Catamarca: Las razones del conflicto minero en la provincia que involucra a dos empresas que operan en San Juan

Yamana Gold y Glencore encararon en proyecto MARA en la localidad de Andalgalá. Pero manifestantes sitiaron el campamento y enfrentaron a la Policía. El caso llegó hasta medios nacionales.

 

Por Fernando Ortiz

Hace poco menos de una semana, el 3 de mayo, hubo enfrentamientos entre manifestantes y la Policía de Catamarca por una puja de larga data que tiene a la minería como eje. Ocurrió en la localidad de Andalgalá, ubicada a 248 kilómetros de la capital de la provincia norteña. Precisamente en el pueblo de Choya. La protesta tenía como objeto impedir el paso de camiones, maquinaria y combustible para el proyecto minero de exploración del proyecto MARA.

MARA es el proyecto integrado Minera Agua Rica Alumbrera, es decir, une el yacimiento Agua Rica con la infraestructura de Alumbrera que extrajo minerales desde 1997 hasta 2019. Su idea es extraer cobre, molibdeno, oro y plata, y ser el yacimiento más grande del país, tres veces mayor que su predecesor Alumbrera. Posee reservas minerales probadas y probables de 11.800 millones de libras de cobre y 7,4 millones de onzas de oro contenidas en 1.100 millones de toneladas.

El paquete accionario del emprendimiento está repartido entre tres empresas. Es operada por la compañía canadiense Yamana Gold, con una participación del 56,25%, la suiza Glencore Xstrata, 25%, y la estadounidense Newmont, 18,75%. Las primeras dos operan en San Juan. Yamana explota Gualcamayo, en Jáchal. Mientras que Glencore, hace lo propio con Pachón, en Calingasta.

El conflicto minero en Catamarca tiene dos razones principales. La primera es política. El gobernador Raúl Jalil es peronista del Frente de Todos. Impulsor de la actividad minera. De hecho, hace unos días, dijo al diario local El Ancasti: "No podemos cambiar la matriz energética distinta que mejore el medio ambiente sin minería responsable. La electromovilidad necesita del litio, el cobre y otros minerales”. Destacó que “no todos los proyectos de minería son iguales. Nosotros somos muy responsables y estamos desarrollando la actividad minera. Cada día tenemos más inversión minera y esas inversiones generan nuevos puestos de trabajo”.

“En Catamarca hay licencia social para la megaminería. Cada proyecto que hacemos se discute con la sociedad en audiencias públicas”, puntualizó el mandatario catamarqueño.

Del otro lado, está el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, de Juntos por el Cambio, y posición antiminera. Hace exactamente un mes, intimó a la empresa MARA al cese de tareas por una denuncia vecinal sobre "aguas con mayor sedimentación". Luego de 15 días, la mina empezó a operar nuevamente hasta el día de los enfrentamientos. Un grupo de obreros bajó de la montaña para el recambio de rigor, pero se topó con los manifestantes, que sitiaron el lugar y no los dejaron circular. Los protagonistas de la protesta pertenecen a la asociación civil antiminera El Algarrobo. Ante esto, llegó la Policía provincial para garantizar la circulación. Ahí se produjo la confrontación.

Bajo el título “Grupo anti minero emboscó un móvil policial”, desde el Ministerio de Seguridad catamarqueño emitieron un comunicado en el que responsabilizaron al "grupo de antimineros” por “bloquear la ruta para impedir el paso de la Policía de la provincia y mediante emboscada comenzaron a agredir a los vehículos y a los uniformados con palos y piedras, dejando 5 policías heridos y dañando las unidades móviles”.

El caso tomó estado nacional. El periodista de Radio Mitre, Marcelo Bonelli, dijo que hubo "cien empleados aislados sin víveres, porque un grupo, alentado por el intendente de Andalgalá, bloqueó camino de montaña y espacio público”. También reveló que la Asociación de Obreros Mineros de Argentina (AOMA) “pidió apoyo para abastecer a sus compañeros y que puedan bajar de la mina”.

“La respuesta fue la violencia de este grupo antiminero contra la Policía de Andalgalá”, expresó el conductor, que agregó que “lo increíble de la situación es que está alentada por el intendente de Juntos por el Cambio, Eduardo Córdoba”.

La segunda razón del hecho lamentable, que tiene la génesis en la enemistad entre Jalil y Córdoba, tiene una arista legal. Andalgalá fue la primera ciudad de Catamarca en prohibir la megaminería. En septiembre de 2016, mediante una ordenanza municipal, votada por unanimidad, se prohibió la actividad en ese distrito histórico para la minería nacional. Pero eso no quedó ahí, el 24 de diciembre del 2020, la Corte provincial falló a favor de la empresa minera y dejó sin efecto la ordenanza. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero aún no tiene resolución.

El conflicto no está cerca de cesar. Ante los hechos de violencia registrados en la ciudad de Andalgalá entre grupos ambientalistas y las fuerzas de seguridad que pusieron nuevamente sobre el tapete la conflictividad de esa comunidad ante la actividad minera, los diputados nacionales Rubén Manzi y Francisco Monti, de Juntos Por el Cambio, elaboraron una propuesta para tratar de establecer un diálogo entre sectores. La idea es generar una auditoría externa, exenta de intereses económicos o políticos que realice un estudio científico cuyos métodos y resultados sean incontrastables para determinar con precisión cuáles son los riesgos -si es que existen- ambientales para continuar o desestimar el proyecto MARA.

“Nunca hubo un diálogo profundo y maduro para zanjar ese conflicto. Los distintos gobiernos no pudieron o no supieron gestionarlo”, consideró Manzi, quien advirtió que, como consecuencia de esa falencia “la política minera de Catamarca es endeble; la gente no tiene la suficiente confianza en las garantías ambientales ni en la transparencia económica”.

No obstante, desde el Frente de Todos son refractarios porque consideran que todo se debe a la enemistad del gobernador y el intendente. El senador oficialista por Andalgalá, Horacio Gutiérrez, comentó en la última sesión legislativa que “es inconcebible que con todas las herramientas existentes para dar curso a los reclamos estemos viviendo estos hechos de violencia”, y deslizó que “duele ver las maniobras políticas de la oposición para desestabilizar la paz social que tanto pregona con palabras, pero que en los hechos incitan a violentar a la familia andalgalenses”.

Quien todavía no se pronunció al respecto es la secretaría de Minería de la Nación, la catamarqueña Fernanda Ávila. Lo único que expresó en favor de la actividad fue con una nota publicada en Infobae. "Hemos trabajado mucho para lanzar la primera Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC), un espacio de diálogo abierto para trabajar en la construcción de confianza mediante un debate genuino y respetuoso que nos permita avanzar en una visión compartida sobre el desarrollo minero en el país. Herramientas como ésta y el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM), nos permiten cumplir con la demanda ciudadana de mayor claridad y transparencia en la información. Es nuestra misión acompañar e incentivar el desarrollo de la industria con mayores y mejores controles, y con una mayor participación por parte de la sociedad", escribió.

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