La llamada "fiebre del litio" parecía una oportunidad propicia para revertir el ostensible aplazo del Estado catamarqueño en materia minera, obtenido primero con la dilapidación de la renta arrojada por Bajo La Alumbrera y luego con la opaca gestión de CAMYEN SE.
Pese a que las potenciales ganancias y los montos necesarios para proceder a la explotación del mineral son significativamente inferiores a los de Bajo La Alumbrera, el entusiasmo puesto por los inversores para posicionarse en el negocio inducía a suponer que la Provincia estaba en condiciones de lograr beneficios adicionales a las exiguas regalías.
La experiencia acumulada en las más de dos décadas de producción que lleva Minera del Altiplano en Antofagasta de la Sierra abonaba también estas presunciones. Sin embargo, además de los movimientos en el Juzgado de Minas tendientes a regularizar pedimentos y obtener áreas para cateo, exploración y explotación, la fiebre produjo un incremento de información que deja a las autoridades provinciales muy mal paradas. Es a esta altura inocultable la ausencia de una política pública agresiva para aumentar la participación del Estado en las utilidades que arrojaría el litio, inexplicable si se considera que cuenta con la herramienta de la CAMYEN para intentar asociarse en los emprendimientos o disputar derechos sobre áreas atractivas. Los periódicos anuncios de inversiones en la actividad hacen más notoria esta prescindencia. Hasta el momento a la Provincia de Catamarca solo le correspondería el 2% de la facturación: a gatas más que nada.
El diputado Hugo Ávila trazó hace poco odiosas comparaciones. Señaló que el Estado jujeño celebró acuerdos con empresas privadas que le permitirían embuchar hasta el 12% de las utilidades del litio extraído de su territorio. Pero más importante que esta tajada es que participará como socio de una planta para fabricar baterías de litio, la primera del país. La industrialización del mineral es un plus cualitativo importante e implica la creación de fuentes de trabajo de calidad. Jujuy se asociará al emprendimiento a través de la compañía estatal Jujuy Energía y Minería (JEMSE), denominación que no puede dejar de remitir a la local Catamarca Minera y Energética (CAMYEN). Por qué Jujuy puede y Catamarca ni trata, lo sabrán los funcionarios mineros catuchos, quienes se enteraron por la prensa de una transacción millonaria entre privados por derechos exploración en un área de 6.500 hectáreas y presumieron hace pocas horas por una inversión de 280 millones de dólares que hará la empresa Galaxy sin que le cueste un marevedí extra: es la misma plata que obtuvo por venderle un paquete de pedimentos a POSCO.
En una entrevista con El Ancasti a propósito de la adquisición de derechos de exploración de litio por parte de la canadiense Marifil Mines, el juez de Minas Guillermo Cerda señaló que "en el padrón minero hay muchas minas con pedidos que han caducado de hecho, pero no de derecho. Nosotros mantenemos esa caducidad hasta tanto aparezca un interesado serio y allí se dicta la caducidad de derecho". Dado el impulso cobrado por la comercialización de derechos entre privados, llama la atención que el Estado catamarqueño no se preocupe por identificar estas "minas que han caducado de hecho". A lo mejor podría hacer algún negocio que nutra las tristes arcas públicas locales, pero parece que acá los únicos que pueden especular y obtener ganancias son los privados; o capaz que a CAMYEN no le da el piné para postularse como "interesado serio".
Cerda también consideró que la experiencia en minería coloca a la Provincia "en posición de exigir un poco más a las empresas, por ejemplo, en estos casos, que instalen fábricas de baterías de litio". Pero esta posibilidad también parece estarle vedada al sector público local, solitario inmune a la epidémica "fiebre del litio".
El Ancasti
