Afirman que Entre Ríos "desequilibra" el mercado del fracking en Vaca Muerta

Arena de mayor calidad, pero más barata y con menos controles.

La provincia de Entre Ríos se consolidó en los últimos años como el principal proveedor de arena silícea para la industria del fracking en Vaca Muerta.

Su participación supera hoy el 80% del insumo utilizado por operadoras como YPF.

A pesar de su calidad superior, la arena entrerriana se impone en el mercado no solo por sus propiedades geológicas, sino por sus bajos costos, sostenidos en un marco de escasa regulación ambiental, fiscal y laboral.

Esta combinación, lejos de constituir una ventaja estructural legítima, no solo afectaría la recaudación por el recurso y el impacto en el ambiente, sino que además empuja al borde del colapso a las proveedoras tradicionales de la Patagonia.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ordenó al gobierno provincial que entregara información precisa sobre los volúmenes extraídos, los destinos del mineral y los montos recaudados en concepto de derechos de extracción. La información todavía está pendiente.

Uno de los casos más visibles es el de NRG Argentina, con sede en Allen, Río Negro. Desde fines de 2024 hasta julio de 2025, la empresa despidió a más de 640 trabajadores.

Según el sindicato AOMA, esta ola de cesantías responde directamente al desplome de la demanda por parte de las grandes operadoras petroleras, que optaron por la arena entrerriana a pesar de su mayor costo de transporte.

En 2024, NRG procesó solo 600.000 toneladas de arena, muy por debajo del mínimo estimado de 1,5 millones necesario para sostener su operación. Hoy, de los 800 trabajadores que llegó a emplear, solo quedan 90 en funciones.

Las causas de este desplazamiento no se explican únicamente por la calidad técnica del mineral. El diferencial de costos es abismal: mientras que producir una tonelada de arena en Río Negro cuesta más de 100 dólares (producto de altos costos laborales y exigencias ambientales), en Entre Ríos puede extraerse por entre 40 y 60 dólares. Incluso sumando transporte —más de 1.300 kilómetros hasta los pozos neuquinos—, el precio final de la arena entrerriana ronda los 80/100 dólares, lo que la hace más competitiva a costa de la informalidad, el deterioro ambiental y la precarización laboral.

Falta de controles y una orden judicial incumplida

Este modelo de “arena barata” en Entre Ríos no es inocuo. Tras un pedido de información de la fundación CAUCE que no solo no fue respondido sino apelado por la Provincia, en junio de 2025, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ordenó al gobierno provincial que entregara, en un plazo de diez días hábiles, información precisa sobre los volúmenes extraídos, los destinos del mineral y los montos recaudados en concepto de derechos de extracción.

La sentencia ordenaba que debía transparentarse la explotación de un recurso estratégico. Sin embargo, hasta la fecha, el fallo sigue sin cumplirse. No se ha publicado ningún dato oficial ni hay registros públicos disponibles en los portales de la ATER (Administración Tributaria de Entre Ríos), que está a cargo de la recaudación por la extracción del recurso, ni en la Dirección General de Minería de la Provincia, como autoridad de aplicación y ser la que fija los valores de acuerdo a la Ley 10158.

Mientras tanto, la presión extractiva sobre los yacimientos de Ibicuy y Diamante crece. Entre 500 y 600 millones de litros de agua son utilizados mensualmente para lavar arena —el equivalente al consumo de una ciudad de 150.000 habitantes—, generando a su vez aguas residuales que amenazan napas y cursos fluviales.

La remoción de suelo en zonas de humedales, la emisión de polvo de sílice al aire y la afectación de hábitats naturales están generando creciente resistencia social en comunidades locales.

En Entre Ríos, la falta de controles también se traduce en condiciones laborales irregulares, con denuncias de trabajo informal, jornadas extenuantes para choferes que transportan la arena en turnos continuos y sin una estrategia de desarrollo territorial que reinvierta parte de las ganancias en las comunidades impactadas.

Mientras las grandes operadoras ahorran millones, los costos reales del modelo son absorbidos por trabajadores despedidos, rutas destruidas, humedales degradados y comunidades sin información ni participación.

Fuente: Diario Junio

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