Catamarca: Los Apuntes del Secretario y las regalías mineras en Andalgalá

La nueva ley de regalías mineras, refrendada la semana pasada por la Cámara de Senadores, exhumó las eternas contradicciones en la que caen permanentemente los representantes políticos del departamento Andalgalá, centro neurálgico de la actividad extractiva. El intendente Eduardo Córdoba volvió a mostrarse crítico con el instrumento legal y predijo que "la nueva ley aleja a la provincia de la licencia social", un sonsonete que se repitió con asiduidad en los último

La nueva ley de regalías mineras, refrendada la semana pasada por la Cámara de Senadores, exhumó las eternas contradicciones en la que caen permanentemente los representantes políticos del departamento Andalgalá, centro neurálgico de la actividad extractiva.

El intendente Eduardo Córdoba volvió a mostrarse crítico con el instrumento legal y predijo que "la nueva ley aleja a la provincia de la licencia social", un sonsonete que se repitió con asiduidad en los últimos años y que sintetiza un eufemismo para señalar que la plata que dejó la minería se escabulló en gastos corrientes, cuando no en filtraciones de escasa transparencia. Al respecto, en varias instancias, este secretario señaló con nombre y apellido a los causantes que el dinero desapareciera como por arte de magia y, de esa manera, el trillado progreso del departamento quedara en aguas de borraja. Los tres últimos intendentes ?José Felicia, José Eduardo Perea y Alejandro Páez- se encargaron durante más de dos décadas de dilapidar esos fondos y cargan sobre sus espaldas responsabilidades judiciales que, por ejemplo, en el caso de Perea, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no fueron resueltas. Ni hablar de las responsabilidades políticas, quizá más graves que las administrativas, toda vez que destruyeron las ilusiones del pueblo andalgalense. Si hubieran actuado como tantas veces prometieron y de cara a la ciudadanía, otra sería la situación. No tendrían que andar repitiendo, como gastada excusa, el verso de la licencia social.

La revelación de Córdoba, frente a los hechos consumados, fue grito de impotencia. No podrá disponer de las regalías como si lo hicieron sus antecesores, especialmente su correligionario y amigo Alejandro Páez, de quien fue uno de sus secretarios. Más allá de la preocupación del intendente, llama la atención que, desde su posición pública de antiminero y enemigo del proyecto Agua Rica, llore como "magdalena" la pérdida del manejo directo de las regalías. La falta de coherencia y convicciones, con razón, se las hizo notar el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, al que se sumó el concejal Sebastián Almada, quien le recordó que durante la campaña mostró absoluto desprecio por el negocio minero y ahora clama por regalías de libre disponibilidad. Independiente de estas posiciones, hay que decir que la nueva ley cambia radicalmente la administración de fondos que, por provenir de recursos no renovables, deben emplearse con elevado criterio. El gobernador, en esa dirección, destacó al momento de derogar la ley anterior que "el reparto de los fondos mineros fue un fracaso y ahora deben ir a obras importantes".

Las nuevas medidas en materia de minería, por otro lado, no deberían sorprender. Hace más de cuatro años ya hubo un cambio sustantivo sobre el uso de las regalías. Los intendentes debían enviar sus proyectos de obra y, una vez aprobados, se liberaban los fondos desde un fideicomiso. Quien conoce bien el tema es el exintendente y actual diputado Alejandro Páez. Llegó a hacer una presentación judicial que no prosperó para que los dineros fueron "administrados" directamente por los municipios. A propósito de Páez: en una de las últimas sesiones de la Cámara, sin ponerse colorado, indicó que en Andalgalá no existe una Ordenanza que prohíba la minería. Lo desmiente este secretario. Si existe una que, precisamente, a cambio de prebendas administrativas, hizo votar por unanimidad para prohibir cualquier proyecto que pueda desarrollarse en la cuenca del Río Andalgalá. "Casualmente" el lugar donde se levanta la joya minera de estos tiempos: Agua Rica.

