Catamarca: Altos del Mulatto, Departamento Belén, con operativos Antimineros

¿Quién le pone "el Cascabel al gato"?

Lo que conocerán hoy nuestros lectores, ocurriría  en pleno siglo XXI, a la vista de todos y todas,  en una provincia decididamente minera y en la que los proyectos mineros son la carta de presentación para los inversionistas ante el mundo. Existen profesionales que, en nombre de la Universidad Nacional de Catamarca, harían campañas y operaciones anti minería.

De confirmarse la información que adelantaremos ahora en esta edición de Prensa GeoMinera, recién comenzará a fluir a nivel nacional una historia de injusticias y de violación de los derechos humanos que  parece ser tomada de una crónica del siglo XIX y que deja lamentablemente atrapada a la mismísima  UNC  y  a las autoridades nacionales que deben preservar los derechos indígenas en nuestra Argentina del interior. 

Distintas noticias  que se esparcen en páginas  digitales y algún medio nacional, alimentan una opinión pública, que hasta hoy, curiosamente solo ha tenido como voceros a una abogada que se define como “ambientalista” y un Arqueólogo que en nombre de la UNC  se presentan como dueños de las comunidades originarias de esta zona de  Belén.

Según la información que pudo acceder Prensa GeoMinera, a través de distintas fuentes de las comunidades del distrito Belén y del propio gobierno catamarqueño, esta semana el alerta llegó a las comunidades de Carachi, Aguas Calientes, Laguna Blanca, Corral Blanco y La Angostura,  ante un nuevo atropello que estas comunidades estarían  sufriendo por el accionar “perverso que  un arqueólogo y una abogada  que mediante engaño a residentes de la zona, estarían concretando con GPS en mano  divisiones territoriales y mapas” en nombre de la universidad de esta jurisdicción.

De confirmarse la información descripta, en este lugar alejado de los centros urbanos de la provincia,  las autoridades de la UNC deberían próximamente fijar posición formal para comenzar a develar un mecanismo  inicuo, que en nombre de la ciencia,  coloca a la institución en un lugar del siglo XIX en pleno siglo XXI, donde, los derechos humanos y los procesos de deliberación y autodeterminación de los pueblos originarios no pueden ser  avasallados, ni por los mineros, la política en general, ni falsos ambientalistas o arqueólogos, como sería en este caso.

Según pudo conocer PGM a través de diversas fuentes de la zona, los involucrados en este tipo de maniobras  han sido  sistemáticamente denunciados  en la justicia provincial, por pretender consagrar Caciques a su antojo destruyendo las relaciones dentro de las comunidades autóctonas de la zona y por fuera las competencias del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y autoridades provinciales.  Resulta paradójico,  para cualquier  avispado de la prensa nacional, que hasta ahora no se haya investigado el reiterado uso de sellos y firmas de Caciques, actuando amparados en supuestos derechos indígenas. En la actualidad, continúan utilizando para usufructuar con fines personales, lejos de los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Este nuevo antecedente denunciado,  sería una intromisión directa  en  las funciones de seguridad  territorial, registrándose una nueva intervención sin precedentes; la cual se estaría materializando en medio de la implementación de la Consulta Pública que minería de la provincia intenta garantizar a los efectos de que la sociedad se informe y participe. Por eso sentenciamos que se decodifica que por medio de este tipo de artilugio que realiza una letrada y un arqueólogo en nombre de la “batalla cultural”, contra de la “maldita minería”.

En este preciso caso que relatamos, sería la misma “maldita minería”  -que según colegas y ex becarios del Arqueólogo- le habría permitido instituirse como “emperador” a través de recursos obtenidos de Minera Alumbrera para erigirse en dueño único del museo de  Laguna Blanca y desde el que ahora en nombre de la Universidad  Nacional de Catamarca viene intentando crear nuevas comunidades indígenas para dividir y evitar que los verdaderos dueños del territorio participen del procesos de consulta previa libre e informada.

Como coralario, para quienes  quieran ponerle el cascabel a esta situación, sepan que   conoció, por fuentes bien confiables, que el arqueólogo en cuestión, recibe  entre sus colegas el  apodo del “emperador” por haberse  convertido en el dueño de la voluntad de varias comunidades aborígenes del distrito de Belén, apropiándose “representación” de Laguna Blanca desde un museo que le permite regentear la biósfera de local y del cual los originarios están excluidos de participar en cualquier beneficio.

Prensa GeoMinera