En entregas de la semana pasada, con lujo de detalles, abordamos la situación judicial que rodea al megaproyecto minero Agua Rica.
Destacamos las posiciones de las partes en conflicto. Por un lado, los vecinos autoconvocados que exigen con razón garantías ambientales, criterio idéntico al de las actuales autoridades municipales y del Concejo Deliberante. Por el otro, el parecer de las empresas, que son las mismas que, sin problemas, efectivizaron la explotación del Bajo la Alumbrera: la suiza Glencore y la canadiense Yamana. A la par de ellas, el gobierno de la provincia, gran impulsor del proyecto en acuerdo tácito con la Casa Rosada. Ya hubo expedición del juez andalgalense, doctor Rodolfo Cecenarro, y para esta segunda parte del año se esperan los pronunciamientos de la Cámara de Apelación y de la Corte de Justicia, en lo que atañe respectivamente al amparo de los ambientalistas y a una Ordenanza municipal que prohíbe la explotación y tiene, según opiniones autorizadas, evidentes flaquezas constitucionales.
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Independiente de las actuaciones judiciales, aclaramos que desde lo político se avanza en la factibilidad del proyecto, al que se considera imprescindible para garantizar el equilibrio económico de la provincia y combatir la desocupación expuesta que dejó el cierre de Alumbrera en las regiones mineras, a lo que se sumó la crisis que soporta el sector olivarero, que también ofrecía soluciones laborales para una amplia franja del departamento Pomán y de la misma Andalgalá. Así las cosas, todo parece conducir a que la minería siga siendo política de Estado, algo que sostuvo con énfasis en una reciente reunión de profesionales el precandidato a gobernador del Frente de Todos, Raúl Jalil, que no casualmente se refirió a la desocupación que campea por el Oeste catamarqueño. Aunque no somos exégetas de nadie, no creemos que la opinión del otro postulante con posibilidades reales, Roberto Gómez, difiera demasiado en la medida que se asegure la no contaminación del ambiente. Pero sería bueno que en la campaña todos se expidan sobre un tema que es vital para Catamarca y, aunque se pretenda colocarle escollos, está en marcha.
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En referencia a las opiniones en campaña sobre la minería, la única que fijó posición en contrario a Agua Rica fue la precandidata a intendente de Andalgalá, la concejal Ivanna Flores, que busca reemplazar a su esposo, Alejandro Páez. Esté último, primer aspirante a diputado provincial por el frente "Juntos por el Cambio", mantuvo durante sus dos mandatos posición antiminería inalterable, aunque nunca se privó de cobrar las regalías y defenderlas a "capa y espada" para solventar distintos proyectos, entre otros los de asistencialismo que tantos réditos arrojan en materia electoral. Por parte del peronismo, el empresario Miguel Morales es uno de los postulantes a la intendencia y, al revés de Ivanna, entiende que sin minería sustentable no puede avanzarse en ningún proyecto productivo para la jurisdicción. Por lo pronto, son solamente opiniones, pero tienen que ver con la elección que se avecina. Por este motivo, muchas miradas se posarán sobre Andalgalá, donde dentro de 19 días se definirán los candidatos. Aparte de las expresiones menores (Consenso Federal, GEM y la Izquierda), atraen las primarias. Por el oficialismo, la antiminera explícita Ivanna Flores competirá contra José "El Mono" Cativa y Eduardo Córdoba. En el peronismo, Morales deberá vérsela con Miguel Gutiérrez y el concejal Sebastián Almada.
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Ahora que ha finalizado el plazo para mostrar obras públicas en el tiempo preelectoral, hay varias grageas para destacar. La gobernadora Corpacci, en sus incansables recorridas por la Capital y el interior de la provincia, ha cortado cintas con ritmo sostenido y selló la impronta que la distinguió en sus ocho años de mandataria. Lo hizo a par de los precandidatos principales: Raúl Jalil (a gobernador), Rubén Dusso (a vice) y Gustavo Saadi (a intendente de la Capital). En este sentido, sacó ventajas de corte proselitista a una oposición que, por tener un rol distinto, no puede mostrar este tipo de logros. Más grave todavía: no tiene discurso para ponderar eventuales acciones del gobierno de Mauricio Macri. Simple y sencillamente porque no hay obras genuinas del gobierno nacional, a no ser el libramiento de partidas para completar contratos que, en tiempos de Cristina, firmó con la provincia el kirchnerismo, como por ejemplo la remodelación y ampliación del Hospital de Niños "Eva Perón", la ruta Andalgalá-Belén o parte de las viviendas. Frente a esta realidad, radicales y peronistas, observan como el macrismo se preocupó por los grandes centros urbanos (Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, etc) en detrimento del resto de las provincias, lo que representa un cachetazo resonante al federalismo del que tanto se habla.
