La modificación impulsada en el Congreso busca priorizar, por el contrario, actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, además de facilitar el desarrollo de proyectos mineros internacionales. Para ello, plantea habilitar la explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados “hídricamente relevantes o que no cumplan una función hídrica”.

La demanda de las organizaciones fue presentada inicialmente en los fueros federales de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, pero, al ser un amparo colectivo, busca que se incorporen a la causa otras demandas similares que puedan ser presentadas a lo largo y a lo ancho del país, en representación de los y las inscriptas de cada una de las provincias.

Página 12