La postura se conoció en el marco del proceso de presentación de pruebas solicitado por el Juzgado de Control de Garantías de Andalgalá que entiende en la causa del amparo ambiental.
En el marco del amparo ambiental por el que se suspendió la actividad minera en Andalgalá, la municipalidad de la Perla del Oeste respaldó el planteo de los vecinos autoconvocados que iniciaron el proceso contra la actividad.
La decisión de la comuna, hoy conducida por el intendente y candidato a diputado provincial Alejandro Páez, se conoció en el marco del período de presentación de pruebas que abrió el juez que entiende en la causa, Rodolfo Cecenarro.
Cecenarro había resuelto otorgar un plazo de 15 días para presentar sus pruebas a todas las partes involucradas en el amparo ambiental. Todo el procedimiento a cargo del juez es para resolver la continuidad o no de la actividad ante las noticias por la reactivación del proyecto Agua Rica.
Es por eso que fueron notificadas la empresa Minera Agua Rica, los amparistas, el Estado provincial y la Municipalidad de Andalgalá.
Este conflicto comenzó con la presentación de un recurso de amparo por parte de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Andalgalá en contra de la actividad minera en el año 2010, por lo que ya tiene nueve años.
De acuerdo con lo que pudo conocer este medio, de las cuatro partes que fueron convocadas a presentar pruebas, tres de ellas lo hicieron. La Municipalidad de Andalgalá y el Concejo Deliberante, los vecinos amparistas y la Secretaría de Minería de la Provincia.
La empresa Agua Rica no lo hizo y en su lugar apeló el proceso llevado adelante por Cecenarro. Esta cuestión deberá resolverse en los próximos días.
La Municipalidad y el CD, representados por el abogado y candidato a gobernador José Furque, optaron por "allanarse" a la postura de los ambientalistas. Es decir, optaron por respaldar el amparo que inició todo este proceso y por el cual la actividad minera en Andalgalá está paralizada.
Para argumentar su postura, la municipalidad explicó que coincide con los amparistas respecto a la protección del ambiente y en ese marco presentó un estudio impulsado por la propia municipalidad que realizó observaciones en el Informe de Impacto Ambiental de Agua Rica.
Ese estudio fue realizado por una unidad de la Universidad de Tucumán a pedido de la comuna y fue tomado en cuenta para la redacción del DIA (Dictamen de Impacto Ambiental) que luego fue anulado por la propia Secretaría de Minería, ya que no podía tener observaciones. Este informe fue realizado en la gestión anterior a la del intendente Páez.
Además, la municipalidad también ofreció como prueba la Ordenanza Municipal que prohibió la actividad minera en la cuenca hídrica de Andalgalá.
Una vez cerrado el período de pruebas, será el turno del Juzgado de Control de Garantías para definir los pasos a seguir.
Luego de la presentación del amparo en enero de 2010 y que fuera rechazado en todas las instancias provinciales, en noviembre de 2012 los amparistas presentaron el recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación.
En marzo de 2016, el máximo tribunal de la Nación ordenó que se revea la sentencia local y que se atienda el pedido del amparo. El recurso volvió al juzgado de Andalgalá. En septiembre de 2016, el juez Cecenarro resuelve la suspensión de la actividad minera. Luego fue recusado y la causa se quedó sin juez por dos años. Volvió de nuevo el año pasado.
Finalmente, en noviembre de 2018, una comisión encabezada por el fiscal penal de Andalgalá, Alejandro Scidá, visitó el predio de Agua Rica en Minas Capillitas para realizar una inspección ocular y así saber si la empresa estuvo cumpliendo la orden del juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro, que suspendía sus actividades.
El Ancasti