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En línea con la descripción anterior se inscribe un informe reciente del Consejo Vial Federal, que tiene como presidente al ingeniero catamarqueño Hugo Naranjo, a su vez titular de Vialidad provincial. Con datos precisos sobre lo que se hizo o se dejó de hacer, señala que hubo un recorte presupuestario impresionante que determina, lamentablemente, que no haya dinero ni para la conservación ni el mantenimiento de las rutas nacionales, lo que se da de bruces con la publicidad sobre la gestión de Vialidad Nacional. Como en el resto de las obras, esas acciones serán de otra parte, pero no de Catamarca y provincias de tamaño parecido. Naranjo comentó que, en la asamblea del Consejo Vial, se llegó a la conclusión que este estado de abandono del gobierno nacional no se daba desde 2001, en la cumbre de aquella crisis que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa. Las excepciones de la actualidad serían Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, gobernadas por aliados del macrismo (María Eugenia Vidal, Juan Schiaretti y Alfredo Cornejo). Por último, se añade que la falta de mantenimiento de los tramos nacionales deriva en problemas para las rutas provinciales, para lo que se puso como ejemplo el corte de la quebrada de La Cébila, que ya lleva meses y por el que se preocupa únicamente la provincia. El problema colateral, indicó Naranjo, es que se está perjudicando a gran parte de la red vial riojana. Obvio: se duplicó el tráfico.
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En un reciente reportaje de El Esquiú se le preguntó a la diputada y candidata a la reelección, Juana Fernández ("Juntos por el Cambio"), sobre la reforma de la Constitución Provincial y la negativa del radicalismo a declarar su necesidad. Si bien la estimó como necesaria, indicó que no se le podía regalar al peronismo que la propicia un "traje a medida". Cierto es que la impulsora de la medida fue la gobernadora Corpacci, pero nos vamos a permitir discrepar con Fernández porque, en realidad, la reforma de la Constitución beneficiaría a un mejor ordenamiento institucional, en definitiva a la gente, y al propio radicalismo que le toca integrar desde sus años juveniles. Recordemos, en un contexto general, que prácticamente nadie quiere reelecciones indefinidas (Corpacci acaba de dar un buen ejemplo renunciando a la propia), menos que no haya certeza electoral, tampoco que no se consideren los cambios ambientales y los avances tecnológicos que han convertido al texto actual en una pieza de museo. De igual manera, se hace necesario legislar sobre la carrera administrativa para que salgan directores de carrera y no todos sean elegidos por la política o que, tratándose de una provincia teóricamente minera, se actualicen los dictados sobre la materia. Si estos temas, con figuras prestigiosas como tiene el radicalismo, son planteados con solvencia, no habrá caprichos o mayorías que valgan, porque los defenderá la gente y también los medios de comunicación que, como el nuestro, alientan la reforma.
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Otra de las objeciones que a menudo escuchamos sobre la reforma de la Constitución es que, con anticipación, a la UCR no la invitaron formalmente a debatir. Se trata de una falsedad. ¿Cómo se va a constituir un consejo consultivo que existió e integró a la totalidad de las instituciones de Catamarca (incluida la propia Universidad) antes de remitir el anteproyecto a la Legislatura y no se va a invitar al principal partido político de oposición? Los que argumentan de esta manera, deberían recordar que fue el senador Oscar Castillo quien cerró la posibilidad de participación formal de la UCR cuando dijo "los integrantes de la comisión consultiva no pueden reformar ni los estatutos del club Villa Cubas". Aparte de agredir a una institución, fue un despropósito total y desprecio a figuras de su propio partido, como Pernasetti, Ricardo Herrera, Ricardo Guzmán, Francisco Monti y tantos otros que están largamente capacitados para dar un gran debate sobre la Constitución.
El Esquiú