La decisión del gobierno nacional de intervenir y pujar por una ley de expropiación de la cerealera Vicentin, que fue el tema de la semana, permitió a los catamarqueños conocer que una empresa que actúa en nuestro territorio, Glencore, es una de las principales accionistas del emporio santafesino que controla la comercialización y exportación de granos, aparte de actividades conexas como la producción de aceite o vino. La multinacional suiza es nada menos y nada más que la controlante de Minera Alumbrera, la empresa que explotó desde 1997 "el Bajo" andalgalense (hoy en proceso de cierre de mina) del mismo nombre y que, además, tiene un porcentaje importante en Agua Rica, el proyecto que comenzaría a explotarse en 2025 de la mano de la canadiense Yamana. Las dos empresas, cabe recordarlo, tuvieron una relación excelente con el gobierno de Macri, al punto que el expresidente quitara retenciones a la minería.

La causa que, por supuestas coimas, se sigue contra el fiscal federal Santos Reynoso tiene final abierto. Virtualmente señalado por Rafael Vehils Ruiz ?fiscal federal de Cámara- de haber mantenido oscuras tratativas con traficantes de droga que están detenidos en el penal de Miraflores, espera el veredicto del juez federal Miguel Contreras, quien está completando una serie de testimoniales que tienen como principal ariete al tucumano Gustavo Morales, el mediático abogado que habló de aquella desmesura de narco-Estado y que no era otra cosa que una sórdida componenda entre algunos policías y narcos de poca monta. La posibilidad de un procesamiento para Reynoso, por ahora, parece una posibilidad distante, lo cual representaría una derrota estruendosa de Vehils Ruiz. Dentro del mismo juzgado federal, asimismo, podría haber novedades en los próximos tiempos sobre un tema anexo. Como no existe peligro de fuga ni que puedan entorpecer la causa, hasta la apertura del juicio en su contra, se podría disponer la libertad de los exjefes policiales que permanecen detenidos desde el verano. Esto es, Carlos Kunz y Norberto "Rulo" Valdez.

Si bien no fue un estrépito político, ni cosa que se parezca, la elección de los representantes de los jueces para el Consejo de la Magistratura provocó algunos malestares en los territorios oficialistas. Como se sabe, fueron nominados el camarista Raúl Da Prá y la jueza Graciela Filippín, quienes dieron cuenta de la dupla Carlos Moreno-Pablo Sosa Guzmán por cifras apretadísimas: 123 votos a 116. La crítica de algún sector pasa por haber descuidado una contienda en la que los perdedores, supuestamente, tienen mayor afinidad con el gobierno y los cargos que estaban en juego no son indiferentes a la política. En el Consejo de la Magistratura, como es de conocimiento público, se definen la designación de jueces o la conducta que puedan observar aquellos que están en funciones.

En enero del presente año, el cierre de la firma mayorista Emilio Luque fue un verdadero escándalo y dejó un tendal de desocupados que se sumaron a los miles que ya existían en Catamarca. Los argumentos para bajar las persianas pasaron por la pérdida de rentabilidad o mentirillas parecidas que, a flor de labios, siempre tienen los grandes empresarios. De hecho, cuando nos enteramos de los giros en dólares al exterior, no podemos pensar otra cosa. Emilio Luque, un supermercadista poderoso que disponía de 21 locales en el noroeste argentino y hacía base en Tucumán, figura en la lista de los primeros 100 fugadores de dólares ?adquiridos para atesoramiento en el Mercado Único de Cambios- que dio a conocer el periodista Horacio Verbitsky en su portal "El Cohete a la Luna". De acuerdo a esa información, que hasta ahora no ha sido desmentida, la firma fugó nada menos que 17.802.944 de dólares, lo que equivale a casi 2.000 millones de pesos. También se añade en el informe que la AFIP le trabó embargos por impuestos impagos de sus trabajadores con los cuales habría adquirido los ingenios azucareros de Concepción (el segundo más grande del país) y Marapa, más el molino harinero San Salvador. Con estos números, no creemos que la sucursal de nuestra provincia haya sido deficitaria como se proclamó en su momento.

El Esquiú.com