Catamarca/el mirador político: Omisión política, recurso judicial

El planteo contra la construcción de un acueducto en el río antofagasteño Los Patos es un interesante aporte a la discusión sobre la minería. Al afirmar que las obras, tendientes a incrementar el margen de rentabilidad de la empresa Livent, deben suspenderse porque carecen de licencia social, el cacique de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano Román Guit

El planteo contra la construcción de un acueducto en el río antofagasteño Los Patos es un interesante aporte a la discusión sobre la minería.

Al afirmar que las obras, tendientes a incrementar el margen de rentabilidad de la empresa Livent, deben suspenderse porque carecen de licencia social, el cacique de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano Román Guitian encomienda al juez de Minas Guillermo Cerda la tarea de verificar un fenómeno de naturaleza política: cuál es el grado de consenso en Antofagasta de la Sierra en torno al uso del agua para la producción de litio.

El recurso a la Justicia procede porque el Gobierno omitió tomar tal recaudo.

De acuerdo a lo que se informó, la presentación del cacique incluye "dos análisis críticos" que según dice demuestran "todos los errores del informe de impacto ambiental", además de "17 irregularidades que la propia Dirección de Minería reconoce, las cuales convierten en ilegal, irregular y contra derecho la aprobación del proyecto".

Sin embargo, es más relevante en el contexto de la reactualizada polémica por la minería y sus efectos ambientales y económicos la incorporación de un acta en la que el Gobierno, cuando ya ardía el conflicto, se comprometió a parar los trabajos hasta la celebración de una audiencia pública que se expidiera sobre ellos. Aunque esta instancia no tuvo lugar, Livent reemprendió sus tareas apenas la controversia se atenuó, entre otras cosas por esta promesa oficial.

Para Guitian y la organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA) se han violado "los derechos de consulta pública, libre, previa e informada a la comunidad indígena y a los vecinos y vecinas".

Interpelado, Cerda admitió que concedió oportunamente el permiso para la obra, pero aclaró: "Si ahora se están cometiendo irregularidades y no han procedido conforme a los criterios de la ley, vamos a proceder y vamos a suspender".

"Las comunidades son las primeras que tenemos que escuchar. Si no hay licencia social indudablemente no puede haber minería, tenemos que tener ese consenso" añadió.

Perogrullada aparente

Las manifestaciones de Cerda sobre la necesidad del consenso para la minería pueden parecer una perogrullada, pero la conducta del Gobierno indica que no.

El conflicto por el agua del río Los Patos ganó visibilidad el año pasado cuando miembros de una familia de apellido Morales fueron reprimidas y encarcelados por negarse a permitir el paso de un camino para la Livent por sus tierras. Este incidente se precipitó por orden de la fiscal subrogante de Belén Verónica Saldaño, quien a su vez actuó en función de un planteo de la Fiscalía de Estado que pedía la habilitación del paso por considerar que las tierras eran "fiscales", como lo son prácticamente todas en Antofagasta de la Sierra.

La Fiscalía de Estado de una provincia que se autodefine como minera y presume de tener a la minería como "política de Estado" procedió en el terreno judicial sin tener en cuenta el alcance político que podía tener su planteo.

 El atropello puso el foco de las organizaciones ambientalistas en la zona y estimuló una escalada de la pelea en torno a la minería.

Con similar falta de cautela, se prometió realizar una audiencia pública por el acueducto y no se cumplió. Debido a este incumplimiento, un cacique abre un expediente judicial de desenlace incierto.

El precedente Agua Rica ilustra sobre las consecuencias que podría tener el imprudente desempeño oficial.

Jurisprudencia

En marzo de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habilitó una acción de amparo interpuesta por vecinos autoconvocados de Andalgalá en contra del informe de impacto ambiental presentado por la empresa Minera Agua Rica para el inicio de los trabajos en el yacimiento Agua Rica. El expediente llegó en queja al tribunal máximo luego de que la Corte local rechazara la pretensión de los amparistas.

El estribo para planteo, finalmente exitoso, fue que la Secretaría de Minería había aprobado el informe de impacto ambiental en forma "condicionada", una figura carente de validez jurídica.

Los supremos consideraron que, al habilitar el informe de este singular modo, la Provincia "admitió la existencia de problemas ambientales que la empresa debía solucionar antes de iniciar los trabajos para explotar la mina" y tomaron los argumentos de los autoconvocados en el sentido de que "ni la legislación nacional ni la provincial admiten que se apruebe un emprendimiento bajo la condición de que la empresa minera, en forma previa a iniciar los trabajos, subsane las objeciones y observaciones formuladas por la misma provincia".

Esto es: un error administrativo absurdo cometido por la Secretaría de Minería de la provincia que tiene a la minería como política de Estado provocó una sentencia contraria al desarrollo de un proyecto seis años después.

Adicionalmente, los supremos dedicaron un párrafo a la Corte de la provincia minera: "La decisión de la Corte  local de no  considerar los fundamentos de  la actora tendientes a demostrar que la resolución 35/09, en cuanto aprobó el Informe de  Impacto Ambiental en forma condicionada, era manifiestamente ilegal y  arbitraria y que, en  consecuencia, el  amparo resultaba ser la vía idónea para cuestionar este aspecto de  la pretensión y evitar así un  daño inminente al medio ambiente, no constituye un  acto jurisdiccional válido con arreglo a  la  doctrina de  esta Corte en materia de  arbitrariedad de  sentencias, por lo que corresponde su descalificación".

Experiencia desaprovechada

Ha de tenerse en cuenta que, para cuando la Secretaría de Minería le aprobó el informe de impacto ambiental anulado por la Suprema Corte a Agua Rica, Bajo La Alumbrera llevaba ya 12 años de actividad. Se ve que la bandereada "política de Estado" no incluía entre sus componentes la formación de funcionarios para que no incurrieran en errores tan elementales.

También el conflicto por el litio se desencadenó y creció en Antofagasta al abrigo de decisiones tan amateurs como la de pedir el desalojo de una familia para habilitar un camino o abstenerse de hacer una audiencia pública en un departamento de 1.500 pobladores, con un agravante: la experiencia en minería de Catamarca supera ya las dos décadas.

Suma y sigue: según PUCARA, Minería aprobó el informe de impacto ambiental del acueducto Los Patos de modo "condicionado" Esto es: la misma figura que la Suprema Corte descalificó en caso de Agua Rica.

Es como para pensar si el problema principal para el despliegue de la actividad es la falta de consenso o la impericia para procurárselo.

El Ancasti