Aceleran investigación contra las principales cementeras del país: los motivos
- 11 de noviembre, 2022
Loma Negra; Holcim y Petroquímica Comodoro Rivadavia deben presentar sus pruebas para defenderse de la acusación hecha por el Gobierno
Por Andrés Sanguinetti
El Gobierno acaba de acelerar los plazos para terminar con una investigación iniciada en el 2016 contra las principales cementeras de la Argentina a las que se acusa de haber cobrado sobrecostos para la industria de la construcción en su conjunto, tanto para el sector privado como para la obra pública.
Se trata de una pesquisa que viene llevando a cabo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y que se centra en las operaciones que Loma Negra (controlada por el grupo brasileño Camargo Correa); Holcim (ex Minetti y actual filial de una compañía suiza) y la argentina Petroquímica Comodoro Rivadavia (de la familia Brandi), llevaron a cabo entre el 2013 y el 2018.
Según el estudio del organismo que depende del Ministerio de Economía, durante esos años se observaron conductas que violan la Ley de Defensa de la Competencia ya que los precios de sus productos eran notablemente diferentes a lo largo y ancho del país.
Utilizando diferentes herramientas de análisis económico, los expertos de la CNDC concluyeron que lo que cobraban las cementeras a sus clientes surgía de aplicar una discriminación de precios en función de la distancia de cada uno de ellos a la planta competidora más cercana.
Es decir, podrían haber fijado sus valores de venta del cemento a partir de las estadísticas de despacho en cada provincia, sacando ventaja del hecho de que, debido a los altos costos de los fletes, la ubicación de las plantas les otorga un beneficio competitivo.
En marzo pasado, el ente que actualmente preside Rodrigo Luchinsky había publicado los resultados de la investigación del mercado del cemento portland, insumo clave para la economía por su uso en la industria de la construcción y en la obra pública.
El escrito concluía que las cementeras habían "ejercido un poder de mercado" que generó sobrecostos para el sector público y privado por casi u$s180 millones solamente en un año.
Cementeras acusadas de conductas anticompetitivas
Se trata de conductas anticompetitivas ocurridas en una industria con "elevado grado de concentración, altas barreras a la entrada y una reducida dinámica competitiva", de acuerdo al informe oficial.
También se asegura que las cementeras "ejercen un poder de mercado localizado", que mediante la discriminación de precios, esto es, vender el mismo bien con valores diferenciados, generan un sobrecosto para la industria de la construcción.
El expediente fue finalizado y ahora se le dio traslado a las empresas para que puedan estudiarlo y presentar sus respectivos descargos y pruebas en contra del dictamen de la CNDC que luego deberá publicar veredicto final y cerrar la investigación con la aplicación de millonarias multas en contra de las empresas imputadas o archivando el caso.
Como antecedente consta que la CNDC le hizo una "recomendación" a la Asociación de Fabricantes de Cemento (AFCP) para que "cesen de la solicitud, recepción y distribución de información sobre producción y despacho de cemento desagregada por provincia y con una antigüedad menor a 12 meses", para que no puedan "coordinar su comportamiento".
La hipótesis esgrimida por el organismo era que, con información comercialmente sensible, surge la posibilidad de que las decisiones de las empresas no sean tomadas en forma individual, lo que sería un perjuicio "para la competencia y el normal funcionamiento del mercado".
cumplido y cumplen con las normas de defensa de la libre y leal competencia, así como las más estrictas políticas de ética y compliance, y que la investigación iniciada no implica incumplimientos a la Ley.
La respuesta de las empresas
Tanto Loma Negra como Holcim debieron notificar de la nueva acción de la CNDC a la Bolsa de Comercio con sendos comunicados en los que hacen referencia a la apertura de un sumario por parte de la CNDC en el marco del artículo 39 de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia "con el objeto de investigar supuestas conductas anticompetitivas".
Dicho artículo se refiere a que una vez que las empresas presenten el descargo, o que haya vencido el plazo para hacerlo, el Gobierno resolverá sobre la procedencia de la instrucción del sumario.
En esta etapa procesal, podrá llevar adelante las medidas procesales que considere pertinentes, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) En todos los pedidos de informes, oficios y demás, se otorgará un plazo de 10 días para su contestación.
b) En el caso de las audiencias testimoniales, los testigos podrán asistir a las mismas con letrado patrocinante. Asimismo, las partes denunciantes y denunciadas podrán asistir con sus apoderados, los cuales deberán estar debidamente presentados en el expediente;
c) Las auditorías o pericias serán llevadas a cabo por personal idóneo designado por el Tribunal.
En sus comunicados, tanto Loma Negra como Holcim rechazan las acusaciones al sostener que han cumplido y cumplen con las normas de defensa de la libre y leal competencia, así como las más estrictas políticas de ética y compliance, y que la investigación iniciada no implica incumplimientos a la Ley.
En el caso de Holcim, sus abogados aseguran que la sociedad "se ha puesto a disposición de la CNDC para brindar las explicaciones y aportar las pruebas que el ente requiera y hacen al derecho de la Sociedad".
En tanto, el comunicado de Loma Negra asegura que la investigación iniciada no implica una acusación de conducta bajo la ley y sostiene que la empresa "aportará la prueba que la CNDC requiera".
Asimismo, manifiesta que "siempre cumplió con la normativa vigente en materia de relacionamiento con la competencia y con las políticas de ética y compliance".
Antecedentes
No es la primera vez que las cementeras son sometidas a una investigación por parte de Defensa de la Competencia por la aplicación de presuntos sobrecostos.
En el 2013, fueron condenadas por la Corte Suprema a pagar $310 millones (en ese momento US$60 millones) por pactar precios y concertar cuotas de mercado en el marco de una investigación iniciada de oficio en 1999 y que se extendió hasta el 2005, cuando las cementeras fueron encontradas culpables, aunque el fallo fue apelado.
Según ese trabajo, a lo largo de 18 años, desde 1981 a 1999, el porcentaje de participación de cada empresa se mantuvo casi inalterable.
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