El cepo de la dependencia administración. Alberto Rodríguez Saá. Con mucho menos recursos que Catamarca, San Luis logró forjar márgenes importantes de autonomía financiera respecto de la nación.
Con la industria ya resignada a la indiferencia como monótona respuesta a sus planteos, la construcción, cultora de un proverbial perfil bajo, se suma ahora a los rezongos por las consecuencias de la crisis. Un elemento muy puntual diferencia este lanzamiento a la arena pública: mientras la actividad industrial catamarcana clama por disposiciones nacionales de fondo que atenúen desventajas comparativas que la devalúan frente a otras regiones, acentuadas en la coyuntura económica, los constructores se circunscriben a señalar incidentes administrativos. El problema es específico: la Casa Rosada tiene pisadas las partidas para pagar las certificaciones de obra, y esto provoca a las empresas inconvenientes financieros que comienzan a tornarse insostenibles. Los sinsabores de la Cámara de la Construcción exponen hasta qué punto la Provincia depende de la Nación para sostener sus cadena de pagos. La carencia de excedentes suficientes para apuntalar la actividad económica local ante la menor deserción nacional configura un cepo cuyo rigor se hace manifiesto en la queja de la Cámara de la Construcción, que supuestamente agrupa a las firmas con mayor capacidad para soportar la ralentización de los desembolsos estatales por un tiempo sin entrar en colapso. Los ajustes que adornarán la asistencia del FMI, que afectarán a la Provincia, no habilitan pronósticos optimistas.
Aunque las comparaciones son odiosas, la clase política, también la sociedad de la que surge, tiene que profundizar la reflexión sobre su mendicante circunstancia. El caso de San Luis es adecuado para exponer contrastes. Si se excluye la coparticipación federal, Catamarca está entre las cinco provincias del país que menos recaudación propia aporta a su Presupuesto: menos del 10%. Los puntanos suman el 25%, un cuarto de sus erogaciones públicas. De los 36 mil millones de pesos del Presupuesto local, sólo unos $3.700 millones (10%) se capitalizan en infraestructura. San Luis, con un presupuesto de $26.000 millones -$10.000 millones menos-, destina $12.000 millones a infraestructura, es decir: alrededor del 45%. Si se considera que San Luis no se benefició con rentas mineras multimillonarias, como ocurrió con Catamarca sobre todo entre 2004 y 2011, la impericia y lo corto de la visión de los administradores catamarqueños se hace manifiesta. Esta deficiencia se comprueba en cuanto se compara la evolución de los gastos ordinarios ?sueldos y gastos de funcionamiento- catamarqueños en el período democrático. La tasa promedio anual en los gobiernos saadistas (1983-1991), castillistas (1991-2003) y, ahora, corpaccistas (2011-2018), fue del 10%; en la etapa de Eduardo Brizuela del Moral (2003-2011), con la explosión de los ingresos mineros, se duplicó al 20%. Vale decir que el Estado catamarqueño asumió con los coyunturales ingresos mineros, erogaciones rígidas, de carácter permanente, muy difíciles de reducir. ¿Qué otro auxilio pueden esperar la industria o la construcción del Estado provincial, que no sea el de sumar integrantes para el coro de los lamentos a la Nación?
Los grilletes de la dependencia económica provincial se remachan con un sistema bancario que no financia la producción local. Ya se lo ha dicho más de una vez: las sucursales catamarqueñas de los bancos capturan depósitos locales para jugarlos financieramente en otras regiones del país que aseguran retornos más rápidos. Lo hace el propio Banco Nación, que maneja los recursos públicos, con la lógica invariable que tiene desde su fundación. Carlos Pellegrini lo creó para financiar la Pampa Húmeda, no regiones marginales como Catamarca. Los cambios registrados entre 1891 y la fecha no se han reflejado en revisiones de las políticas crediticias.
El Ancasti
