Que las empresas Yamana Gold, Glendcore y Goldcorp hayan decido asociarse para trabajar en el yacimiento Agua Rica, asociadas a su vez con Minera Alumbrera, que pondrá su infraestructura no se sabe aún a cambio de qué, generó lógico entusiasmo en el Gobierno, que se apresuró a marcar el episodio como un triunfo de sus políticas.
No ha de desmentirse tal apreciación, acaso acertada. El anuncio realizado por los grupos empresarios al presidente Mauricio Macri es el primer movimiento serio hacia la reanudación de las actividades en Agua Rica, paralizadas desde hace tres años por una decisión judicial que avaló el rechazo social al emprendimiento. Es legítimo que el Gobierno se anote el poroto, sobre todo cuando debe juntar fuerzas para la tarea política que le toca, indispensable para materializar el proyecto.
La importancia del acuerdo radica en la decisión empresaria de sortear los obstáculos que impidieron hasta ahora avanzar hacia la explotación.
Es significativa la incorporación de Glendcore y Goldcorp. Yamana Gold, propietaria de los derechos de explotación, se mantenía a la espera de una coyuntura propicia para sacar el mayor provecho posible de su posición. La asociación con las otras dos firmas indica que ha llegado por fin y que la Provincia puede esperanzarse en comenzar a cobrar, aparte de las regalías, utilidades a través de la estatal CAMYEN, en los términos acordados entre ésta y Yamana: 3% en acciones sin derecho a voto y sin posibilidades de venta sin acuerdo del directorio, una vez que la inversión se amortice. Falta bastante.
Para calcular el monto que podría tocarle a Catamarca, resta saber cómo se distribuirán las utilidades entre Yamana, Glendcore y Goldcorp: CAMYEN tendrá el 3% de lo de Yamana, que es lo que le corresponde a cambio de haberle cedido a la firma privada el usufructo durante 40 años del área Cerro Atajo.
Lo mismo ocurre con YMAD, socia al 20% de Minera Alumbrera: su tajada depende de lo que Minera Alumbrera obtenga por el uso de su infraestructura.
Obstáculo jurídico
Yamana, Glendcore y Goldcorp conformaron un comité técnico para dirigir la revisión y evaluación del proyecto integrado. Calculan que el estudio de pre-factibilidad estará listo este año y el estudio de factibilidad completo, con reservas actualizadas, estimaciones de producción y costos del proyecto, para 2020. Esto proporcionará el marco para la presentación de una nueva Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que será puesta a consideración de las autoridades mineras y la comunidad de Andalgalá.
El nuevo informe de impacto ambiental reviste singular importancia. Agua Rica se paralizó en 2016 luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara, precisamente, rehacer su informe de impacto ambiental.
El tribunal falló a favor de un grupo de vecinos de Andalgalá que había objetado en 2010 la aprobación "condicionada" por parte de la Secretaría de Minería de la Provincia de la evaluación presentada por Yamana Gold. Avaló el criterio de los vecinos andalgalenses en el sentido de que no existe la figura de aprobación condicionada del informe de impacto ambiental. "La normativa aplicable (arts. 251, 254 y concordantes del Código de Minería y 41 de la Constitución Nacional) no prevé la posibilidad de que se apruebe el Informe de Impacto Ambiental bajo la condición de que, en forma previa a iniciar los trabajos, la empresa minera resuelva las objeciones y observaciones formuladas por la autoridad administrativa", consignó la sentencia.
Añadió que "de la resolución mencionada, por la cual se aprobó el Informe de Impacto Ambiental presentado para la etapa de explotación del proyecto en carácter de Declaración de Impacto Ambiental, surge que la Provincia demandada admitió la existencia de problemas ambientales que la empresa debía solucionar antes del inicio de los trabajos, tanto respecto del área de mina Andalgalá, como del área de proceso Campo Arenal".
Vale decir que el proyecto estará en condiciones de reactivarse una vez que se apruebe un nuevo informe de impacto ambiental que satisfaga los extremos exigidos por la Justicia.
Es el menor de los inconvenientes a salvar.
Del sueño a la pesadilla
El Gobierno tiene que conjurar el sentimiento contrario a la minería, que se extendió en las comunidades del oeste catamarqueño abonado por la frustración que sufrieron con la explotación de Bajo Alumbrera.
Pese a las millonadas que este emprendimiento arrojó en favor del erario en concepto de regalías y utilidades, la actividad minera carece de licencia social. Mejor dicho: perdió la licencia social que tenía debido a la dilapidación de la renta pública de Bajo La Alumbrera en el altar de la incompetencia y la corrupción. El enriquecimiento de un puñado de privilegiados contrasta con sociedades aledañas al yacimiento ancladas en el fracaso.
Del Mirador Político del 6 de marzo de 2016, "La maldición minera": "No puede sorprender la reticencia a otorgar la licencia social a la minería. No solo inciden en esta prudente conducta el despilfarro irresponsable y venal de la renta minera y los evidentes entuertos en que están complicados funcionarios públicos y actores privados.
Andalgalá, Belén, Tinogasta, Santa María -los pueblos mineros- están devastados. No por perjuicios ambientales, sino por el impacto de las lacras que deja el dinero fácil que les cayó en forma de regalías. Sus sistemas productivos fueron arrasados junto a la cultura del trabajo. Las drogas se les enquistaron sobre las adicciones en expansión. Las aberraciones sexuales son moneda corriente en paralelo a la prostitución, la timba y el alcoholismo. El vicio en todas sus formas los erosiona moralmente.
Las cuentas para las comunidades son sencillas. Conjugan funcionariato y políticos enriquecidos velozmente, decadencia social y destrucción de los horizontes de progreso ahora que la minería remite.
La bendición de contar con minerales valiosos fue convertida en maldición. El viejo sueño minero degeneró en una pesadilla".
El Gobierno debe revertir una decepción enorme.
Recuperar la licencia social para la minería perdida es requisito indispensable. Ninguna sentencia, ningún acuerdo empresario, por solventes que sean sus suscriptores, habilitará la explotación de Agua Rica si los andalgalenses se oponen.
El Ancasti
