Catamarca: Los Apuntes del Secretario y la contundencia del fallo que habilita la minería

La Ordenanza que prohibía la explotación de la minería en la cuenca del Río Andalgalá sigue que dando que hablar y las promesas que habrá recurso extraordinario por parte de la Municipalidad del lugar

 

Como lo explicamos en su momento, los jueces -con la excepción de José Ricardo Cáceres- señalaron que el Concejo Deliberante, como cualquier otro de la provincia, no tenía facultades para legislar sobre los recursos naturales que, tal cual lo estableció taxativamente la reforma constitucional de 1994, pertenecen a las provincias y no a los municipios. Bajo La Alumbrera, Agua Rica o Farallón Negro no son propiedad de Andalgalá o Belén, sino de la Provincia de Catamarca. Esa situación llevaría a la administración de Eduardo Córdoba a desistir de un planteo que conduce a la nada mismo. La Corte Provincial, que falló recientemente, podría rechazar la casación y la presentación en queja ante la Suprema Corte de la Nación es un albur. Podría suceder que ni siquiera lo trate. En este marco, lo que no dejarán de crecer serán los honorarios, los cuales deberán ser abonados por el municipio, o sea por todos los ciudadanos de Andalgalá, sean estos mineros o antimineros.

El diputado Víctor Luna, integrante del trío “damos la vida por Oscar” (lo completan Lobo Vergara y Marita Colombo), volvió esta semana a esgrimir planteos que, más que favorecer al radicalismo, se vuelven en su contra. Salir a defender la trasnochada Ordenanza “anti Agua Rica” lo llevó a contradecir opiniones a favor de la minería que supo expresar en tiempos que el Frente Cívico negociaba la puesta en marcha del yacimiento Bajo la Alumbrera. Todas aquellas promesas, como se sabe, quedaron para la anécdota. No hubo proveedores catamarqueños que crecieran patrimonialmente, no hubo ferrocarril para Andalgalá y, lo que es peor, al negocio, lo terminó dirigiendo el presidente Menem y no el gobierno de Arnoldo Castillo. La semana pasada, agregó a sus dislates una opinión sobre Francisco Gordillo y la intendencia de la villa de Pomán. Con buen respaldo informativo pidió que el Estado informe sobre el destino de unos 15 millones de pesos que habría manejado la intendenta interina, Alba Morales, en tiempos que su jefe ejercía como ministro de Educación. Hasta allí todo bien. Como miembro de la oposición tiene derecho a exigir rendiciones de cuenta de toda índole. Donde la pifió fue en llamar a Gordillo el “intendente eterno”, lo que demuestra que la palabra autocrítica no figura en su diccionario de actuación pública. Si bien es cierto que el alcalde pomanense ejerce el cargo desde 1999, Luna le gana en antigüedad en lo que atañe a vivir del presupuesto provincial. Está efectivamente en la política desde 1997, cuando resultó electo senador por el departamento La Paz. Se mantuvo en esa posición hasta 2013 (cuatro mandatos) y, como para no ser menos que su jefe, pasó a la Cámara baja donde completará otros ocho años el 10 de diciembre de 2021. Y puede seguir. ¿Por qué no una sexta reelección para tan prestigioso pensador y defensor de los principios liminares de la UCR?

El Esquiú