Caso YMAD: el fiscal acusó a Cerisola de causar un perjuicio de $53.500 millones a la UNT

Con el inicio de los alegatos del Ministerio Público Fiscal, el juicio por el destino de los fondos mineros de YMAD en la Universidad Nacional de Tucumán ingresó en una etapa clave.

El fiscal Pablo Camuña fue categórico: acusó al ex rector Juan Alberto Cerisola de haber causado un daño patrimonial estimado en más de $53.500 millones, como resultado de maniobras fraudulentas durante su gestión entre 2006 y 2009.

 La causa involucra también a los ex funcionarios universitarios Luis Fernando Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino, acusados de integrar un sistema paralelo e irregular de contratación de obras públicas, por fuera de la normativa vigente.

Según el fiscal, se detectaron 13 contrataciones con sobreprecios, falta de controles y decisiones discrecionales que constituyen un caso de corrupción estructural dentro del ámbito universitario. “El perjuicio no es solo económico, sino también institucional”, afirmó Camuña, quien remarcó que las decisiones se tomaron al margen de la Ley de Administración Financiera, en el marco de un plan de obras impulsado bajo el nombre “Ciudad Universitaria del Siglo XXI”.

Este plan fue articulado sin licitaciones ni controles adecuados, y permitió desviar el destino de regalías mineras que debían aplicarse exclusivamente a la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier y Horco Molle, tal como establece la Ley 14.771.

El fiscal detalló cómo Cerisola y su entorno formalizaron un acuerdo con YMAD para declarar unilateralmente concluida la Ciudad Universitaria, liberando así el 40% de los fondos para libre disponibilidad de la UNT, mitad de los cuales debían distribuirse a otras universidades nacionales.

Esa decisión, considerada ilegal, fue posteriormente anulada por el Consejo Superior de la UNT, que inició una demanda ante la Justicia Federal de Catamarca para revertir los efectos del acuerdo.

“Los acusados montaron un sistema oscuro, excepcional, fuera de todas las reglas de transparencia. Fue una administración fraudulenta de bienes públicos”, sostuvo Camuña, y añadió: “Esperamos que este daño se repare al menos parcialmente”.

Hoy continuará el alegato la fiscal Lucía Doz Costa, y mañana será el turno del fiscal Agustín Chit. La querella tomará la palabra el próximo lunes, y luego será el turno de las defensas. La sentencia se conocería después de la feria judicial.

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