La minería, pese a ser postulada por todo el espectro político como asunto central en el derrotero provinciano, ha sido erradicada de la agenda de campaña al menos por parte de las dos fuerzas mayoritarias. Los motivos se desconocen, pues ambas cuentan con argumentos sólidos para objetar a su contendiente. Podría ser que teman que las heridas mutuas no valgan el rédito electoral que podrían arrojar.
Pero la negación no supone la desaparición del problema negado. Ahí está el conflicto en Antofagasta de la Sierra por el proyecto encaminado a construir un acueducto en el río Los Patos para acreditarlo.
El diputado y candidato a gobernador por Consenso Federal, Hugo "Grillo" Ávila, metió en la última sesión un bocadillo, con la excusa de homenajear al pueblo antofagasteño porque "tomó la determinación de cuidar sus recursos naturales". El legislador cuestionó a los gobiernos provincial y nacional por permitir "que las corporaciones extranjeras hagan uso y abuso de los recursos".
La presidente del bloque oficialista, Cecilia Guerrero, defendió a la administración provincial. "Todos somos conscientes de la importancia del agua, pero no necesariamente el desarrollo de un emprendimiento minero va a significar que se deja sin agua a un pueblo", dijo.
Representantes del FCS-Cambiemos subrayaron de la necesidad de establecer el alcance de la participación ciudadana en las instancias previas a la inversión minera y consideraron que la insumisión de parte de la comunidad antofagasteña obedece a desconfianza hacia las autoridades.
El caso del río Los Patos expone que la licencia social para la actividad está bastante lejos de poder exhibirse como un logro.
Las razones de esta reticencia pueden ser varias, pero hay una que se destaca: al temor a los perjuicios ambientales, el Estado no puede oponer un mejoramiento significativo de la calidad de vida en las comunidades que supuestamente más debían beneficiarse con la actividad.
Independientemente de las responsabilidades, la impresión en la gente es que el terreno de la política minera está plagado de vivillos y logreros.
Todo lo que pueda hacerse para revertir esta sensación contribuirá también a mejorar las condiciones para que el sentimiento antiminero remita, obviamente con las garantías ambientales que corresponden.
En este sentido, poco ayuda la conducta prescindente que las autoridades mantienen respecto de la especulación en torno a los pedimentos mineros.
Varios personajes, muy conocidos en el ambiente, hacen los trámites para apoderarse de los derechos de exploración de posibles yacimientos o áreas mineras y luego no solo no invierten, sino que ni siquiera abonan cánones y otras gabelas. Se limitan a esperar que aparezcan interesados para recién allí ponerse al día. Pueden pasar años hasta que eso ocurra. Hay deudas con el fisco millonarias.
La pasividad del Estado ante esta ostensible especulación es más llamativa en el contexto del "boom" por el litio, sobre todo si se considera que el Gobierno creó la sociedad estatal CAMYEN precisamente para asociarse al capital privado en los emprendimientos. Una depuración del padrón minero podría servir para que CAMYEN se capitalice, tomando los pedimentos que sean anulados.
No hay políticas tendientes a recuperar para el dominio público áreas en manos de sujetos que solo esperan la oportunidad para hacer una transacción conveniente, con una inversión nula. Por desconocimiento o complicidad, no se procede a dictaminar la caducidad de los pedimentos morosos. Tampoco mecanismos para procurar el pago de las deudas acumuladas, cuya cifra se desconoce pero es muy alta.
Estas distracciones abonan el terreno para la prédica antiminera.
La maniobra no es ningún misterio y los propietarios de los pedimentos en mora no son oriundos de las zonas en que se encuentran localizados los yacimientos.
El Ancasti
