Catamarca: Cara y Cruz: Acaparamiento litífero

Desde la sección editorial de El Ancasti cuestionan con dureza la acción del gobierno en cuanto a los derechos de la provincia sobre el litio.

Con la aprobación de la adquisición de Arcadium por parte del Comité de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos (CFIUS), el gigante minero anglo-australiano Rio Tinto despeja obstáculos para afianzarse en control de la mayor concentración de derechos de explotación litífera de la Argentina, con Fénix y Sal de la Vida en la puna de Catamarca, Olaroz en Jujuy y Salar del Rincón en Salta.

Las modificaciones introducidas en 2017 al contrato por la explotación de Fénix despojaron a la Provincia de cualquier posibilidad de incidir sobre este proceso u obtener algún beneficio de él, al habilitar a la norteamericana Livent para ceder sus derechos sin necesidad de contar con la anuencia del Gobierno de la Provincia.

Así, Livent se fusionó primero con Allkem en Arcadium, que el año pasado le vendió todo su paquete accionario a Rio Tinto por 6.700 millones de dólares en efectivo.

La atropellada de Rio Tinto se aceleró a partir de ese momento. La habilitación norteamericana se suma a las de ya mercados clave como Reino Unido, Australia, Canadá, China, Japón y Corea del Sur. Hace unos días anunció una inversión de 2.500 millones de dólares para iniciar los trabajos en el Salar del Rincón.

Catamarca, Salta, Jujuy: una megacorporación anglo-australiana empoderada en el triángulo del litio argentino.

La miopía estratégica catamarqueña es evidente.

Por iniciativa del gobierno de Lucía Corpacci, en 2017 se reformuló el contrato que se había celebrado en 1991 para desarrollar el Proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto.

La cláusula 24.1 del convenio original establecía taxativamente que ninguna de las partes podía ceder sus derechos sin “la previa conformidad por escrito de la otra”, y que tal conformidad no podía ser “denegada en forma irrazonable” luego de la puesta en marcha del emprendimiento.

En 2017 se añadió el párrafo: “Las partes acuerdan que FMC Corporation y sus sucesoras podrán ceder, en cualquier momento y sin el consentimiento de la Provincia, la totalidad de sus derechos y obligaciones bajo este acuerdo y sus modificaciones a una compañía vinculada, ya sea presente o futura, incluyendo compañías vinculadas que fueran creadas con el propósito de convertirse en compañías públicas independientes que coticen y comercialicen libremente sus acciones en los mercados de valores internacionales”.

Los motivos por los cuales el Gobierno provincial renunció al poder soberano de consentir las transferencias de derechos que decidiera Livent no pudieron ser explicadas por nadie.

Cuando los nuevos términos del contrato se discutieron en la Legislatura, en diciembre de 2017, la cláusula fue objetada específicamente por parte de la oposición. El Colegio de Geólogos de la Provincia, entonces presidido por el actual diputado Alfredo Marchioli, señaló sus implicancias.

La preocupación por neutralizar intromisiones estatales en la gestión de Livent se torna más sugestiva en cuanto se advierte que nada le impedía a la firma ceder sus derechos en el contrato de 1991, salvo que para hacerlo debía contar con “la previa conformidad por escrito” del Estado, y que esta conformidad no podía “ser denegada en forma irrazonable”.

De tal modo, las operaciones que Livent realizó desde 2017, para fusionarse con Allkem primero y vender todo a Rio Tinto después, no requerían excluir al Estado catamarqueño del circuito. La firma norteamericana podría haberlas ejecutado con solo gestionar el consentimiento de la Provincia, que por otro lado solo podría haberse negado oponiendo argumentos “razonables”.

El resultado de la decisión política tomada en 2017 está a la vista: concentración de derechos para extraer litio en una multinacional, en contradicción palmaria con la prédica antiimperialista del sector que configuró el escenario jurídico para que los acaparara.

El Ancasti